Una diputada nacional vinculada a la Corriente Federal de los Trabajadores presentó esta semana un proyecto para regular las aplicaciones de entrega a domicilio. En medio de la polémica por la iniciativa que se discute en la legislatura bonaerense, María Rosa Martínez llevó el tema al recinto nacional, para que se trate una forma descontrol de estas apps, que explotaron durante la pandemia. La legisladora del Frente de Todos suma una propuesta que tiene las mismas características que la ley de delivery que fogonea el senador provincial y secretario general del gremio de Canillitas, Omar Plaini. Incluso.
“Nosotros creemos que las leyes se construyen dando batallas con los representantes de los trabajadores organizados. Este es un paso hacia una transformación más importante”, afirmó la diputada Martínez, autora de la iniciativa. En concreto, el proyecto propone la creación de un Registro Nacional, Único y Obligatorio en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (MTEySS), que comprenda al conjunto de trabajadores y trabajadoras y a las personas jurídicas empleadoras de Plataformas en Aplicaciones (APP).
Según el texto, el registro nacional Único y Obligatorio para trabajadores y trabajadoras de Plataformas en Aplicaciones (APP) tendrá por objetivo la sistematización, monitoreo y seguimiento de la información de las personas jurídicas empleadoras.
Registro
Además, establece que deben registrarse en ese registro “las actividades que comprendan a todas aquellas diligencias, transporte, entregas y/o retiro de sustancias alimenticias y/o elementos varios, hacia terceros realizadas en bicicleta rodada, motovehículo y/o automóvil”.
La norma se suma a una polémica que comenzó en la provincia de Buenos Aires. donde no sólo el arco libertario manifestó su oposición a la ley de deliverys, sino también trabajadores de las apps en conjunto con sindicatos del sector, alegando “la falta de dialogo con el sector” y la posibilidad de que la normativa termine desembocando en que un nutrido universo de trabajadores quede en la calle, en tiempos de crisis económica aguda. Además, e dirigente Omar Maturano se mostró contrario a la propuesta.
Discusión provincial
Sin embargo, desde el inicio del debate durante el año pasado en la Legislatura bonaerense, la iniciativa impulsada por el Frente de Todos y acompañada por el bloque de Juntos en la Cámara alta, tuvo su primer freno durante un plenario conjunto de comisiones por las presiones de los trabajadores y la oposición.
La Ley de deliverys, que ya tiene media sanción en el Senado bonaerense, establece en su segundo artículo la creación de un registro obligatorio de trabajadores de las aplicaciones. En tanto, en sus artículos sexto y séptimo, aclara que se “otorgará un certificado habilitante para el repartidor y su medio de movilidad”. Lo que ocurre es que, desde la oposición salieron a advertir que de sancionarse la Ley de deliverys serían “unos 25 mil los repartidores que podrían quedar sin trabajo dado que las empresas abandonarían sus operaciones en la provincia porque perderían su margen de ganancia”.
En ese marco, el diputado libertario, Guillermo Castello manifestó su oposición al proyecto de ley de delivery. “Detrás de esta propuesta, existe la aviesa intención de crear otro sindicato contra natura para esquilmar el bolsillo de trabajadores”, enfatizó. “El discurso del kirchnerismo sobre la precarización laboral y la situación de vulnerabilidad, es un verso populista para camuflar sus verdaderos objetivos, que son meramente económicos”, sentenció Castello.