La Agremiación Tucumana de Empleados Judiciales (ATEJ) realizó una dura acusación contra el Ministerio Pupilar y de la Defensa de Tucumán porque abrió un sumario y un traslado compulsivo sobre el tesorero del gremio local, al tiempo que denunció la filtración del expediente a la prensa, violando así el secreto de sumario.
En ese marco, el gremio adherido a la Federación Judicial Argentina (FJA) señaló este presunto caso de persecución sindical y advirtió sobre “la arbitraria resolución administrativa firmada por el titular del área, doctor Washington Héctor Navarro, mediante la cual se dispuso la apertura de un sumario administrativo contra Rubén Fernando Vilariño y su traslado compulsivo desde la Defensoría Oficial Penal de la XI° Nominación (Capital) hacia la Oficina de Atención Primaria Jurídica en la localidad de Trancas”.
Inconsistencias
Vilariño reviste el cargo de Tesorero de la comisión directiva de ATEJ, condición que cuenta con la debida Certificación de Autoridades emitida por la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales (DNAS) e informada oportunamente a las autoridades patronales.
Por ende, la organización consideró que “la apertura sumarial y el traslado sin haber iniciado el correspondiente procedimiento de desafuero o exclusión de la tutela sindical —exigido por el artículo 52 de la Ley N° 23.551 y el artículo 14 bis de la Constitución Nacional— constituyen una práctica desleal signada por la nulidad absoluta e insubsanable”.
El apoyo de la FJA
Asimismo, agregó que, “a la persecución se le suma un hecho de extrema gravedad institucional: la filtración ilegal del expediente reservado al medio digital local, maniobra orientada al desprestigio público y al linchamiento mediático del dirigente”.
La FJA, por su parte, remarcó la gravedad de la situación y ratificó que “sigue de cerca los acontecimientos en la provincia, otorgando todo el respaldo político, legal e institucional a la dirigencia de ATEJ y a sus representados”.
“Hemos hecho los intentos para que nos reciban las autoridades, sin embargo no obtuvimos respuesta. No respetan la institución gremial,a pesar de haber presentado la certificación de autoridades”, afirmó el secretario general de ATEJ Roberto Oliva. “Agradecemos el acompañamiento de todxs lxs judiciales del país y de la FJA”, finalizó el dirigente.
Todo esto ocurre cuando en la zona norte del país no puede escapar de los numerosos conflictos salariales que ya forman parte de la cotidianidad del mismo, como, por ejemplo, la disputa que lleva a cabo la Agremiación Judicial de Salta (AJS) , que resolvió por unanimidad realizar un paro de 48 horas los días 25 y 26 de agosto, luego de que la propuesta de incremento en los sueldos, presentada por la Corte de Justicia, sea considerada “insuficiente”.
El máximo tribunal ofreció algo realmente insólito: un aumento del 0,5% mensual durante cuatro meses, hasta completar un 2%.
De esta forma, el sindicato judicial decidió la medida, lo que profundizó aún más la puja que se inició en mayo y que incluyó diferentes instancias de lucha como movilizaciones en los edificios judiciales de toda la provincia y aplausazos.