Ante la intimación por parte del Gobierno para que se garantice los servicios mínimos mientras se desarrolle el paro estipulado para los días este jueves y viernes en los aeropuertos de todo el país, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) efectuó un rechazo formal, criticó la medida administrativa comunicada por el Ministro de Capital Humano y exigió una audiencia urgente para establecer cómo se desarrollará la prestación.
En un documento, ATE apuntó contras los representantes de la Administración Nacional de la Aviación Civil (ANAC) al acusarlos de que han incurrido en un “sistemático incumplimiento salarial”, el cual, para el gremio, implicó “la causa real y determinante de la medida de acción directa dispuesta para los días 3 y 4 de septiembre de 2026”. La protesta tiene lugar de 9 a 12 y de 18 a 21 en ambas jornadas y pueden verse afectados los vuelos.
Posteriormente, señaló que “la autoridad administrativa del trabajo nos corre traslado de la presentación efectuada por ANAC, mediante la cual dicho organismo plantea que la huelga convocada afectaría un servicio esencial y que la entidad sindical no garantizaría los servicios mínimos correspondientes”.
En ese contexto, el gremio que encabeza Rodolfo Aguiar mostró su sorpresa cuando llegó “una intimación, por la cual se nos exige garantizar el 75% de la prestación normal del servicio, bajo apercibimiento de las consecuencias que allí se enuncian”.
Sin embargo, remarcó que la organización no tuvo “siquiera oportunidad material de presentarse a estar a derecho y contestar el traslado conferido”. Por eso , mencionó que el planteo del área nacional llegó “escasas horas más tarde y antes de que venciera cualquier plazo razonable para contestar”.
Además, planteó que “la secuencia descripta revela que la intimación fue dictada sin sustanciación previa del traslado ya ordenado por esa misma autoridad, es decir, antes de que esta parte pudiera ejercer su derecho de defensa y ofrecer, en su caso, el esquema de servicios mínimos que legítimamente garantiza en cada medida de fuerza”.
Servicios mínimos
En otro apartado del informe, el sindicato recordó que, “como en cada medida de acción sindical dispuesta por esta organización, ATE garantiza los servicios mínimos necesarios para no poner en riesgo la vida, la salud ni la seguridad de la población”. “No existe antecedente alguno en la historia de esta entidad que permita poner en tela de juicio dicho compromiso, que ha sido sostenido de manera constante e interrumpida”, enfatizó.
Asimismo, apuntó que “el planteo de ANAC no se orienta genuinamente a la preservación del servicio aéreo, sino a obstaculizar el legítimo ejercicio del derecho de huelga por parte de los trabajadores y trabajadoras del organismo, soslayando que la causa de la medida de fuerza es, precisamente, el incumplimiento salarial de la propia ANAC, oportunamente denunciado por esta entidad el 26 de agosto de 2026”.
Sobre la advertencia por parte del Gobierno, la Asociación Trabajadores del Estado la rechazó porque “fue dictada sin que esta parte hubiera tenido oportunidad de contestar el traslado ya ordenado en el mismo expediente pocas horas antes”.
Exige una reunión
Con relación a la imposición de un porcentaje de prestación de servicios, comprendió que “vulnera el derecho a ser oído con carácter previo a toda decisión que afecte derechos, principio elemental del procedimiento administrativo”.
En ese marco, pidió que “se convoque a las partes a una audiencia con carácter de urgente a fin de acordar los servicios mínimos y su modalidad, en cumplimiento de la normativa vigente".
Finalmente, ATE concluyó con que “se deja expresa constancia de que la presente no importa allanamiento ni reconocimiento alguno respecto de los planteos de ANAC, y se formula expresa reserva del derecho de esta entidad sindical de impugnar administrativa y judicialmente todo acto que restrinja, condicione o desconozca el legítimo ejercicio del derecho de huelga, así como de reclamar por los daños y perjuicios que pudiera irrogar el incumplimiento salarial que motiva la medida de fuerza, y de plantear la cuestión ante los organismos de control de la OIT en caso de persistir la conducta antisindical denunciada”.