Un conflicto salarial que comenzó hace más de tres años, cuando la administración de Axel Kicillof acordó con los gremios la ampliación de la jornada laboral para los trabajadores comprendidos en la Ley 10.430, amenaza ahora con alcanzar uno de los puntos más sensibles del funcionamiento de la provincia de Buenos Aires: el circuito de pagos. Los trabajadores nucleados en APOC ya iniciaron retenciones de tareas y, si no reciben una respuesta a su reclamo antes del viernes, analizan realizar un paro general el lunes 14.
La medida comenzó con dos horas de retención y continuará con tres y cuatro horas durante las próximas jornadas. El viernes habrá una nueva asamblea, en la que los trabajadores definirán los pasos a seguir.
El conflicto involucra a empleados nucleados en la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC) que cumplen funciones en dependencias como la Contaduría General y la Tesorería General de la provincia. Se trata de dos áreas que forman parte del engranaje administrativo por el que pasan los pagos bonaerenses.
Desde el sector advierten que una profundización de las medidas podría demorar o trabar ese circuito. Por el momento, las retenciones son parciales y escalonadas, por lo que no existe un corte generalizado de los pagos.
Un reclamo salarial que arrastra más de tres años
Para encontrar el origen de la disputa hay que remontarse a 2023, cuando el Gobierno bonaerense acordó con los gremios la posibilidad de ampliar la jornada laboral de los trabajadores de la Ley 10.430, pasando de 30 a 40 horas semanales.
Desde APOC sostuvieron entonces que el cambio horario debía tener un correlato no sólo en el sueldo básico correspondiente a cada categoría, sino también en las dos bonificaciones remunerativas que percibe el personal.
El planteo gremial se basaba en una cuestión proporcional: pasar de una jornada de seis a ocho horas diarias implicaba incrementar un 33,3% el tiempo de trabajo y, por lo tanto, el sindicato reclamaba que esa misma proporción se trasladara a determinados adicionales salariales.
Sin embargo, según la documentación difundida por APOC, el Gobierno otorgó sobre esas bonificaciones un incremento del 9,9%, mientras que la organización sindical reclamaba una actualización del 33%.
La diferencia quedó expuesta en un comunicado publicado por el gremio el 30 de junio de 2023. En aquel momento, APOC reconoció que la negociación no había alcanzado la totalidad de sus pretensiones y dejó planteada la necesidad de volver a discutir el porcentaje aplicado a las bonificaciones.
Tres años después, aquella discusión continúa abierta.
La oferta del Gobierno que no alcanzó
La administración bonaerense señaló que el conflicto volvió a escalar luego de una reunión con funcionarios del Ministerio de Economía, en la que se habría ofrecido una recomposición del 8,5%, distribuida en cuotas hasta diciembre. La propuesta fue rechazada por el gremio.
Desde APOC remarcaron que el reclamo no consiste, según su planteo, en solicitar simplemente un nuevo aumento salarial, sino en recomponer una diferencia que consideran pendiente desde la modificación del régimen horario de 2023.
Ese punto resulta central para comprender la protesta. De acuerdo con los cálculos del sindicato, todavía existiría una diferencia cercana a los 28 puntos porcentuales sobre determinados componentes salariales.
Ese porcentaje corresponde a la posición de APOC y no constituye una deuda reconocida por el Gobierno bonaerense.
En paralelo, existe una causa judicial iniciada para reclamar por esas diferencias. En ese expediente declaró Pedro Fernández, secretario general de APOC de la provincia de Buenos Aires, aunque el proceso todavía no resolvió el fondo de la controversia.
Retenciones de tareas y un paro en la mira
Mientras continúa el conflicto, el sindicato resolvió incrementar progresivamente la presión sobre la administración de Kicillof.
Las retenciones de tareas comenzaron de manera parcial y se extenderán durante más horas a medida que avance la semana. El viernes, los trabajadores volverán a reunirse en asamblea para definir los próximos pasos.
La fecha aparece como clave: si antes de esa jornada no reciben una nueva respuesta del Gobierno provincial, los trabajadores analizan avanzar con un paro general el lunes 14.
La eventual profundización de la medida introduce un elemento adicional al conflicto: el lugar que ocupan los trabajadores involucrados dentro de la estructura administrativa provincial.
La Contaduría General y la Tesorería General forman parte de los organismos que intervienen en los procedimientos vinculados con la administración financiera de la Provincia. Por eso, desde el sector advierten que una medida de fuerza más extensa podría generar demoras en el circuito administrativo de pagos.
Por ahora, no existe un bloqueo generalizado de esas operaciones y las medidas son escalonadas. Sin embargo, un paro podría llevar el conflicto más allá de una disputa salarial sectorial y generar un impacto sobre el funcionamiento cotidiano de la administración bonaerense.
Una discusión que nunca terminó
El documento difundido por APOC en junio de 2023 muestra que el reclamo por las bonificaciones no surgió con la actual protesta. El sindicato ya advertía entonces que la negociación había quedado inconclusa y planteaba la necesidad de retomar la discusión.
El paso de una jornada de seis a ocho horas terminó convirtiéndose así en una disputa que atraviesa distintas instancias de negociación, un reclamo judicial y ahora un plan de lucha.
Tres años después, aquella discusión salarial vuelve a escalar y pone al Gobierno de Axel Kicillof frente a un escenario complejo: encontrar una salida al conflicto antes del viernes para evitar que un paro general de los trabajadores de los organismos de control termine repercutiendo sobre uno de los engranajes más sensibles de la administración provincial, el circuito de pagos.