La presentación del proyecto de Presupuesto 2027 reactivó las diferencias internas en la Casa Rosada por los cambios que el Gobierno prevé implementar en el área de discapacidad. Entre otras modificaciones, y en un escenario de fuerte retroceso de los salarios y el empleo en la Argentina, el presidente Javier Milei busca eliminar la compatibilidad entre el empleo formal y la prestación por discapacidad de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
A través del artículo 37 del proyecto de Presupuesto, el Gobierno apunta a modificar la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad y endurecer las condiciones para acceder y mantener la prestación. La propuesta de la administración libertaria alcanzaría tanto a trabajadores en relación de dependencia como a cuentapropistas que actualmente cobran una pensión por discapacidad.
El cambio todavía no está vigente. El proyecto deberá atravesar el tratamiento parlamentario y sus artículos pueden ser modificados durante ese proceso.
Presupuesto 2027: discapacidad y empleo
El marco legal vigente establece que la prestación de la ANSES es compatible con un empleo registrado o con la inscripción como monotributista, siempre que los ingresos del trabajador no superen el monto equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles (SMVM).
En septiembre de 2026, el valor del SMVM fue fijado en $383.800 mensuales. Por lo tanto, el límite para mantener la pensión se ubica en $767.600 por mes.
La Ley 27.793 establece que, en caso de superar ese monto, “operará la suspensión automática de la pensión por el plazo que perdure dicha situación”. Si los ingresos vuelven a reducirse por el cese de un vínculo laboral u otra causal, el beneficiario puede solicitar la rehabilitación inmediata de su pensión.
Ahora, el Gobierno busca modificar ese esquema y establecer que cualquier trabajo registrado funcione como un impedimento para percibir la prestación. La incompatibilidad también alcanzaría a quienes estén inscriptos como monotributistas o en el régimen general.
De esta manera, una persona con discapacidad que actualmente puede acceder a un empleo formal y conservar su pensión dentro de los límites establecidos podría perder ese beneficio por el solo hecho de incorporarse al mercado laboral registrado.
La CGT cuestionó el impacto de la decisión
Los cambios impulsados por la administración de Javier Milei no solo generaron malestar entre los colectivos de familias de personas con discapacidad, sino también entre los gremios. Desde la CGT cuestionaron el impacto que tendría la modificación sobre las posibilidades de inclusión laboral y advirtieron que podría generar un incentivo contrario a la registración del empleo.
“No deja de sorprender la saña y la crueldad con la que operan desde el Gobierno, pero al mismo tiempo es lo que muestran desde el primer momento. Es una iniciativa que muestra que directamente quieren dejar a gran parte de la sociedad por fuera del sistema”, consideró Luna Villar, de la Secretaría de Igualdad de Oportunidades de la CGT.
La dirigente agregó que la modificación podría empujar a las personas hacia la informalidad. “Lo que están haciendo es tratar de empujarlos hacia la informalidad, al contrario de lo que va el mundo, que tiene que ver con reducir barreras y va en pos de la inclusión”, sostuvo.
El planteo sindical pone el foco en el posible efecto laboral de la reforma: bajo el esquema vigente, una persona puede combinar una pensión con un empleo formal dentro de un determinado límite de ingresos. La propuesta del Ejecutivo elimina esa posibilidad.
Una reforma más amplia sobre discapacidad
La incompatibilidad con el empleo no es el único cambio incluido en el proyecto. El capítulo de discapacidad del Presupuesto 2027 propone modificaciones sobre distintos aspectos del régimen vigente.
El texto enviado por el Poder Ejecutivo retoma un criterio de “invalidez laboral” para el acceso a la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral, que sería equivalente al 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio, en reemplazo del enfoque basado en derechos que contempla la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
También plantea cambios en el papel del Certificado Único de Discapacidad (CUD) para acceder a la prestación y traslada la definición de determinados requisitos desde el Congreso hacia la reglamentación del Poder Ejecutivo.
Por otro lado, propone modificaciones en materia de prestaciones y elimina el esquema de arancel único del Nomenclador de Prestaciones Básicas, con cambios en la forma de determinar y actualizar los valores correspondientes a las prestaciones.
La oposición busca sostener la emergencia
La discusión quedó además vinculada al futuro de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, cuya vigencia vence a fin de año. Durante las últimas semanas, sectores de la oposición impulsaron su prórroga, lograron emplazar a las comisiones y se encaminaban a llevar su propuesta al recinto a mediados de octubre.
La presentación del Presupuesto introdujo nuevos elementos en esa discusión. El capítulo dedicado a discapacidad generó sorpresa incluso entre dirigentes de los bloques aliados del oficialismo, que hasta ese momento negociaban alternativas para avanzar hacia una salida de la emergencia.
Las conversaciones involucraron a legisladores de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y bloques provinciales. El objetivo oficialista es alcanzar un proyecto “superador” que permita terminar con la emergencia, pero que al mismo tiempo establezca un nuevo esquema para el sector.
El oficialismo negocia cambios
Luego de las primeras críticas, los libertarios retomaron las negociaciones con los bloques aliados y aseguraron que los artículos originales del Presupuesto referidos a discapacidad podrían ser modificados.
“Lo que acordemos en el dictamen de comisión es lo que va a ir a Presupuesto”, sintetizaron desde el oficialismo.
Desde el PRO y la UCR confirmaron que el diálogo se reencauzó, aunque plantearon reparos y reclamaron conocer el texto definitivo antes de fijar una posición.
Uno de los puntos que genera discusión es el esquema de compensaciones a los prestadores previsto en la Ley de Emergencia en Discapacidad, destinado a cubrir el atraso acumulado entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024 que no habría quedado compensado por las actualizaciones posteriores.
Según trascendió en las negociaciones, el oficialismo también analiza elevar los requisitos para acceder a la pensión y modificar el sistema de actualización del nomenclador. Entre las alternativas que se discuten aparece, justamente, mantener la posibilidad de compatibilizar las pensiones con un empleo registrado.
Por eso, el texto incluido originalmente en el Presupuesto no necesariamente será el que llegue al recinto. El capítulo deberá atravesar el debate en las comisiones y puede sufrir modificaciones antes de una eventual votación.
La discusión, de todos modos, ya quedó planteada: mientras la normativa vigente permite combinar una pensión por discapacidad con un empleo formal dentro de un límite de ingresos, el proyecto presentado por el Ejecutivo propone eliminar esa compatibilidad.
Para la CGT, el cambio puede convertirse en una nueva barrera para la inclusión laboral de las personas con discapacidad y generar un incentivo contrario a la registración. El debate sobre si una persona debe poder trabajar formalmente sin perder la protección estatal quedará ahora atado al tratamiento del Presupuesto 2027 en el Congreso.