Ante los intentos del gobierno de aprobar una ley que habilita una mayor participación de embarcaciones extranjeras en el transporte marítimo de cabotaje argentino, los gremios del sector iniciaron un plan de lucha para resistir la medida. Esta semana, le Federación Sindical Marítima y Fluvial (FESIMAF) se declaró “en estado de alerta y movilización”, como parte de la pelea que iniciaron, que cuenta con aval de la CGT. En este contexto, Mariano Vilar, titular del Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina (SICONARA), dijo que este proyecto “sin duda busca terminar con la marina mercante”. El dirigente apuntó a los gobernadores, que están promoviendo el proyecto que ya se encuentra en el Senado.
Vilar estuvo en la señal América24 expresando el rechazo que genera la propuesta que está en el Senado actualmente. “Tenemos que entender que el cabotaje es la navegación entre puertos argentinos”, explicó el dirigente. De más de 100 países que tiene este tipo de transporte “unos 90 restringen la navegación de buques extranjeros, incluyendo Estados Unidos”. Pero el proyecto pretende autorizar que “buques extranjeros, con tripulación extranjera, hagan el trabajo de trasporte de cabotaje”.
Según Vilar, el proyecto se originó a partir de gobernadores del norte del país, que argumentan que tienen mercadería que sacar de sus provincias, y lo quieren hacer a través de embarcaciones paraguayas. “Esto va en detrimento de la soberanía nacional”, agregó Vilar, que estuvo hace unos días en el Parlamento del Norte Grande ratificando el rechazo de los gremios y los trabajadores de la marina mercante a esta propuesta. “Escuchamos a funcionarios de Corrientes decir que por un puñado de trabajadores no podemos dejar de generar miles de puestos de empleo”, se quejó el referente del SICONARA. En este punto, apuntó que el gobernador de Corrientes “tiene una empresa arenera”, y el proyecto de ley incluye al sector en la desregulación.
Nivelar la cancha
El argumento usado por gobernadores y el gobierno nacional es que las embarcaciones nacionales “son muy caras”, y que la nueva ley baja los gastos de logística. Al respecto, Vilar remarcó que los gremios marítimos “venimos impulsando cambios de reglamentación para que se ‘nivele la cancha’ en la materia”. “Si nosotros tenemos un barco, le podemos poner bandera argentina o paraguaya. Si elegimos la primera pagamos 35 por ciento de Impuesto a las Ganancias, si le ponemos la segunda, apenas 10 por ciento”, ejemplificó el dirigente.
“Nos quieren llevar a una guerra entre trabajadores, entre argentinos y paraguayos, cuando lo que debemos hacer es convencer a Economía que ponga reglamentaciones impositivas competitivas con respecto a las que tiene Paraguay, dijo Vilar. Por eso los gremios vienen reclamando que no salga esta propuesta, y que se llame a una mesa de negociación. El dirigente de SICONARA también rechazó el argumento que la falta de buques argentinos está obligando a transportar carga en camiones. “Nada impide que haya embarcaciones extranjeras, cuando no haya lo que se llama ‘bodega argentina’, la ley actual ya establece estas excepciones”, concluyó Vilar.
Polémica propuesta
El expediente 1844-S-2026, presentado por la senadora Carolina Moisés junto con legisladores de distintas provincias, contiene 15 artículos y modifica el régimen de cabotaje, marina mercante y admisión temporaria. Su objetivo declarado es ampliar la oferta de transporte por agua y reducir los costos que enfrentan las producciones alejadas de los principales centros de consumo y exportación. El proyecto habilita el comercio de cabotaje mediante buques de bandera argentina, embarcaciones con tratamiento de bandera nacional y unidades extranjeras.
La apertura contempla reservas para determinadas actividades. La pesca permanece vinculada a buques argentinos o con tratamiento equivalente, junto con el transporte de combustibles, el remolque de maniobra, las lanchas de amarre, la navegación deportiva y las lanchas de prácticos. El texto incorpora además restricciones para embarcaciones extranjeras vinculadas con empresas relacionadas con actividades hidrocarburíferas desarrolladas en la plataforma continental argentina sin autorización nacional. Las condiciones laborales de las tripulaciones extranjeras quedarían regidas por la legislación correspondiente al Estado de bandera de cada buque, con el Convenio sobre el Trabajo Marítimo de 2006 de la Organización Internacional del Trabajo como estándar mínimo.