La reforma laboral libertaria, aunque suene inverosímil, recibió su primera impugnación ante la Justicia por parte de una cámara patronal. Precisamente fue la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), que cuestionó la normativa ante el fuero laboral para demostrar su oposición a la limitación implantada sobre un aporte incluido en el convenio colectivo de la actividad que define el sostén financiero de esa organización.
De esta manera, el ideólogo de la propuesta libertaria, el ministro Federico Sturzenegger volvió a sufrir un duro revés, dado que ADIMRA manifestó su rechazo al artículo 133 de la Ley 27.802, sobre el que pidió “una acción declarativa de inconstitucionalidad” y una medida cautelar de no innovar hasta la eventual definición judicial de la cuestión de fondo.
Igualmente, cabe destacar que estos cuestionamientos también lo hace una gran parte de las gremiales empresarias como la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Confederación de la Mediana Empresa (CAME).
Según El Destape, la cámara patronal metalúrgica rechazó el ítem que establece que como tope el 0,5% de las remuneraciones de los trabajadores a “los aportes, contribuciones y cualquier otro concepto previstos en las Convenciones Colectivas de Trabajo, cualquiera sea su denominación u objeto, en beneficio directo o indirecto a cámaras, asociaciones, agrupaciones o personas jurídicas integradas parcialmente o totalmente por empleadores o cuyos órganos directivos estén integrados por representantes de los empleadores”.
La verdadera meta
No obstante, la entidad tiene como objetivo revertir el decreto reglamentario 407/26 según el cual esos aportes “sólo serán obligatorios para aquellas empresas que estén afiliadas” a una cámara.
En el caso del rubro metalúrgico, la institución mayoritaria que los nuclea, a través del convenio colectivo con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), recibe entre las empresas de la actividad el 1% del salario de cada operario.
Por eso, con un ingreso mínimo garantizado cercano al millón de pesos mensuales, y una nómina en todo el país aproximada de 220 mil trabajadores, los ingresos anuales de ADIMRA llegan a una suma que supera los 20 millones de dólares.
No obstante, con el decreto que reglamentó la ley, esa entrada de dinero se reduce a la mitad el monto a recaudar por cada salario pero, sobre todo, minimiza el universo de empresas sobre las cuales aplicar la retención sólo a las formalmente afiliadas a ADIMRA.
El citado mecanismo de financiamiento siempre resultó criticado por otras cámaras cuyos asociados alegaban verse forzados a contribuir a ADIMRA a pesar de no estar afiliados, como lo es el caso de la Asociación de Fábricas de Componentes (AFAC, los autopartistas), cuya controversia llegó a la Justicia pero con un fallo favorable, los demandantes fustigaron que en los últimos años ante las autoridades de que la entidad condenada implementa artilugios para que la contribución pareciese obligatoria.
Tampoco pudo contra los sindicatos
Fue el titular de la cartera Desregulación y Transformación del Estado que, embebido por los postulados de la Escuela Austríaca a la que adscribe Javier Milei, se puso como objetivo ir contra de los aportes compulsivos a favor de las cámaras empresarias ya desde el texto del DNU 70/23, que fijaba límites precisos.
El “coloso” también trató de arremeter contra los sindicatos, pero la Confederación General del Trabajo hizo fuerza y el ala política del Gobierno tuvo que rectificar el decreto 407 y elaborar uno nuevo, que puso a salvo a los sindicatos.