Tras el cuestionable fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el que deja vigente la derogación de la Ley de Tierras, la Confederación General del Trabajo (CGT) manifestó su enérgico repudio a la decisión del máximo tribunal del país al advertir que “la tierra argentina no es una mercancía”.
La central obrera, integrada por los triunviros Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, expresó mediante un comunicado en redes sociales que el dictamen impacta "en contra de la soberanía y la voluntad popular" de los ciudadanos.
Además, manifestó que sus miembros repudian “el fallo de la Corte Suprema que deja vigente la derogación de la Ley de Tierras y vuelve a abrir la puerta a la extranjerización de nuestro territorio”.
Posteriormente, recalcó que “la tierra argentina no es una mercancía: es patrimonio de nuestro pueblo y parte inseparable de un proyecto de Nación con producción, trabajo y soberanía".
Durante el debate del proyecto de "Inviolabilidad de la Propiedad Privada" en el Congreso de la Nación, la entidad gremial manifestó su oposición a la flexibilización y la eliminación de los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros, y alertó que la medida "atentaba contra la soberanía nacional".
En ese momento, varios dirigentes sindicales cuestionaron el modelo planteado y le exigieron al Gobierno Nacional garantías de producción y empleo, al mismo tiempo en que la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) aseguró que eliminar los topes vigentes del 15% "generaría concentración de tierras, monopolios y encarecimiento de terrenos"; la CGT se sumó a las movilizaciones que este gremio y otros organizaron frente al Parlamento.
En el momento en el que, finalmente, las movilizaciones en contra y la falta de apoyo legislativo, hicieron que el Gobierno Nacional retirara el capítulo sobre extranjerización, la central obrera celebró la decisión y destacó la movilización popular.
"Exigimos a la Cámara de Diputados que rechace el DNU 70/2023 porque la soberanía no se negocia", concluyó.
¿Qué dictaminó la corte?
La eliminación de la norma, dispuesta por el Poder Ejecutivo mediante el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 (“es menester derogar la Ley N° 26.737 que limita el derecho de propiedad sobre la tierra rural y las inversiones en el sector", según el DNU) dejó sin efecto las restricciones a la posesión, propiedad o tenencia de tierras rurales por parte de ciudadanos y empresas extranjeras.
La normativa que estaba vigente permitía que personas extranjeras, particulares o Estados, posean hasta un 15% de las tierras rurales del territorio nacional. Hoy, el dictamen elimina ese tope y deja en manos de cada provincia la posibilidad de autorizar, regular o prohibir esas operaciones.
La modificación también suprime el máximo de 1000 hectáreas en la zona núcleo productivo, una restricción orientada a evitar grandes concentraciones territoriales en una de las áreas agrícolas más relevantes del país. Las limitaciones específicas para la adquisición de campos por Estados extranjeros también desaparecerían.