A poco más de una semana que se realice la Quinta Marcha Federal Universitaria, la justicia volvió a fallar a favor de la comunidad educativa, que reclama por la ley de financiamiento del sector. En este caso, otra vez el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 declaró inconstitucional el decreto que puso un freno a la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó al gobierno a cumplir con lo establecido en la normativa aprobada por el Congreso. La medida judicial se suman a otras que arrinconan al oficialismo, que ahora tendrá un nuevo plazo para cumplir con la ley, sino se podrían aplicar penas.
El fallo firmado por el juez Martín Cormick dio lugar al amparo colectivo promovido por el Consejo Interuniversitario Nacional y la Universidad de Buenos Aires (UBA), dejando sin efecto el Decreto 759/2025. De esta forma, ordenó al Poder Ejecutivo el “cumplimiento inmediato de la Ley de financiamiento universitario con el dictado de las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias a tal fin”, según el escrito que fue difundido por varios medios.
El gobierno había intentado frenar el cumplimiento de la ley primero con su veto. Luego de que el Congreso lo rechazó y sostuvo la normativa, emitieron un decreto en el que dispuso que el financiamiento a las universidades solo podía ejecutarse “una vez que se determine las fuentes específicas para su financiamiento y se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto general”.
Amparo
Tanto el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) como la UBA y otras universidades presentaron un amparo colectivo para que se cumpla con los puntos claves de la ley, entre ellos otorgar partidas a las casas de estudios para su funcionamiento y recomponer el salario de docentes y no docentes. El juez consideró en el fallo que el decreto del gobierno “no supera un test mínimo de razonabilidad, en tanto permite suspender e inaplicar, amparado en la aplicación de un artículo de una ley anterior, la aplicación de una ley en donde el Congreso insistió con las mayorías agravadas requeridas”.
Además, apuntó que ante la imposibilidad legal de emitir un nuevo veto, el decreto “ha funcionado como un mecanismo extraconstitucional” que, según su mirada, configuró “una figura de instancia de veto no prevista en la Constitución Nacional”. Cormick también remarcó que “el control judicial de decisiones con impacto presupuestario, lejos de ser una intromisión extraordinaria, es una de las consecuencias propias de la justiciabilidad del Estado”.
Costo fiscal
Por otro lado, el magistrado puso en duda el costo fiscal de la ley. Mencionó que en 2024 y 2025 no había Ley de Presupuesto y se prorrogaron las partidas aprobadas del 2023, y señaló que según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto durante el año 2025 representaba aproximadamente el 0,23 por ciento del PBI nominal proyectado.
Ante esto, la medida determina la “plena vigencia de la Ley 27.795”, según el Frente Sindical de Universidades Nacionales. “Se desarmó la trampa legal que pretendía usar la Ley 24.629 para congelar las partidas presupuestarias”, apuntaron desde los gremios. Es que el fallo ratifica que el equilibrio fiscal no puede lograrse pasando por encima de la Constitución, la autonomía universitaria y los salarios de docentes e investigadores por lo que se debe dar prioridad al pago de haberes y al presupuesto universitario. “Este triunfo judicial es fruto de la lucha en las calles, en las aulas y en las plazas de toda la comunidad universitaria”, apuntaron desde la gremial de docentes de la UBA (FEDUBA). “Exigimos la reglamentación urgente de la ley y la actualización de nuestras partidas salariales”, reclamaron.