A pocas semanas de que fracasara la negociación con los empresarios, las dos fracciones de la CTA una carta documento a la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, para “impugnar el nuevo valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM)” fijado por el Gobierno en apenas 391.200 pesos. En su documento exigen que se convoque de nuevo al Consejo del Salario en las próximas 48 horas y de manera presencial porque ese importe fijado "profundiza la pérdida del poder adquisitivo" de las familias.
La CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma enviaron en las últimas horas un pedido formal a Pettovello para que llame nuevamente al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, de manera presencial y no virtual, al asegurar que la anterior instancia es "nula de nulidad absoluta e insanable".
Según explicaron, el salario fijado se dio "sin respetar adecuadamente el procedimiento previsto" por ley y "sin fundamentar de manera suficiente los criterios utilizados para determinar los aumentos". En la última reunión entre las cámaras empresarias, los sindicatos y el Gobierno no hubo acuerdo, por lo que se fijó de manera unilateral que para octubre el salario mínimo sea de 391.200 pesos mensuales y 1.956 pesos por hora.
Monto establecido
Ambas centrales criticaron que "el monto establecido no contempla adecuadamente la evolución del costo de vida ni los objetivos constitucionales y legales del salario mínimo". Según los datos que expusieron, en agosto de 2026 la inflación interanual alcanzó el 33,3 por ciento, mientras que el SMVM registró un incremento interanual del 16,96 por ciento, muy por debajo de la primera cifra. "Las CTA advierten que el salario mínimo quedó por debajo de los valores de la Canasta Básica Total y sostienen que esta situación profundiza la pérdida del poder adquisitivo y el deterioro de las condiciones de vida de las y los trabajadores de menores ingresos", indicaron en un comunicado, firmado por los secretarios generales Hugo Godoy y Hugo Yasky.
Además, los gremios exigieron a las autoridades que el Consejo del Salario "no sea utilizado como una instancia meramente formal" y que sea garantizado "un proceso real y efectivo de negociación y diálogo social, en el que las partes puedan formular propuestas, discutir alternativas y procurar alcanzar un acuerdo". De no obtener respuestas, las dos CTA advirtieron que iniciarán "las acciones administrativas, judiciales y ante los organismos nacionales e internacionales que correspondan para exigir el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales vinculadas al salario mínimo".
Plan de lucha
En tanto, la semana pasada las tres centrales sindicales evaluaron las protestas realizadas desde julio y acordaron definir la próxima semana nuevas medidas. También buscan coordinar acciones con sectores de jubilados, estudiantes, empresarios y personas con discapacidad. La CGT y las dos CTA volvieron a reunirse para evaluar el desarrollo del plan de lucha iniciado el 22 de julio y analizar los próximos pasos frente a las medidas impulsadas por el gobierno de Javier Milei. Durante el encuentro, los principales dirigentes sindicales coincidieron en continuar con las acciones de protesta, aunque todavía no definieron una fecha para un nuevo paro general. La posibilidad de una quinta huelga nacional permanece dentro del escenario que analiza el sindicalismo, pero su convocatoria dependerá de las decisiones que adopten las tres centrales durante los próximos días.
La reunión se realizó en la sede de la CGT, en Azopardo 802, y contó con la participación del triunvirato integrado por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, además del titular de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, el secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, y el dirigente de CTERA Roberto Baradel. Los referentes sindicales realizaron una evaluación favorable de la primera etapa del plan de lucha. Entre las acciones mencionaron la movilización de jubilados del 22 de julio y la marcha contra el endeudamiento de familias y pequeñas empresas realizada el 20 de agosto. Según la evaluación de las centrales, esas actividades “permitieron instalar determinados reclamos y aumentar la presencia sindical en movilizaciones de distintos sectores”.