La paritaria de los choferes de colectivos volvió a fracasar y dejó al descubierto el mecanismo que mantiene congelados los ingresos de los trabajadores: un Gobierno que condiciona los recursos del sistema y una patronal que utiliza esa situación para presentar ofertas salariales insuficientes. En la audiencia realizada este jueves 12 de noviembre, las cámaras empresarias acercaron una propuesta que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) consideró muy por debajo de las necesidades de los trabajadores y de los fondos que, según denunció el sindicato, ya fueron contemplados en la estructura oficial de costos.
La oferta consistió en el pago de una suma no remunerativa de $60.000 por todo concepto durante noviembre y tres incrementos remunerativos acumulativos: 1,7% para noviembre, 1,6% para diciembre y 1,5% para enero de 2027. Los porcentajes se calcularían sobre los salarios básicos y los viáticos vigentes en septiembre.
La respuesta sindical fue contundente. La conducción de Roberto Fernández dejó asentado en el acta que no existe una posibilidad real de alcanzar un acuerdo en esas condiciones y cuestionó que las empresas limiten sus propuestas a los recursos que el Gobierno les autoriza o reconoce.
"No aceptaremos salarios que nos condenen a la pobreza. Que quede claro: no estamos pidiendo privilegios; estamos reclamando dignidad en nuestras remuneraciones y respeto por nuestro trabajo", sostuvo la UTA ante los representantes empresarios y las autoridades laborales.
El Gobierno reconoce $106.000 y las empresas ofrecen mucho menos
Uno de los puntos centrales de la audiencia fue la denuncia sindical sobre los recursos que el propio Estado habría contemplado para la negociación. Según planteó la UTA, la última estructura de costos para las líneas de jurisdicción nacional incorporó una partida denominada "Previsión Paritarias Oct 26-Ene 27", equivalente a $106.000 por trabajador desde octubre.
Sin embargo, las cámaras empresarias ofrecieron una suma no remunerativa de $60.000 y porcentajes de actualización que el sindicato consideró insuficientes. "Los empresarios ofrecen muy por debajo de tales sumas", remarcó la representación gremial.
La organización también rechazó que las diferencias entre las empresas y las autoridades nacionales se conviertan en un obstáculo permanente para actualizar los ingresos. En ese sentido, recordó que tanto la Provincia de Buenos Aires como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reconocen los mayores costos derivados de los acuerdos salariales.
La discusión vuelve a exponer la responsabilidad del Ejecutivo en una negociación que, en los hechos, queda condicionada por las definiciones oficiales sobre los costos del transporte. La UTA reclamó que el Gobierno cumpla su función de equilibrar las posiciones y garantice una negociación colectiva real, en lugar de utilizar su intervención para limitar las recomposiciones.
La patronal se escuda en la crisis y no mejora su propuesta
Las cámaras CEAP, CETUBA, CTPBA y CEUTUPBA justificaron su posición en la situación económica del sector y sostuvieron que cualquier recomposición debe encuadrarse en los recursos contemplados en la estructura de costos reconocida por las jurisdicciones. También argumentaron que la Ciudad y la Provincia no incluyeron aumentos salariales para octubre, noviembre y diciembre en sus estudios de costos, por lo que cualquier reconocimiento podría recién impactar en las cuentas empresarias el año próximo y percibirse, eventualmente, desde febrero de 2027.
La Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), por su parte, ratificó lo expresado en audiencias anteriores y reconoció que todavía no había avances que permitieran modificar su postura.
Así, mientras las empresas reclaman previsibilidad y garantías sobre el financiamiento del sistema, los choferes siguen esperando una recomposición que les permita afrontar el costo de vida. La disputa por los subsidios y los costos no puede convertirse en una excusa para postergar indefinidamente la actualización de los salarios.
“Se vacía de contenido la negociación colectiva”
La UTA cuestionó con dureza el papel que está desempeñando el Estado en el conflicto y advirtió que los límites oficiales terminan trasladándose directamente al bolsillo de los trabajadores.
"La función del Gobierno debe ser promover un equilibrio que permita alcanzar acuerdos justos, y no convertir al salario de los trabajadores en una variable de ajuste", sostuvo el sindicato. También denunció que se está "vaciando de contenido la negociación colectiva" y sometiendo a los choferes a una presión que calificó de extorsiva.
La organización remarcó que el aumento del costo de los alimentos, los alquileres, la vestimenta y la educación supera ampliamente la recomposición ofrecida. Y volvió a insistir en que el reclamo no está dirigido contra los usuarios del transporte: "Estamos reclamando un salario que nos permita sostener dignamente a nuestras familias".
El planteo retoma las críticas que la conducción de Fernández había expresado en su anterior comunicado, cuando acusó al Gobierno de mantener una "cancha inclinada" a favor de las patronales y cuestionó a los empresarios por actuar como "anacrónicos patrones de estancia".
Nueva audiencia y un conflicto que sigue sin respuestas
Pese al pedido empresario de pasar a un cuarto intermedio para continuar las gestiones, la UTA insistió en que viene de acumular reuniones sin respuestas concretas sobre los recursos que el Estado ya reconoció para la paritaria. También reclamó que se tenga en cuenta el último índice de inflación y advirtió que la negociación no puede seguir dilatándose mientras se deterioran los ingresos familiares.
En el cierre de su intervención, el sindicato sostuvo que el Gobierno debe garantizar paritarias libres y que el movimiento obrero deberá actuar de manera conjunta en defensa del salario y la dignidad de los trabajadores.
La autoridad laboral exhortó a las partes a extremar esfuerzos para acercar posiciones y mantener la paz social. La próxima audiencia fue fijada para el lunes 16 de noviembre a las 14.
Por ahora, no hubo acuerdo. Las cámaras siguen condicionando cualquier mejora a las definiciones oficiales y el Gobierno mantiene una intervención que, según denuncia la UTA, termina funcionando como un techo para los salarios. Mientras tanto, los choferes continúan esperando una recomposición que no los condene a perder poder adquisitivo.