La crisis industrial sumó un nuevo capítulo en Misiones: la Justicia decretó la quiebra de Linor SRL, una de las principales fabricantes de pallets de madera de la Argentina, luego de que la compañía incumpliera el acuerdo preventivo alcanzado durante su concurso de acreedores. La decisión llegó después del cierre de su planta en Azara, en mayo de 2026, que dejó a 130 trabajadores sin empleo.
La sentencia fue dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N.º 8 de Posadas, a cargo de la jueza Adriana Beatriz Fiori. Según publicó Infobae, la resolución ordenó incautar los bienes de la firma, incluidas sus instalaciones, maquinarias y vehículos, además de bloquear sus cuentas bancarias.
También dispuso la entrega de los libros comerciales y de toda la documentación contable, impositiva y laboral a la sindicatura, con el objetivo de preservar los activos y avanzar con el proceso de liquidación.
Una deuda fiscal de casi $500 millones
Antes del cierre, Linor acumulaba una deuda fiscal cercana a los 500 millones de pesos con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Las obligaciones pendientes se arrastraban desde 2024 y habían derivado en embargos preventivos sobre las cuentas bancarias de la empresa.
La falta de liquidez comprometió la capacidad de la compañía para pagar salarios y comprar los insumos necesarios para mantener la producción. A esa situación se sumaban deudas con la distribuidora de energía eléctrica.
La firma operaba en Azara, en el departamento misionero de Apóstoles, y fabricaba pallets de madera utilizados para almacenar y transportar mercaderías de distintos sectores industriales. Su caída representa otro golpe para la actividad productiva de la provincia y para una industria que arrastra dificultades económicas.
Salarios impagos y denuncias sindicales
La crisis de Linor había quedado expuesta durante 2025, cuando se difundió un video de Juan Carlos Lorenzo, socio gerente de la empresa, durante una reunión con trabajadores que reclamaban el pago de salarios atrasados.
“Si no quieren, no laburen, cobrarán cuando esto vaya a remate”, había expresado el empresario ante los empleados, según el registro que circuló públicamente.
El Sindicato de Obreros de la Industria Maderera de Posadas denunció incumplimientos salariales, falta de pago de vacaciones y de aportes a la obra social. Durante el conflicto, los trabajadores bloquearon los accesos al establecimiento ante las denuncias por el retiro de equipos.
Agustín Báez, secretario general del gremio, había advertido que los problemas financieros de la compañía se extendían desde hacía aproximadamente dos años. Según explicó, parte del personal incluso había aceptado una reducción salarial del 20% con la expectativa de preservar los puestos de trabajo.
Sin embargo, el cierre de la planta en mayo terminó con esa posibilidad y dejó a 130 familias afectadas por la pérdida de sus ingresos laborales. Ahora, la declaración de quiebra formaliza el desenlace de una crisis que ya había paralizado la actividad y profundizado la incertidumbre sobre el futuro de los trabajadores.
La industria maderera, bajo presión
La caída de Linor se produce en un contexto complejo para la industria forestoindustrial, golpeada por la debilidad de la demanda interna, el aumento de los costos energéticos y las dificultades logísticas.
Enrique Bongers, presidente de la Asociación Maderera, Aserraderos y Afines del Alto Paraná (AMAYADAP), advirtió que la situación del sector continúa siendo delicada y que las subas de las tarifas eléctricas comprometen la continuidad de numerosos establecimientos.
En declaraciones a Social Club 977, el dirigente identificó tres factores que presionan sobre las economías regionales: los elevados costos de la energía, los problemas logísticos y la carga impositiva. Frente a ese panorama, reclamó medidas de alivio fiscal, entre ellas la suspensión temporal de la tasa forestal y la devolución de saldos de IVA, para evitar nuevos cierres de pequeñas y medianas empresas.
La quiebra de Linor expone las consecuencias de esa combinación de dificultades financieras, costos crecientes y conflictos laborales. Primero cerró la planta y 130 trabajadores perdieron sus empleos; ahora, la liquidación judicial de la compañía marca otro retroceso para la industria maderera argentina.