El secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández, advirtió al ministro de Salud, Mario Lugones, que las obras sociales sindicales atraviesan una situación que compromete su funcionamiento y reclamó una respuesta del Estado frente al deterioro del sistema de salud.
En una nota enviada este martes, Fernández, en su carácter de presidente de la Obra Social Conductores de Transporte Colectivo de Pasajeros, expuso ante el funcionario la situación de la entidad y planteó que la crisis afecta al conjunto de las obras sociales sindicales.
“Las Obras Sociales son los agentes naturales y principales actores del sistema. Sin embargo, dichas entidades se encuentran en un estado económico sumamente crítico que compromete su existencia y amenaza con un cambio radical en la cobertura de salud para más de la mitad de la población de nuestro país”, sostuvo el dirigente en la misiva.
Fernández reclamó así una “escucha activa” por parte del Gobierno y una participación política que permita atender las necesidades de los trabajadores y sus familias.
Caída de aportes y crisis del transporte
En su diagnóstico, el titular de la obra social de los colectiveros identificó tres factores centrales detrás del deterioro económico: la caída de los ingresos de los trabajadores, el aumento del costo de las prestaciones y el rol del Estado como garante del sistema de salud y su relación con los distintos actores.
Según planteó, los aportes y contribuciones de los trabajadores en relación de dependencia disminuyeron en términos reales, tanto por la evolución de las remuneraciones frente al costo de vida como por la caída en la cantidad de trabajadores aportantes.
En el caso de la obra social que conduce, Fernández vinculó directamente esa situación con la crisis del autotransporte público de pasajeros, que, según señaló, fue reconocida por las propias empresas empleadoras y denunciada ante el Estado.
El dirigente sostuvo además que la crisis económica de las empresas del sector se traduce en ceses de pago, concursos preventivos, quiebras y liquidaciones, mientras las obras sociales mantienen la obligación de brindar las prestaciones de salud aun cuando los empleadores no hayan realizado los pagos correspondientes.
La carta también cuestiona el mecanismo de financiamiento del sistema y señala que no existe una relación directa entre el ingreso de los trabajadores y los recursos que reciben las obras sociales en determinadas situaciones, lo que, a criterio de Fernández, profundiza la insuficiencia de los fondos disponibles.
Medicamentos de hasta tres millones de dólares
Otro de los puntos centrales planteados por Fernández es el fuerte incremento de los gastos prestacionales, que, según afirmó, han superado notablemente la inflación.
Como ejemplo mencionó el aumento del precio de los medicamentos y advirtió sobre tratamientos de altísimo costo que no están incluidos originalmente dentro del Programa Médico Obligatorio (PMO), pero cuya cobertura ha sido reconocida por la jurisprudencia.
En ese sentido, señaló que existen tratamientos cuyo costo puede alcanzar entre uno y tres millones de dólares, generando un impacto significativo sobre las finanzas de las entidades.
A esto sumó la incorporación de nuevas coberturas mediante leyes especiales. Fernández reconoció la importancia de esas prestaciones, pero cuestionó que la responsabilidad de cubrirlas recaiga sobre las obras sociales sin que se hayan previsto fondos específicos suficientes.
“Se deben atender principalmente con los recursos del sistema”, planteó en su presentación.
Críticas al poder de los prestadores
El secretario general de la UTA también puso el foco en la relación entre las obras sociales y los prestadores privados.
Según describió, existe una falta de control sobre los prestadores de servicios de salud, que tendrían margen para incrementar unilateralmente sus tarifas más allá de los valores originalmente estipulados.
Fernández sostuvo que la capacidad de negociación de cada obra social depende de su tamaño y que, en determinadas zonas geográficas, la falta de alternativas o competencia puede dejar a las entidades frente a un único prestador.
Esta situación, afirmó, coloca a determinados prestadores en una posición dominante y puede derivar en aumentos y situaciones abusivas.
En ese punto, reclamó una mayor intervención de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSSalud) y recordó que el organismo cuenta con facultades para regular las relaciones vinculadas con los prestadores.
Más prestaciones, pero sin recursos adicionales
La nota también advierte sobre una tensión creciente entre el alcance de las prestaciones que deben garantizar las obras sociales y los recursos disponibles para financiarlas.
Fernández señaló que el sistema tiene una cobertura definida a través del PMO, pero que en los últimos años se desarrollaron nuevas técnicas, tratamientos, estudios y medicamentos que quedan por fuera de los parámetros originalmente establecidos.
Frente a esos casos, los beneficiarios recurren a la Justicia mediante acciones de amparo y obtienen pronunciamientos que amplían las coberturas. Para el dirigente, esto genera un mayor impacto sobre los costos previstos originalmente por el sistema.
“El sistema ya no resiste más”
Fernández planteó que la crisis no queda circunscripta a las entidades administradoras, sino que termina impactando directamente sobre los trabajadores y sus familias.
Según advirtió, si las obras sociales no consiguen satisfacer las necesidades de sus beneficiarios, estos terminan recurriendo al sistema público de salud, trasladando allí una presión adicional.
El titular de la obra social de los colectiveros sostuvo que el deterioro repercute en el otorgamiento oportuno y en la calidad de las prestaciones, mientras que las organizaciones sindicales también sufren una merma en sus ingresos producto de la crisis económica.
A pesar de este escenario, Fernández destacó que las obras sociales sindicales continúan siendo elegidas por una parte importante de la población y señaló que existe una gran cantidad de personas que buscan ingresar al sistema y otras que se resisten a abandonarlo.
Por eso, cerró su presentación ante Lugones con un reclamo directo: “Dejemos de no oír, de no escuchar, o por lo menos ataquemos el problema y entre todos saquemos adelante un sistema que así no puede seguir porque ya no resiste más”.