A casi un año de iniciarse el conflicto donde la empresa de la industria láctea despidió a 29 trabajadores que realizaron una huelga en reclamos de sus derechos, el Juzgado Nacional de primera instancia del Trabajo Número 69, a cargo del juez Ignacio Ramonet, ordenó el embargo por el monto de $ 5.044.000 contra Lácteos Vital.
La medida judicial se debe al incumplimiento del fallo anterior emitido por el juez el pasado 9 de mayo donde ordenaba a la empresa la inmediata reincorporación de todo el personal despedido, en el marco de una huelga iniciada el 18 de julio de 2022. En dicha resolución, Ramonet impuso a la patronal el pago de sanción económica, estimada en unos 10.000 pesos por día por cada trabajador por los que incumpla, es decir, es decir, $290.000.
La dueña de Lácteos Vidal, Alejandra Bada Vázquez, nunca acató las resoluciones judiciales, sino todo lo contrario las cuestionó y apeló, aunque el funcionario judicial rechazó su pedido. En tanto, la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA), el sindicato representativo del sector en general y de esta empresa en particular, festejó la medida.
A su vez, Bada Vázquez apuntó con el juez al rechazar la medida: “Insiste en violar mi derecho de propiedad privada. No me autorizó la sustitución del embargo. No respetan la libre contratación, me quiere obligar a reinstalar gente que ya despedí”.
Según se conoció, la empresaria titular de Lácteos Vidal que se encuentra ubicada en el pueblo de Moctezuma, partido de Carlos Casares (provincia de Buenos Aires), ofreció un camión con acoplado para abonar su deuda.
Recorrido del conflicto
El 18 de julio de 2022, los trabajadores lecheros de la empresa nucleados en ATILRA llevaron adelante una huelga en reclamo de la recategorización con un plan de lucha que incluyó acampar frente a la planta de la empresa durante varios días, y eso generó un ataque judicial contra ellos. El Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), liderado por la abogada macrista Florencia Arietto, comenzó a apoyar a la empresaria y judicializar el conflicto.
Mientras que del otro lado hubo una reacción inmediata y contundente: ATILRA desplegó una red de solidaridad para sostener la pelea, y con respaldo de otras organizaciones dio la batalla gremial y simbólica en el pueblo. En septiembre, la empresaria comenzó a enviar los telegramas de despidos, envalentonada con la mediatización del conflicto y de referentes macristas.
En febrero de este año, Juzgado N° 3 de Garantías de Trenque Lauquen le dio la razón a los trabajadores y confirmó que no existieron daños a la propiedad, ni amenazas de ningún tipo, ni usurpación alguna tal como denunciaba la empresa.
Luego, en mayo, se conoció el fallo del Juzgado Nacional de 1º Instancia del Trabajo Nº 69 donde ordenó la inmediata reincorporación; y a las pocas semanas se conoció que el juez Ramonet había rechazado la apelación de la empresa y dejó firme su sentencia.
Al respecto, los trabajadores de Lácteos Vidal manifestaron: “Hemos sido por años sistemáticamente violentados y ultrajados en nuestra dignidad como trabajadores, pero también como personas”.
“Estuvieron todos fogoneando en los grandes medios de comunicación para que la familia Bada Vázquez se victimice y diga un montón de mentiras”, recordó Heber Ríos, secretario Gremial de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA) y titular de la seccional de General Rodríguez.