Más de 1 millón de personas trabajan hoy en plataformas de transporte de pasajeros o envío de comida en Argentina. En 2020 eran poco más de 100.000, por lo que en apenas seis años la cantidad de trabajadores vinculados a estas aplicaciones aumentó alrededor de un 900%.
El crecimiento de esta modalidad laboral se da en un contexto de fuerte precarización del mercado de trabajo que se fuertemente aceleró durante la gestión de Javier Milei: desde el inicio de su gobierno se perdieron 340.000 puestos de trabajo y cerraron más de 28.000 empresas.
En este escenario, subirse a un auto para transportar pasajeros o salir en moto o bicicleta a repartir pedidos de comida se convirtió para muchas personas en una alternativa frente a la falta de oportunidades laborales.
Sin embargo, quienes trabajan a través de estas plataformas lo hacen sin contar con los derechos y las protecciones asociados a un empleo registrado, mientras deben afrontar por su cuenta los costos necesarios para desarrollar la actividad.
¿Cuántos pedidos necesita hacer un repartidor?
A mediados del año pasado, la Fundación Encuentro, think tank vinculado al Frente Renovador de Sergio Massa, comenzó a publicar el coeficiente de Alcance de Pedido Promedio (APP), un indicador trimestral que relaciona el valor de un pedido promedio en plataformas de delivery con distintas canastas de consumo e ingresos de referencia.
El coeficiente funciona como una medida sintética del valor bruto de cada pedido. Por lo tanto, no contempla ingresos adicionales como las propinas ni descuenta los costos que deben afrontar los repartidores para trabajar, entre ellos el combustible, el mantenimiento del vehículo y la telefonía móvil.
Según los datos correspondientes a marzo, un repartidor cobró $3.165 por pedido promedio. Con ese valor, la cantidad de entregas necesarias para alcanzar distintos objetivos económicos muestra la dimensión de la precariedad de esta actividad:
- 453 pedidos para sostener un hogar tipo.
- 320 pedidos para alcanzar un ingreso promedio.
- 175 pedidos para criar a un niño.
- 250 pedidos para pagar un alquiler promedio.
- 111 pedidos para alcanzar el salario mínimo de $367.800.
- 2 pedidos para llenar un tanque de nafta de una moto.
- 13 pedidos para pagar el monotributo.
La comparación resulta especialmente significativa: mientras un trabajador necesita realizar 111 entregas para alcanzar el salario mínimo correspondiente a junio, debe hacer 453 pedidos para llegar a los $1.531.473 que, según los datos del INDEC para ese mes, se necesitan para cubrir la Canasta Básica Total (CBT).
El cálculo, además, se realiza sobre ingresos brutos. Es decir, antes de descontar los gastos que implica trabajar como repartidor, por lo que la cantidad de pedidos necesarios para alcanzar efectivamente esos ingresos puede ser todavía mayor.
La brecha entre Rappi y PedidosYa
En sintonía con lo ocurrido durante el trimestre anterior, la brecha entre las plataformas continuó ampliándose durante el primer trimestre de 2026. Esto ocurrió porque, para esta estimación, solo una de las aplicaciones modificó el valor informado para el pedido promedio.
Mientras Rappi mantuvo sin cambios el valor registrado desde octubre de 2025, PedidosYa actualizó el monto en marzo. En esa plataforma, el pedido promedio pasó de $3.659 a $3.924.
Como consecuencia de esa actualización, el valor promedio agregado de los pedidos pasó de $3.033 a $3.165. De esta manera, el incremento permitió compensar parcialmente la suba de los precios de referencia, aunque no alcanzó para revertir la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores.
La diferencia entre ambas plataformas también se refleja en la cantidad de entregas necesarias para sostener un hogar tipo. Mientras el promedio general se ubica en 453 envíos, a valores actualizados la cifra asciende a 596 pedidos para un repartidor de Rappi y se reduce a 366 en el caso de PedidosYa.
Los números exponen así una realidad cada vez más extendida en el mercado laboral argentino: para miles de trabajadores, las aplicaciones se transformaron en una fuente de ingresos de emergencia, pero con una estructura en la que los costos de la actividad recaen directamente sobre quienes trabajan y sin las garantías de un empleo formal.