A menos de dos semanas del primer paro general contra el gobierno de Javier Milei, crece la tensión entre la Confederación General del Trabajo (CGT) y el gobierno de Javier Milei. El Ministerio de Seguridad inició un conflicto económico con la central obrera este jueves, al enviarle una carta documento donde solicita el pago de $40.500.000 por los supuestos costos del operativo de su última movilización, el 27 diciembre del 2023. La respuesta del sindicalismo no tardó en llegar.
"El Gobierno no va a condicionar al movimiento obrero organizado" se titula el comunicado de la CGT que considera que "es una nueva provocación del Poder Ejecutivo" la intimación iniciada por la cartera de seguridad. "Este es un nuevo intento del gobierno de Javier Milei de acallar toda manifestación y protesta de los trabajadores y trabajadoras organizados en expresión de sus legítimos reclamos, ante la reforma laboral más regresiva en toda la historia democrática de nuestro país", consideró la central obrera.
Asimismo, y en el marco de la decena de gremios que repudiaron la recepción de las intimaciones, apuntan en el comunicado contra "la vocación gubernamental de desconocer la libertad sindical, el derecho de huelga y de protesta ante todo intento de manifestar el rechazo y el descontento". Finalmente, subrayan que la CGT "no representa los intereses de 'una casta', sin los intereses de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país".
El envío de la multa a los manifestantes forma parte del protocolo antipiquetes anunciado por Patricia Bullrich, quien explicó que se les enviará la factura "a las organizaciones o individuos responsables" por los costos de los operativos, ya que "el Estado no va a pagar por el uso de la fuerza de seguridad". En ese marco, señaló que "las organizaciones que tengan personería o los individuos que la tengan, deberán hacerse cargo".
La CGT ratificó el paro nacional del #24
La conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) se reunió este miércoles con los representantes del Plenario de las Regionales de la central obrera, con el objetivo de analizar distintos aspectos del paro y la movilización ratificada para el próximo 24 de enero, informaron voceros gremiales.
En ese marco, la central obrera anunció que realizará junto a las organizaciones sociales de izquierda y sindicatos combativos un "plenario de lucha" para impulsar el paro. "El 20 de enero vamos juntos a un plenario de trabajadores ocupados y desocupados para impulsar el paro nacional del 24 de enero", informó a Télam el referente bonaerense del Polo Obrero (PO), Eduardo Belliboni.
La huelga nacional se hará a partir del mediodía del 24 de enero y durará 12 horas. El encuentro de la central obrera comenzará en la sede sindical de Azopardo al 800 y luego se movilizará hacia el Congreso, ya que se espera que ese día empiece el debate de la ley ómnibus en el recinto.
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo falló a favor de la CGT contra el DNU
La Cámara Nacional del Trabajo dictó el miércoles pasado una medida cautelar que suspende la aplicación del capítulo laboral del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) dictado por el Gobierno de Javier Milei. "Díctase una medida cautelar suspendiendo la aplicabilidad de lo dispuesto en el Titulo IV Trabajo del Decreto de Necesidad y Urgencia n.° 70/23 hasta tanto recaiga sentencia definitiva sobre la cuestión de fondo ventilada en estos actuados", decidieron los jueces en el marco del expediente inaugurado a partir de una presentación de la CGT.
La medida cautelar, en este marco, suspenderá todas las modificaciones en materia laboral dispuesta por el Poder Ejecutivo a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado el 21 de diciembre y aplicado efectivamente el pasado viernes, como ser:
- Período de pruebas de ocho meses.
- Licencia por embarazo: las personas gestantes tendrán prohibido trabajar “durante los cuarenta y cinco (45) días anteriores al parto y hasta cuarenta y cinco (45) días después del mismo”. Sin embargo, la persona interesada podrá optar por que se le reduzca la licencia anterior al parto, que en tal caso no podrá ser inferior a diez (10) días.
- Reducción de indemnizaciones por antigüedad o despido.
- En el marco de los servicios esenciales y de "importancia trascendental", con el cumplimiento del 75% de las actividades, los trabajadores verán obstruido su derecho a huelga.
La decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo obtuvo los votos a favor de los magistrados José Alejandro Sudera y Andrea García Vior y la oposición de la jueza Dora González. Los jueces que dieron curso a la apelación de la CGT consideraron que "no se evidenciaría objetivamente la ´necesidad´ de adoptar tan numerosas medidas y que, aunque ello pudiera -hipotéticamente- intentar justificarse en las referencias genéricas a 'un hecho demostrado', lo cierto y jurídicamente relevante es que no se avizorarían las que se alegan constituyan razones de 'urgencia' para eludir la debida intervención del Poder Legislativo en lo que hace a la legislación de fondo".