El avance de la economía digital modificó profundamente la manera en que los argentinos compran, venden, pagan y trabajan. Sin embargo, detrás de esa transformación tecnológica también creció la dependencia de comerciantes y trabajadores respecto de un puñado de empresas privadas que concentran buena parte de las operaciones.
Frente a este escenario, el abogado laboralista Daniel Ghirlado propuso abrir una discusión que, según consideró, resulta cada vez más necesaria: la creación de plataformas públicas capaces de competir con Mercado Libre, Mercado Pago, Rappi y otras compañías de la economía digital.
“Creo que en Argentina tenemos que empezar a discutir la creación de plataformas públicas que compitan con Mercado Libre, Mercado Pago, Rappi y otras empresas de la economía digital”, sostuvo Ghirlado, quien consideró que se trata de servicios que “se volvieron prácticamente indispensables para comerciantes, consumidores y trabajadores”.
Para el abogado, esa dependencia tiene un costo económico creciente. “También implica transferir una parte cada vez mayor de los ingresos hacia intereses privados que controlan esas plataformas”, advirtió.
Ghirlado utilizó como ejemplo el funcionamiento de Mercado Libre y las comisiones que deben afrontar los pequeños comerciantes. Según detalló, actualmente un vendedor puede pagar, dependiendo de la categoría y la provincia, entre el 11,80% y el 17,14% del precio de una venta.
A eso se suma el costo financiero cuando se ofrecen cuotas manteniendo el precio publicado. De acuerdo con el análisis del abogado, el adicional puede llegar al 9,40% para tres cuotas, al 15,10% para seis, al 20,70% para nueve y hasta al 25,90% para doce cuotas.
“Esto significa que un pequeño comerciante que vende un producto de $100.000 y quiere ofrecerlo en 12 cuotas puede terminar destinando más del 40% del precio entre la comisión por vender y el costo de las cuotas, dependiendo de la categoría”, explicó.
El problema, señaló, no termina allí. “Después vienen impuestos, logística, costo de la mercadería y demás gastos. Buena parte de todo esto, obviamente, termina trasladándose al consumidor”, afirmó.
Un “socio obligatorio” para los pequeños comerciantes
Ghirlado también cuestionó el rol que ocupa Mercado Pago dentro de la cadena comercial. Según explicó, los comerciantes deben afrontar costos adicionales para cobrar, que varían de acuerdo con el medio de pago y el plazo de acreditación.
“Actualmente se publican costos que van desde el 0,8% más IVA para determinados pagos con QR hasta el 5,99% más IVA para ciertos cobros con tarjeta de crédito con acreditación inmediata”, detalló.
En ese sentido, sostuvo que los costos de las plataformas constituyen una carga especialmente significativa para los pequeños comercios, que además deben afrontar el resto de los gastos propios de cualquier actividad productiva.
“Una misma estructura empresarial puede intervenir en la publicación, la venta, el cobro, la financiación, la publicidad para lograr visibilidad y la logística”, remarcó.
Por eso, consideró que para muchos comerciantes la relación dejó de ser simplemente la contratación de un servicio. “Para un pequeño comerciante, Mercado Libre y Mercado Pago terminan convirtiéndose en una especie de socio obligatorio que participa de su facturación sin compartir ninguno de los riesgos propios del negocio”, cuestionó.
El abogado también puso el foco en el impacto que pueden tener las modificaciones unilaterales de las condiciones comerciales. “Muchas veces la plataforma, de manera unilateral y arbitraria, modifica esos costos, llevando a la quiebra a miles de pequeños comerciantes”, afirmó.
A esto agregó una crítica vinculada con el esquema tributario y la radicación de la empresa fuera del país. Según planteó, a través de “exenciones impositivas” y de la radicación de su domicilio en el exterior, “muy poco vuelve a la sociedad que la sustenta”.
Crédito y banca pública
Otro de los puntos señalados por Ghirlado fue el financiamiento. En este caso, planteó que el crecimiento de las plataformas también les permitió ocupar un lugar cada vez más importante en el mercado de créditos para consumidores y pequeños comerciantes.
“Mercado Pago ofrece préstamos cuyas condiciones varían según cada usuario, por lo que no corresponde hablar de una única tasa”, aclaró. Sin embargo, sostuvo que sí es necesario discutir “por qué el financiamiento de consumidores y pequeños comerciantes queda cada vez más en manos de estas empresas privadas y por qué el Estado no utiliza su banca pública para ofrecer alternativas mucho más económicas”.
Frente a esa situación, propuso desarrollar una infraestructura estatal que combine distintos servicios.
“Argentina podría desarrollar una billetera pública para pagar y cobrar con costos mínimos, una plataforma nacional de comercio electrónico con comisiones bajas y un sistema de créditos blandos articulado con Banco Nación, Banco Provincia y otros bancos públicos”, planteó.
Según explicó, incluso la información generada por las operaciones comerciales podría utilizarse para facilitar el acceso al crédito, siempre que exista autorización del comerciante y protección de sus datos.
“La propia información de las ventas, con autorización del comerciante y protección de sus datos, podría servir para evaluar automáticamente créditos destinados a comprar mercadería, maquinaria o financiar capital de trabajo”, sostuvo.
De Cuenta DNI al modelo Pix de Brasil
Para Ghirlado, la construcción de una infraestructura digital pública no es una idea imposible ni una cuestión meramente tecnológica. En ese sentido, destacó la experiencia de Cuenta DNI, desarrollada por el Banco Provincia.
“La propia información de las ventas, con autorización del comerciante y protección de sus datos, podría servir para evaluar automáticamente créditos”, explicó, al tiempo que consideró que Brasil avanzó todavía más con el sistema Pix.
“Brasil fue más lejos y a eso tenemos que apuntar”, afirmó.
El abogado destacó que Pix no es simplemente una billetera virtual, sino una infraestructura pública de pagos administrada por el Banco Central de Brasil.
“Desarrolló no una billetera, sino una infraestructura pública para todo el sistema de pagos brasileño. Eso es Pix, el sistema de pagos instantáneos administrado por el Banco Central de Brasil”, remarcó.
Según describió, el sistema comenzó a funcionar en 2020 y permite realizar transferencias y pagos durante las 24 horas. Para las personas físicas, como regla general, las operaciones son gratuitas.
Además, Ghirlado destacó un aspecto político de la experiencia brasileña: su continuidad pese al cambio de gobierno.
“La experiencia de Pix comenzó durante el gobierno de Bolsonaro y continuó desarrollándose durante el gobierno de Lula. Eso también resulta interesante: Brasil consiguió transformar una infraestructura digital pública en una política que atravesó gobiernos de distinto signo político”, señaló.
El otro frente: los trabajadores de plataformas
La propuesta de Ghirlado no se limita al comercio electrónico y los medios de pago. También apunta directamente a las condiciones laborales de quienes trabajan mediante aplicaciones.
“El problema de los trabajadores de plataformas” constituye, según su planteo, una de las dimensiones centrales de la discusión. Un repartidor de Rappi o un conductor que trabaja mediante una aplicación utiliza generalmente sus propias herramientas y asume los riesgos de la actividad, mientras que buena parte de estos trabajadores permanece fuera de derechos laborales y de la seguridad social.
“Un repartidor de Rappi o un conductor que trabaja mediante una aplicación aporta su tiempo, utiliza generalmente sus propias herramientas y asume los riesgos de la actividad. Sin embargo, buena parte de estos trabajadores permanece afuera de derechos laborales y de la seguridad social”, señaló.
En ese sentido, consideró que es necesario establecer reglas que obliguen a las empresas a garantizar derechos laborales y seguridad social.
“Deberíamos imponer un sistema normativo que las obligue a cumplir con estos derechos laborales”, sostuvo.
Ghirlado cuestionó además el argumento recurrente de las plataformas frente a una eventual regulación. “Su amenaza es siempre abandonar el país y dejar miles de trabajadores en la calle, acusando que eso les daría menos rentabilidad”, afirmó.
Por eso, propuso una alternativa que permita al Estado disputar ese mercado y, al mismo tiempo, garantizar derechos.
Una plataforma pública para trabajadores
“Para garantizarle esos derechos a los trabajadores y evitar que las actuales plataformas los tengan de rehenes, deberíamos crear una plataforma pública de las mismas características”, propuso.
El funcionamiento, según explicó, podría apoyarse en herramientas tecnológicas que ya existen.
“Esta podría establecer que cada viaje, entrega o servicio genere automáticamente aportes para jubilación, obra social y cobertura frente a accidentes de trabajo”, detalló.
Y agregó: “La tecnología permite hacerlo: si un algoritmo puede calcular en segundos cuánto cuesta un viaje, cuánto cobra la plataforma y cuánto recibe el trabajador, también puede calcular y depositar automáticamente los aportes correspondientes”.
Para el abogado, la creación de una infraestructura pública no necesariamente debería implicar la desaparición de las empresas privadas.
“Y, ojo, la existencia de estas herramientas públicas tampoco requiere eliminar las plataformas privadas. Mercado Libre, Mercado Pago, Rappi o cualquier otra empresa podrían seguir funcionando”, aclaró.
La diferencia estaría, según su planteo, en generar una competencia que permita reducir los costos y ampliar los derechos.
“Pero tendrían que competir con una alternativa donde el objetivo no sea obtener la mayor comisión posible de cada operación, sino reducir los costos de intermediación, fortaleciendo el mercado interno, dinamizando el comercio e impulsando nuestra industria nacional”, explicó.
“La discusión que tenemos pendiente”
Ghirlado ubicó finalmente la discusión dentro de un debate más amplio sobre el rol del Estado frente a las nuevas infraestructuras económicas.
“Durante décadas el Estado construyó rutas, bancos, redes eléctricas, correos y otras infraestructuras porque eran fundamentales para el desarrollo económico”, recordó.
A su entender, hoy el desafío consiste en trasladar esa lógica al terreno digital.
“Hoy una parte creciente de nuestra economía circula por infraestructuras digitales privadas: allí compramos, vendemos, pagamos, pedimos préstamos y trabajamos”, sostuvo.
Por eso, consideró que Argentina cuenta con las herramientas necesarias para desarrollar una alternativa propia.
“Argentina tiene bancos públicos, universidades, empresas tecnológicas y recursos humanos suficientes para desarrollar una alternativa propia”, afirmó.
Y cerró con una definición que resume su propuesta: “La discusión que tenemos pendiente es si vamos a seguir aceptando que unas pocas empresas privadas cobren un porcentaje cada vez que alguien compra, vende, cobra o trabaja, o si vamos a utilizar las posibilidades que ofrece la tecnología para bajar costos, financiar a las pymes y extender derechos a los trabajadores de la economía digital”.