La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) adelantó que mañana -o el martes a más tardar- se publicará la reglamentación de una parte del DNU 70/23 que habilitaría la libre elección de una obra social o prepaga por parte de los trabajadores, al quedar sin efecto determinadas resoluciones que no lo permitían.
El Secretario de Acción Social de la CGT y titular del gremio sanitario (SGBATOS), José Luis Lingeri, analizó ese cambió que se viene en las obras sociales.
“La desregulación de las obras sociales ya está desde la década de los ’90, en el Gobierno de Menem y Cavallo; lo de la libre elección excluye que el trabajador tenga que permanecer un año en su obra social de origen y ahora lo puede hacer sin cumplir con ese período en la nueva actividad a la que ingrese”, comenzó la explicación de Lingeri.
Y amplió: “Por otra parte, se incorpora la medicina prepaga en forma voluntaria. Para eso, el trabajador se deberá inscribir en el registro de obras sociales de la Superintendencia de Servicios de Salud y tendrá que aportar el 20% al Fondo Solidario de Redistribución (FSR)”.
Asimismo, el dirigente señaló que supuestamente (todavía no conoce el texto final de la reglamentación) se eliminará la triangulación que se hacía entre las obras sociales y las prepagas.
Los problemas que seguirá teniendo el sector
“Este fue un tema largamente pedido por la CGT. Ahora el trabajador podrá hacer directamente el aporte a la prepaga en caso de que opte por esta, y una vez echa la opción deberá permanecer un año en la misma. Lo que no está resuelto en estos cambios son los medicamentos de alto precio, los monotributistas -que debería ser de carácter obligatorio y no voluntario para el grupo familiar-, y los jubilados que opten por la obra social de la actividad. En ese caso el PAMI debería transferir la parte que les retiene por estos beneficios”, remarcó el titular del SGBATOS.
El tema excluyente sigue siendo el de discapacidad “que se lleva el 90 % del Fondo Solidario de Redistribución”. Cabe aclarar que la medicina prepaga atiende a 6.000.000 de personas (incluyendo a los que triangulan con las obras sociales).
Propuesta de Lingeri
Lingieri propuso un “replanteo del Programa Medico Obligatorio” que defina reglas claras de cobertura y acceso a los servicios, si no, argumentó “la judicialización de la salud seguirá siendo distorsiva tanto para el financiamiento del sistema como para los resultados sanitarios”.
Por último remarcó que “si el Gobierno cree que el problema de salud se soluciona dejando que esos 6 millones opten por un prepago, no han dimensionado el estado actual de los temas que mencioné anteriormente: monotributo, jubilados, discapacidad y medicamentos de alto costo; ya que somos 46 milones de argentinos, y el problema de la salud no se soluciona permitiendo que esos 6 millones que pueden pagar un prepago no tengan que ir obligatoriamente a una obra social”.