El viernes pasado, en una audiencia realizada en la sede del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, gremios y funcionarios intentaron buscar una salida a los despidos en territorio bonaerense en las tres plantas de Granja Tres Arroyos. Al borde del fin de la conciliación obligatoria, la cumbre no logró cambiar el escenario, y la firma avícola ratificó los despidos masivos. Por esto, ayer lunes los empleados se movilizaron para exigir que, cuando se abra el concurso de acreedores, se priorice el cobro de lo que se les debe. Ante esto, se dictó la inhibición de bienes para evitar un vaciamiento.
Ante los gremios y los funcionarios laborales, Granja Tres Arroyos pidió que quede constancia del “vencimiento del período de conciliación obligatoria y su prórroga, y de la conclusión de esta instancia sin acuerdo”. Sobre los despidos fue directa. Dijo que “mantiene y ratifica las decisiones oportunamente comunicadas” y que responden a “la necesidad de adecuar la estructura a la actividad efectivamente disponible”. Explicó además que la crisis se debe a “la disminución de actividad, la insuficiencia del activo biológico indispensable para la producción y las severas restricciones de liquidez”.
Del otro lado, los gremios denunciaron que la empresa nunca reincorporó a los trabajadores, como ordenaba la conciliación, y que adeuda los sueldos de julio, agosto y septiembre, además del aguinaldo de junio. Sostuvo que los problemas de la compañía “atañen al riesgo empresario, no imputables al trabajador ni a sus familias” y recordó que los trabajadores no participaron de las ganancias “cuando la empresa facturaba mil millones de dólares al año”. Y cerró con una frase que resume el clima de las audiencias: “Cada manifestación de la empresa es un clavo más en el ataúd que la empresa le armó a los trabajadores y sus familias”. Para el gremio, no hubo “ni una sola propuesta” para resolver el conflicto ni para garantizar la continuidad de las plantas.
Inhibición de bienes
En este contexto, la Justicia Comercial ordenó la inhibición provisoria de todos los bienes del Grupo GTA, el conglomerado integrado por Granja Tres Arroyos, Wade, Avex y Holding Agroindustrial. La medida se tomó a partir de las presentaciones de la sindicatura que interviene en la quiebra de Rasic Hermanos y de ex trabajadores de las plantas I y II de Wade, que hasta 2018 pertenecían a Cresta Roja. Los denunciantes advirtieron sobre presuntas maniobras de vaciamiento, lo que derivó en la medida preventiva de la Justicia. En tanto, la empresa busca declarar un concurso de acreedores, en tanto define la situación de los trabajadores de todas sus plantas, incluida la de Pilar, donde despidió a unos 50 de sus más de 300 obreros.
Según el expediente, de las instalaciones de Wade se retiraban a diario “materias primas, insumos, documentación, herramientas, maquinarias y equipos”, además de desmantelarse líneas productivas. Como respaldo, los denunciantes entregaron un pendrive con fotografías y videos. Además de bloquear los activos, el tribunal intimó a los titulares de las sociedades a presentar en 10 días un inventario detallado. También deberán informar la nómina de personal, la operatividad actual de las plantas y los fondos necesarios para reactivar las unidades paralizadas.
Marcha
Ante esta realidad, los trabajadores convocaron ayer lunes a la mañana en una de las plantas. La razón fue que, según contaron, “de manera imprevista, se ha designado al Juzgado N.º 21 para intervenir en el proceso de convocatoria de Wade”. Por eso decidieron trasladarse “con carácter de urgencia y acompañados por la mayor cantidad de compañeros posible” hasta el juzgado, para pedir una audiencia y exigir que, al momento de disponerse de los fondos y bienes de la empresa, “se prioricen los derechos de los trabajadores y se destine la mayor cantidad de recursos posible al pago de las sumas que nos corresponden”. “En este momento tan difícil, es fundamental que permanezcamos unidos y organizados”, decía el comunicado.
Los despidos golpean con fuerza en las plantas de la provincia de Buenos Aires. Según los datos que manejan los gremios, por el lado del sindicato de la alimentación son 700 trabajadores en Capitán Sarmiento, 500 en El Jagüel y 50 en Pilar. Por UATRE se suman 37 en San Miguel del Monte, 17 en Loma Verde, en el partido de General Paz, 8 en el partido de Pila y 5 en Campana. La próxima instancia está marcada para el jueves 8 de octubre a las 11:30, cuando UATRE y la empresa vuelvan a verse las caras en el Ministerio de Trabajo de La Plata.