La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) cuestionó con dureza el DNU 941/25, mediante el cual el Gobierno nacional modificó la Ley de Inteligencia y amplió las atribuciones de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). Desde el gremio advirtieron que la norma implica un grave retroceso institucional y configura un escenario de estado de excepción en la Argentina.
“Este decreto nos pone frente a un estado de excepción ya que se están restringiendo garantías y limitando derechos constitucionales fundamentales. Estamos frente a un nuevo ataque a los derechos humanos”, afirmó el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar.
“No es compatible con el sistema democrático”
El dirigente sindical sostuvo que la medida impulsada por el Ejecutivo no se ajusta a los principios democráticos y profundiza una lógica de Estado represivo. En ese sentido, alertó sobre las nuevas facultades otorgadas a los organismos de inteligencia.
“Este DNU no es compatible con el sistema democrático. No podemos tolerar que se cree una Policía secreta habilitada a espiar, perseguir y detener personas sin orden judicial. Esto es propio de los regímenes autoritarios”, remarcó Aguiar, quien además repudió que la SIDE sea transformada en una fuerza parapolicial.
Reclamo al Congreso y posible acción judicial
Frente a este escenario, el secretario general de ATE adelantó que el sindicato exigirá una rápida intervención del Congreso Nacional para frenar la medida.
“Desde ATE exigimos que el Congreso rechace este decreto que lesiona gravemente la democracia y que se restablezcan todos los derechos. Además, no descartamos avanzar con una presentación judicial”, señaló.
El gremio estatal también reclamará a todos los bloques parlamentarios que se pronuncien en contra del DNU y trabajen para dejarlo sin efecto de manera inmediata.
Facultades cuestionadas
Entre los puntos más polémicos del decreto, ATE destacó la habilitación a los agentes de inteligencia para detener personas sin necesidad de una autorización judicial previa, una atribución que el sindicato considera abiertamente inconstitucional.
“Bajo el discurso de modernizar y ordenar el Sistema de Inteligencia Nacional, el Gobierno esconde su verdadera finalidad: espiar, perseguir y hasta detener de manera ilegal a cualquier persona”, concluyó Aguiar.