Luego que el gobierno apelara la medida judicial que obligaba al Ministerio de Capital Humano a cumplir la Ley de Financiamiento Universitario, los gremios del sector confirmaron que mantendrán las medidas de fuerza escalonadas, que llegarán a la Quinta Marcha Federal Universitaria, el próximo 15 de octubre. Así lo definieron los integrantes del Frente Sindical de Universidades Nacionales, que integrantes docentes y nodocentes, que comenzará este miércoles un nuevo paro por 72 horas. De cumplirse la norma vigente, el gobierno debe aplicar una recomposición salarial del 33,4 por ciento.
El reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario comenzó a finales del año pasado, cuando el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó acciones de amparo debido a que el Poder Ejecutivo no ponía en práctica la norma bajo el argumento sobre falta de fondos, que aún mantiene. Esta serie de medidas se considera la antesala de lo que será la Quinta Marcha Federal Universitaria programada para el próximo jueves 15 de octubre.
A la medida de esta semana, que será escalonada y no alcanzará a todas las casas de estudio, se plegarán la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el resto de las casas de altos estudios a nivel nacional. En declaraciones periodísticas, la secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA), Laura Carboni, aseguró que, hasta el momento, "nadie del Gobierno se comunicó con ellos" y que "no tienen expectativas" de que la gestión del presidente Javier Milei cumpla con la normativa que reclaman.
Sin novedades
Ante la falta de cumplimiento de la normativa, los gremios universitarios volverán a parar: “La deuda del gobierno pone en riesgo el funcionamiento del sistema”. "La semana pasada, (el juez federal Diego Martín) Cormick, que es el que atiende la causa, intimó al Gobierno a que al 30 de septiembre, es decir, durante los cinco días siguientes de su notificación, pague de manera integral la cautelar. Lo que sabemos hasta ahora es que el Gobierno no respondió y empezó a girar el rumor de que había presentado una apelación, pero todavía, formalmente, no está presentada", manifestó la gremialista.
En la misma línea, afirmó que "no descarta que sea así", debido a que esa postura ya había sido anunciada en varios medios de comunicación; sin embargo, señaló que, en términos jurídicos, "no cabe lugar para ninguna apelación": "Si el gobierno no se atiene a lo que dice Cormick, empiezan a sumarse las multas por el no pago, salvo que tome la decisión de pagar lo que queda de la cautelar", añadió Carboni. Por el momento, los sindicatos no percibieron aumentos, más allá del 3 por ciento adicional previsto para octubre (sobre los haberes de septiembre), ni tampoco hubo un nuevo diálogo con el gobierno a través de ningún funcionario.
Apelación
El gobierno apeló la intimación judicial que le dio cinco días para cumplir de manera total con la cautelar sobre la Ley de Financiamiento Universitario y pidió que se deje sin efecto la posibilidad de aplicarle multas. “Realizamos una presentación ante la Justicia ratificando que el Poder Ejecutivo Nacional ha cumplido con la medida cautelar, acompañando la documentación que acredita dicho cumplimiento”, expresan en Nación. Agregan que, sobre esa base, el Estado solicitó que se deje sin efecto cualquier aplicación de multas.
La defensa oficial cuestiona principalmente que el magistrado no haya precisado qué parte de la cautelar considera todavía incumplida. El escrito sostiene que el Ejecutivo ya había detallado el 21 de septiembre las medidas adoptadas y que la nueva resolución no identifica qué obligación adicional debería ejecutar. La cautelar ordena aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795. El primero obliga a actualizar los salarios de docentes y no docentes universitarios, contempla negociaciones paritarias periódicas y establece un mecanismo de actualización. El segundo dispone una recomposición de los programas de becas estudiantiles.