Por el “riesgo la continuidad” de muchas de sus obras sociales, la CGT marchará para pedir financiamiento

La mesa chica de la central obrera decidió realizar la semana que viene una marcha a la sede de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), para reclamar los millonarios fondos que retiene el gobierno, y que ponen en duda el futuro del funcionamiento de estas entidades sanitarias.

Viernes, 20 de noviembre de 2026 09:34


Luego de una reunión de su mesa chica, la CGT decidió activar su plan de lucha. Como se había anticipado, la posibilidad de un paro se fue apagando, pese a los reclamos, pero creció la reactivación de las protestas “a la francesa”. En ese punto, se decidió poner el reclamo por las obras sociales en el centro de la cuestión. Así, la central obrera marchará la semana que viene a la sede de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), para reclamar el financiamiento de la seguridad. La marcha será la penúltima acción del año. Después vendrá un cese de actividades con asambleas en los lugares de trabajo, una modalidad nueva para una central que ya le hizo cuatro paros generales al gobierno de Javier Milei.

Según se informó, la CGT decidió movilizar el jueves 26 de noviembre a las 15 a la sede de la Superintendencia, encargada de regular la seguridad social, en Bartolomé Mitre al 400, en la Ciudad de Buenos Aires. Reclamará por la “crisis de financiamiento de las obras sociales sindicales”, que según la central dan cobertura a 17 millones de personas. Lo resolvió este jueves la mesa chica cegetista, reunida en la sede del Sindicato del Seguro. Estuvieron los tres cotitulares, Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, junto a Héctor Daer (Sanidad), Sergio Romero (UDA), Sergio Sasia (Unión Ferroviaria) y Guillermo Moser (Luz y Fuerza).

El número que más preocupa a los gremios es este: según fuentes sindicales, alrededor del 90 por ciento del Fondo Solidario de Redistribución (FSR) se destina hoy a prestaciones por discapacidad. El FSR se arma con aportes de trabajadores y empleadores y debería reintegrarles a las obras sociales lo que gastan en tratamientos de alta complejidad y en los medicamentos más caros. Si casi todo ese dinero va a discapacidad, queda muy poco para el resto. Por eso la CGT le pidió al ministro de Salud, Mario Lugones, que los gastos de transporte y educación de las personas con discapacidad los paguen los ministerios que correspondan. Los dirigentes dicen que tuvieron tres reuniones con Lugones y que no hubo ninguna propuesta concreta.

Caída de los salarios

A este problema de financiamiento se suman dos golpes más. Por un lado, la caída del salario real redujo los aportes. Por otro, medicamentos y prestaciones médicas aumentaron por encima de esos ingresos. Según la central, varias obras sociales ya cortan prestaciones y los sindicatos ponen fondos propios para sostenerlas. “Está en riesgo la continuidad de muchas obras sociales y de las prestaciones médicas para sus afiliados. Son 17 millones de personas que pueden ver afectada su cobertura”, dijo Jerónimo en declaraciones radiales.

La pelea por la plata de las obras sociales no es nueva. En febrero, cuando el Senado le dio media sanción a la reforma laboral, el Gobierno aceptó no bajar del 6 al 5 por ciento la contribución patronal que las financia, uno de los reclamos centrales de los gremios. “Todas las medidas que toma este Gobierno van en contra de un sistema solidario que es único en el mundo”, sostuvo Jerónimo, y advirtió: “En la medida en que nuestras demandas no sean atendidas, las medidas van a ir escalando”.

Otras medidas

La próxima medida será un cese de actividades de entre dos y cuatro horas, a mediados de diciembre, en simultáneo en todo el país. La fecha y la duración final las definirá el Consejo Directivo de la CGT. El plan de lucha había quedado en pausa durante la visita del papa León XIV. En la cúpula cegetista todavía esperan una convocatoria del Gobierno al diálogo, que se reabrió en esos días.

La marcha también le sirve a la CGT para no perder la iniciativa frente a Luis Barrionuevo (UTHGRA). A comienzos de noviembre, Barrionuevo anunció junto a unos 50 gremios una acción judicial contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público.

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