La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó el régimen de retiros voluntarios que el Gobierno nacional oficializó mediante el Decreto 1023/26 y convocó a una movilización a la Quinta Presidencial de Olivos para este miércoles 21 de octubre, a las 17, bajo la consigna “No se aguanta más”.
El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, cuestionó duramente la iniciativa y sostuvo que detrás de la propuesta existe una presión sobre los trabajadores para que acepten desvincularse de la Administración Pública. “No es retiro voluntario, es despido extorsivo. No hay voluntad cuando la opción es o firmás o te quedás en la calle sin laburo y sin obra social”, afirmó.
“Al que vamos a retirar y no de manera voluntaria es a Sturzenegger”, agregó el dirigente, en referencia al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Y lanzó una advertencia: “Dijeron que venían a destruir el Estado, pero antes de que terminen de hacerlo, nosotros los tenemos que destruir a ellos”.
La protesta también apunta contra el ajuste sobre el empleo público, la pérdida del poder adquisitivo, los salarios por debajo de la inflación y el deterioro de las condiciones laborales. Desde el gremio alertaron que la reducción de personal y el vaciamiento de organismos ponen en riesgo la continuidad de servicios públicos esenciales.
Un régimen que condiciona la salida y prohíbe volver al Estado
El régimen alcanza al personal de planta permanente de la Administración Pública Nacional centralizada y a trabajadores con contratos por tiempo indeterminado bajo la Ley de Contrato de Trabajo, dentro del ámbito establecido por la norma. Según ATE, el universo potencialmente alcanzado sería de 21.187 trabajadores.
El anexo del decreto establece que las adhesiones podrán presentarse entre el 1° y el 30 de noviembre de 2026. Además, fija una prohibición de reingreso al Sector Público Nacional durante ocho años, bajo cualquier modalidad de empleo o contratación de servicios u obra, para quienes accedan al retiro.
La norma también dispone que la reducción de la dotación producida mediante este régimen no podrá utilizarse para justificar incorporaciones posteriores de personal. En la práctica, esto impide cubrir los puestos que se reduzcan mediante el programa.
Otro de los puntos cuestionados por ATE es la situación de los representantes sindicales: quienes tengan un mandato gremial vigente o se hayan postulado como candidatos a delegados deberán presentar la renuncia al mandato o a la candidatura, condicionada a la aceptación del retiro, para poder adherir al régimen.
El decreto contempla distintas modalidades de gratificación económica según la edad y la situación previsional de cada trabajador, con límites vinculados a la remuneración y la antigüedad computable. Sin embargo, la solicitud no garantiza la aceptación: las autoridades podrán rechazarla cuando consideren necesario preservar la continuidad y eficacia de los servicios, y el silencio administrativo una vez vencido el plazo previsto tendrá efecto negativo.
“Si hay intimidación, el consentimiento no es libre”
Aguiar cuestionó el argumento oficial de que se trata de una salida voluntaria y denunció presiones sobre los trabajadores. “Si verdaderamente es voluntario, ¿por qué están amenazando a los trabajadores? Si hay intimidación, el consentimiento no es libre”, planteó.
En ese sentido, afirmó que las expresiones de los funcionarios apuntan a forzar la decisión: “O firmás el retiro o te paso a disponibilidad y después te echo”.
El dirigente también rechazó que el programa tenga como objetivo principal reducir el gasto público. “Que no mientan más. Esto no lo están haciendo para ahorrar porque pagan miserias para que te vayas y después contratan una consultora de Sturzenegger para que haga lo mismo que hacías vos pero cobrando millones de dólares por mes”, sostuvo.
Además, advirtió que el Gobierno pretende utilizar la figura del mutuo acuerdo para evitar el pago de las indemnizaciones que pudieran corresponder y eludir las garantías de estabilidad del empleo público.
“Pretenden utilizar la figura del mutuo acuerdo para no respetar el derecho a la estabilidad y evitar pagar las indemnizaciones que correspondan. Que las potenciales vacantes no se puedan cubrir por dos años es una barbaridad. Detrás está el negocio de las consultoras privadas. Además, esa decisión dejará a millones de argentinos sin servicios públicos esenciales”, afirmó.
La advertencia de ATE y el recuerdo de los años noventa
El secretario general del sindicato también cuestionó la experiencia de los retiros voluntarios durante la década de 1990 y alertó sobre sus consecuencias sociales. “Recordemos que en los ’90 también dijeron que eran una oportunidad y el país se fundió y los compañeros terminaron haciendo cola en el trueque”, recordó.
Sobre la elección del lugar de la protesta, Aguiar señaló que el Gobierno concentra allí sus decisiones políticas. “La Casa Rosada está vacía. No la pisan desde hace meses. Gobiernan desde Olivos y ahí los tenemos que ir a buscar”, expresó.
Por último, anticipó que el gremio enfrentará el programa con medidas de acción directa. “No podemos dejar que desmantelen el Estado y lo dejen sin su bien más preciado, que es un valioso recurso humano con trayectoria y experiencia”, concluyó.
La movilización del miércoles también incluirá reclamos por los despidos y la no renovación de contratos, la reducción de las plantas de personal, el cierre y vaciamiento de organismos, el deterioro salarial, la pérdida de poder adquisitivo, las paritarias por debajo de la inflación y el avance del pluriempleo y el endeudamiento entre los trabajadores estatales.