En el marco de la estrategia judicial para frenar la intervención del gremio, la conducción nacional de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) presentó recursos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para intentar dejar sin efecto la medida ordenada por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, una iniciativa que puso en cuestión la continuidad de Abel Furlán al frente de una de las organizaciones industriales más importantes del país. La ofensiva judicial incluye además una presentación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires y un recurso extraordinario federal contra el fallo de la Sala VIII, que anuló el proceso electoral realizado en la seccional Campana y derivó posteriormente en la intervención de la estructura nacional del gremio.
Desde la conducción metalúrgica sostienen que las resoluciones judiciales afectan principios fundamentales como el debido proceso, el derecho de defensa y la autonomía sindical, reconocidos tanto por la legislación argentina como por convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Los recursos presentados por la UOM cuestionan distintos aspectos del proceso que desembocó en la intervención. Entre los principales planteos figura la actuación de los magistrados que intervinieron en el expediente y el tratamiento dado a distintas recusaciones formuladas durante el desarrollo de la causa. La organización busca que los tribunales superiores revisen las decisiones adoptadas y determinen si existieron irregularidades que afectaron las garantías procesales del gremio.
Obra social en la mira
Paralelamente, la conducción intenta limitar el alcance de la intervención sobre la Obra Social de la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina (OSUOMRA). Según argumentan desde el sindicato, la entidad posee autoridades propias, mecanismos de control específico y una estructura jurídica independiente, por lo que consideran que no debería quedar alcanzada por las facultades otorgadas al interventor Alberto Biglieri.
Mientras la oposición celebra las decisiones judiciales que cuestionaron los comicios de Campana, desde distintos sectores de la UOM rechazan las acusaciones sobre un supuesto fraude electoral y sostienen que detrás de la judicialización existe una disputa por el control político del sindicato.
Dirigentes cercanos a la conducción nacional afirman que la elección contó con una amplia participación de afiliados y destacan que la lista encabezada por el oficialismo obtuvo una victoria contundente. También señalan que, más allá de los cuestionamientos planteados durante el proceso, hasta el momento no se acreditó judicialmente la existencia de adulteración de votos ni manipulación de resultados. En ese marco, el oficialismo de la UOM sostiene que la oposición optó por trasladar la disputa al terreno judicial luego de no lograr imponerse electoralmente. Incluso aseguran que, si fuera necesario repetir los comicios, volverían a presentarse para ratificar en las urnas el respaldo que aseguran tener entre los trabajadores.
Argumento político
La defensa de Furlán también se apoya en un argumento político: consideran que la intervención busca debilitar a una conducción que mantuvo una posición crítica frente a las políticas económicas del Gobierno nacional y que viene denunciando el impacto de la apertura importadora, la caída de la actividad industrial y la pérdida de puestos de trabajo en el sector metalúrgico.
La tensión se incrementó tras el desembarco del interventor en la sede nacional del sindicato acompañado de tres macristas que aspiran a controlar la organización. Ese hecho refuerza los fundamentos sobre el trasfondo político de una medida que consideran desproporcionada y orientada a modificar el equilibrio interno de la organización.