Como ya anticipó el presidente Javier Milei en declaraciones, cuando dijo que la motosierra “seguirá encendida” todo su mandato, este fin de semana se conoció un nuevo plan para reducir el número de estatales nacionales, que se sumarán a los más de 72 mil puestos de trabajo eliminados. Ahora, el gobierno nacional prepara una nueva etapa de su programa de reducción de personal en el Estado. El Ejecutivo tiene en elaboración final un decreto para habilitar un régimen de retiros voluntarios destinado a empleados civiles de planta permanente de la administración pública centralizada y de organismos desconcentrados, con la expectativa de comenzar las inscripciones durante noviembre.
La medida ampliaría una herramienta que ya fue utilizada durante 2026 en organismos como la ANSES, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Administración de Parques Nacionales. Esta vez, sin embargo, el alcance sería mayor y formaría parte de la política de revisión de estructuras y dotaciones impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.
El nuevo esquema llega después de casi tres años de disminución sostenida del empleo estatal. Entre noviembre de 2023 y agosto de 2026, la dotación del sector público nacional pasó de 343.357 a 269.025 trabajadores: 74.332 personas menos, una reducción acumulada del 21,6 por ciento. El dato adquiere otra dimensión cuando se observa el recorrido de la planta estatal. De las 74.332 bajas acumuladas, 51.218 correspondieron a la Administración Pública Nacional, que pasó de 233.098 a 181.880 trabajadores. Las empresas y sociedades estatales, en tanto, redujeron su dotación en otras 23.114 personas.
Detalles del programa
El diseño que prepara el Ejecutivo alcanzaría a tres grandes grupos. Por un lado, empleados que ya tienen edad y aportes para jubilarse; por otro, trabajadores en edad jubilatoria que todavía necesitan completar años de contribuciones; y finalmente agentes más jóvenes que decidan dejar la administración. Las compensaciones variarían de acuerdo con cada situación. La expectativa oficial es superar las mil adhesiones una vez abierto el registro. El programa no abarcaría, en principio, a los organismos descentralizados, pero sí a los desconcentrados que dependen de la administración central.
El mecanismo que ahora busca ampliarse ya tiene antecedentes concretos. La ANSES puso en marcha este año una segunda etapa de su Plan de Retiros de Voluntad Recíproca para trabajadores de planta permanente. El organismo acaba de extender hasta el 9 de octubre el plazo para adherir al programa. La modalidad contempla distintas condiciones según edad y situación previsional y mantiene restricciones para determinados casos. La aceptación tampoco es automática: la presentación del trabajador queda sujeta a evaluación y aprobación del organismo.
Bajas y resistencia
Ante esto, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó el esquema que prepara el Ejecutivo. Su secretario general, Rodolfo Aguiar, sostuvo que el gremio considera los retiros como una vía para continuar reduciendo la planta pública y anticipó que recomendará a sus afiliados no adherir si el régimen se instrumenta de manera general.
El sindicato tampoco descartó medidas de fuerza. La discusión se suma a conflictos abiertos en distintas dependencias. En el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, por ejemplo, ATE reclamó recientemente la reincorporación de 15 trabajadores despedidos y cuestionó la discusión de un programa de retiros voluntarios dentro del organismo. El gobierno, por su parte, sostiene que la disminución de personal forma parte de una reorganización destinada a reducir estructuras y gasto público. Esa política ya modificó el tamaño de ministerios, organismos y empresas estatales y ahora se encamina hacia un nuevo capítulo: un régimen más amplio de salidas voluntarias que, si se concreta según lo previsto, comenzará a recibir adhesiones en noviembre.