Mientras se espera que el Gobierno envíe la nueva versión de la Ley Ómnibus que podría incluir un nuevo capítulo laboral, el bloque de la UCR del Senado presentó un proyecto propio de reforma laboral que tiene varias coincidencias con la iniciativa libertaria. Allí contempla la creación de un fondo de cese para reemplazar las indemnizaciones, reducción de multas y un período de prueba de 6 meses; tres puntos que incluía el DNU de Javier Milei que quedó suspendido por la Justicia.
El bloque de la UCR en el Senado lo presentó a través de su jefe, Eduardo Vischi. Junto a otros legisladores que también responden a gobernadores, el dirigente presentó un proyecto de reforma laboral propio, que nuclea otras propuestas que la bancada ya había presentado sobre el tema.
Los aspectos del proyecto de reforma laboral de la UCR
- Reemplazar sistema de indemnizaciones por despido para uno en donde el empleador pague un seguro mensual del 12% durante el primer año y luego del 8%. El fondo sería administrado por ANSES.
- Reducir multas para empleadores, pero profundizar tareas de fiscalización de la AFIP para exigir la obligatoriedad del pago de los aportes de seguridad social.
- Extender a seis meses el período de prueba de los empleados para equiparar la legislación argentina con la brasileña y “ganar competitividad en esa materia”.
Los tres proyectos de reforma laboral que presentó el PRO
El primer proyecto propone una ampliación del período de prueba de tres a ocho meses. Además, contempla la posibilidad de que, en caso de que se extienda la relación laboral, el empleador tendrá una reducción de cargas sociales vinculadas al componente de seguridad social.
En cuanto a la segunda iniciativa, aseguran que tiene por objetivo “simplificar la registración laboral estableciendo un proceso electrónico simple y rápido para su realización”. Al mismo tiempo, elimina las multas en caso de que el trabajador no se encuentre registrado y, en paralelo, habilita un mecanismo de denuncia electrónica ante casos de no registración.
El objetivo final del proyecto reducir la informalidad laboral que golpea al sector trabajador en la Argentina, de la mano de una reducción del costo laboral para los empleadores.
Por último, desde el PRO aseguran que la tercera iniciativa “solicita establecer que el ejercicio del derecho de huelga no puede afectar el normal desarrollo de las actividades de una sociedad”. Es así que, al igual que el DNU de Javier Milei, busca limitar el derecho al paro -amparado actualmente por la Constitución-, ampliando el núcleo de sectores a considerar como “esenciales”, que incluiría a seguridad, transporte, salud y educación, entre otros.
“En lo que respecta a la prestación de servicios mínimos, en el caso de los servicios esenciales, en ningún caso se podrá negociar o permitir que las acciones o pasividades desarrolladas por los gremios y/o sindicatos afecten la prestación normal del servicio de que se tratare; garantizando una cobertura no menor al noventa por ciento (90%) de aquella”, señala el proyecto.
Asimismo, busca ampliar los rubros determinados como “servicios básicos” que deberían garantizar un 75% de guardias mínimas.
El diputado Ritondo consideró que es “urgente” un cambio en la legislación laboral “si queremos que dar empleo en Argentina no sea una condena para nuestras Pymes y empresas, sino la manera que estas tienen para generar más riqueza y desarrollo para nuestra Nación”.
Al mismo tiempo, recordó que el empleo formal registrado no crece desde el año 2011, a pesar de la caída en las tasas de desempleo registradas en los últimos años. “Las medidas adoptadas hasta el momento no han podido revertir el problema de la informalidad”, explicó.