Luego de declarar el “estado de alerta y movilización” al inicio de esta semana, el Sindicato de la Sanidad ratificó el rechazo de la última oferta salarial, lo que genera más tensión en el sector. La falta de acuerdo salarial entre los trabajadores y las cámaras empresarias se acrecentó luego de que fracasara la última audiencia, donde los empresarios, alineados con la pauta del 1 por ciento mensual impulsada por el gobierno nacional, mantienen una propuesta que los gremios consideran “totalmente insuficiente” frente a la constante pérdida de poder adquisitivo.
Bajo el liderazgo del secretario general de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), Héctor Daer, el sindicato intensifica sus acciones gremiales. En un plenario realizado el pasado viernes, delegados y la comisión directiva reafirmaron su compromiso en defensa de los salarios. “Vamos a resistir para que no nos perjudiquen, para no perder y para que no nos bajen los salarios. Ese tiene que ser el objetivo entre nosotros”, expresó Daer, marcando la postura del gremio.
Las medidas gremiales se profundizan en los lugares de trabajo, con acciones de visibilización del conflicto y un estado de alerta permanente. Los trabajadores advierten que el sistema de salud no puede sostenerse con salarios bajos, que afectan tanto la calidad de vida de los empleados como la atención a los pacientes.
Nueva audiencia
La expectativa crece de cara a la próxima audiencia convocada para este viernes 13, donde se espera un nuevo intento de negociación. Desde el sindicato aseguran que, sin una oferta que contemple la realidad económica, la conflictividad podría escalar.
“Juntos tenemos la fortaleza necesaria para atravesar este momento difícil, en unidad y siendo solidarios”, subrayaron desde FATSA, dejando en claro su determinación para enfrentar las políticas de ajuste.
Conflictividad
Los convenios colectivos del sector asistencial se encuentran vencidos y, según el gremio, las cámaras empresariales cambiaron de postura de forma unilateral, alegando presiones del gobierno nacional para imponer un tope salarial del 1 por ciento, una cifra calificada como “absolutamente inaceptable” por la dirigencia gremial.
Esta situación llevó al gremio a lanzar un plan de lucha a nivel nacional, “que tiene que ver con poner en conocimiento de la sociedad y de la opinión pública lo que los patrones, dueños, propietarios y encargados de clínicas, sanatorios, geriátricos y empresas de emergencia irresponsablemente se niegan a recomponer el salario de enfermeras, mucamas, camilleros, choferes de ambulancia y todo el personal que trabaja en nuestro sector”.