Luego del anuncio de la quiebra final de la cadena de farmacias Dr. Ahorro, de capitales mexicanos, sus trabajadores anunciaron una marcha contra lo que consideran fue “un vaciamiento”. La empresa llegó a la Argentina en el año 2002 con un modelo de negocios orientado a la venta de medicamentos genéricos y a bajo precio, pero desde hace un tiempo entró en crisis, adeudando salarios. Llegó a tener 40 locales en todo el país. Sin embargo, a principios de este mes cerró las últimas 33 sucursales que quedaban activas luego de que fracasara el concurso preventivo de crisis en su propósito de revertir la difícil situación que atravesaba la fue declarada en quiebra.
La jornada de de protesta será este jueves, en la puerta de la sucursal Chacarita, en avenida Corrientes 6847, CABA). Durante el fin de semana largo del 25 de mayo, al menos dos sucursales de Farmacias del Dr. Ahorro (las de Nazca y Primera Junta, respectivamente) aparecieron con carteles de alquiler. Un día después, apareció en el expediente del concurso de acreedores la solicitud de quiebra de Energía y Vida de Argentina S.A (Razón social de Farmacias del Dr. Ahorro) pedida por la propia empresa. Frente a la situación de “cierre irreversible”, los trabajadores salen a reclamar por sus derechos.
El empresario es propietario del Grupo Farmacéutico Fénix que gerencia empresas en varios puntos del planeta en particular en la Argentina y Chile. Allí, aseguran los trabajadores, la compañía produjo un vaciamiento antes de cerrar que aseguran es lo que está realizando ahora en la Argentina. Según denunciaron los trabajadores la compañía “dio inicio al vaciamiento de varios locales y que al menos dos de las sucursales ya fueron publicadas para su alquiler”.
Quiebra final
El vaciamiento que denuncian los trabajadores se produjo días antes de que el Juzgado Comercial n° 23 declarara el miércoles 27 de mayo la quiebra de la empresa en la Argentina por pedido de los mismos miembros del directorio de la empresa. El recurso, en general, está concebido para que lo vehiculicen los eventuales acreedores de una empresa que incumple sus obligaciones y no por la parte que ingresa en cesación de pagos. Se trata, precisamente, de un pedido de intervención judicial para que se un síndico quien garantice el cumplimiento de las obligaciones y deudas.
La práctica que apunta a eludir el pago de indemnizaciones y deudas y dejarlas en mano de la justicia a cambio de los activos existentes comienza a ser una modus operandi en el país. El primer antecedente fue el de la gráfica Morvillo que, luego de esa maniobra de la patronal, se encuentra ocupada hace más de un año por sus trabajadores que buscan preservar los activos que les pertenecen.
Además, reclaman el pago de la deuda salarial de abril (solo abonaron el 25 por ciento), el proporcional de mayo y deuda previsional de los trabajadores actuales, más sus respectivas indemnizaciones en caso de confirmarse la quiebra. También reclaman la devolución de sus pertenencias, que quedaron retenidas por la patronal cuando cambiaron los candados de las sucursales.
Consecuencias
La decisión judicial, “implicó la inhabilitación definitiva de la fallida y por un año de sus administradores, la traba de inhibición general de bienes, la interdicción de salida del país del presidente Xavier González Zirión, la vicepresidenta Paula Repetto Erbitti y la directora Lorena Piccolo, además de la clausura de los locales y la incautación de mercaderías, libros y bienes”.
La movilización que realizarán el jueves los trabajadores se dirigirá a la sucursal de Chacarita de la cadena y está concebida para rechazar la quiebra, reclamar el pago de salarios adeudados, el proporcional de aguinaldo, vacaciones no gozadas y las indemnizaciones para el personal activo y para los despedidos en diciembre de 2025. También reclaman la deuda previsional que mantiene la compañía y la devolución de pertenencias personales retenidas tras el cambio de candados dispuesto por la patronal. A la vez exigen que la justicia realice un control e inventario de los bienes remanentes “para evitar la fuga de capitales que puedan ser útiles a nuestras indemnizaciones”.