El Sindicato Gran Buenos Aires de Obras Sanitarias (SGBATOS) lanzó una campaña para rechazar la posibilidad de privatizar Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA), que era parte de la lista de empresas que el gobierno quiere pasar a manos privados, en el marco de la Ley Ómnibus, cuyo tratamiento se cayó en el Congreso por la falta de acuerdos. La idea es que a partir de esta iniciativa, se informe a la población sobre “los peligros de vender nuevamente la empresa”.
El secretario general de la organización gremial, José Luis Lingeri, remarcó que, “esta receta neoliberal en la que se entregan empresas estratégicas para la sociedad a manos privadas ya la hemos vivido en el pasado, y fracasaron”, y agregó que “el agua no se negocia”, sostuvo el dirigente.
Lingeri remarcó que “se ha demostrado que tener la empresa privatizada no fue más eficiente; muy por el contrario, no invirtieron lo que debían en infraestructura incumpliendo con los contratos establecidos, dejando a gran parte de la población sin estos servicios esenciales”, afirmó.
Números a favor
El dirigente gremial enfatizó en que “ahora que está de moda mirar números, creo que estas cifras hablan por sí solas” y remarcó que las empresas de servicios públicos no pueden ser evaluadas dentro de las variables de ajuste del Estado. En ese sentido, remarcó que “para que una empresa de estas características, que brinda estos servicios esenciales que son declarados derechos humanos, no sea un ‘gasto’, tiene que estar acompañada por una gestión de modo sostenible, con políticas de Estado y cuadros tarifarios adecuados”, sostuvo el titular de SGBATOS.
Lingeri agregó que, desde el gremio, hay disposición “a trabajar para que la empresa tenga equilibrio financiero, perfeccionando mecanismos y métodos tanto técnicos como administrativos”, para lograr mayor eficiencia en AySA. Desde SGBATOS advirtieron que, “este esfuerzo por proteger la gestión estatal del agua enfrenta un desafío inmediato en el ámbito legislativo que pone en riesgo años de progreso en términos de acceso equitativo al agua”.
Finalmente, el gremio destacó que la campaña de difusión, “hace un llamado subrayando que el acceso al agua potable no puede ser un lujo o un privilegio para aquellos que puedan pagarlo, sino un derecho humano esencial, especialmente crucial en términos de salud pública” y que “el Estado debe garantizar su acceso a todos y todas”, sostiene la posición gremial.
Impacto en el conurbano
AySA, que tiene su área de acción en la Ciudad de Buenos Aires y en 26 municipios del conurbano bonaerense, presta servicios a más de 11.678.455 habitantes (que representan poco más que el 25 por ciento de la población del país) y fue re-estatizada en el año 2006, luego de su privatización en la década del 90’.
A su vez, desde su re-estatización, la empresa consiguió llevar el servicio de agua potable a 3.819.455 personas y 3.761.237 habitantes fueron incorporados al servicio de cloacas, lo que casi triplica el número conseguido en el período de la empresa en manos privadas (1.853.000 y 1.012.000, respectivamente).