La vía judicial del conflicto universitario sigue dejando nuevos capítulos, en un entramado complejo de fallos y reclamos. Este viernes, el juez Martín Cormick dio lugar a la apelación del gobierno nacional contra el fallo que avaló la Ley de Financiamiento Universitario, aunque sostuvo el cumplimiento de la cautelar que obliga al Ejecutivo a cumplir con la normativa. El titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 concedió el pedido de las autoridades, y ahora será la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal la que definirá si se confirma o revoca la resolución de primera instancia.
Sin embargo, en el fallo Cormick decidió que “se dará continuidad al trámite de ejecución de cumplimiento de la cautelar vigente”, la cual ordenó al Gobierno a otorgar partidas a las universidades para su funcionamiento, recomponer el salario de docentes y no docentes y actualizar las becas estudiantiles.
El Ministerio de Capital Humano, había rechazado la decisión del juez por considerar que genera “agravios concretos y de significativa gravedad institucional” y compromete el orden fiscal. Entre los puntos cuestionados, el Gobierno dijo que cumplir con la ley “proyecta efectos presupuestarios de gran magnitud y compromete el equilibrio de las cuentas públicas”, ya que no se identificó una “fuente de financiamiento específica y suficiente”.
Argumentos
Desde la cartera comandada por Sandra Pettovello cuestionaron la improcedencia del amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional y la Universidad de Buenos Aires (UBA), dado que no es una “vía idónea para resolver en forma definitiva una controversia que requiere determinar hechos, montos, fuentes de financiamiento y alcances normativos controvertidos”.
De acuerdo con el escrito, las autoridades consideran que la Ley de Financiamiento Universitario se financiará “mediante reasignaciones” de presupuesto, que alcanzaría al 90,30 por ciento “de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado Nacional”. En esa línea, remarcaron que la Ley 24.629 debe ser interpretada “armónicamente” junto con las leyes 24.156 y 27.798 que establecen normas para autorizar y ejecutar el gasto público.
Plan de lucha
En tanto, los gremios universitarios ratificaron la Quinta Marcha Federal Universitaria del 15 de octubre tras el fallo de la Justicia que ordenó al Gobierno nacional aplicar de inmediato la Ley de Financiamiento Universitario. La movilización había sido convocada antes de la resolución y los sindicatos continuarán con el plan de lucha ante la falta de respuestas sobre salarios, becas y presupuesto para las universidades nacionales y en respuesta al gobierno que volvió a apelar la decisión judicial.
Pese al respaldo judicial, los sindicatos decidieron mantener la movilización porque consideran que todavía no existe certeza sobre la aplicación efectiva de la norma. El titular de FEDUN, Daniel Ricci, sostuvo que la Quinta Marcha Federal Universitaria “se hace” y explicó que la decisión responde a la falta de señales del Gobierno respecto del cumplimiento del fallo. Claro, es que el gobierno decidió volver a apelar el fallo judicial.
En la misma línea, desde el sector nodocente, la Federación del Trabajador de Universidades (FATUN) remarcaron que continuarán con el plan de lucha y con paros escalonados en distintas universidades para fortalecer el reclamo de recomposición salarial y presupuestaria. Es que el gobierno canceló un 21,3 por ciento de lo que adeuda a los docentes y nodocentes, pero resta un 33,4 por ciento sobre salarios, y un 20 por ciento de fondos para presupuesto y becas.