En la campaña presidencial, el actual presidente Javier Milei propuso para financiar la educación el polémica sistema de vouchers, una forma de subsidio directo para las familias que se utiliza en varios países, como Chile. Al inicio del ciclo lectivo, la secretaria de Educación anunció su puesta en marcha, para alumnos de colegios privados subsidiados.
El tope puesto por Nación fue de 27.198 pesos por cuota, que debe representar el 50 por ciento de su valor. Esta semana, la gestión de Jorge Macri anunció un plan similar, que busca aliviar el impacto de la suba de cuotas en el sector privado de la educación. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, lo que se puso en marcha es un plan de “ayuda cuota escolar”, y tendrá un límite similar al nacional: 30 mil pesos. Una de las diferencias es que el beneficio será por tres meses.
El anuncio fue criticado por los gremios docentes porteños, que cuestionaron la medida y apuntaron al desfinanciamiento del sector público. Con Milei y Jorge Macri hay plata para las escuelas privadas, mientras le saca a las públicas”, dijeron desde Ademys, que plantearon la necesidad de mejorar los recursos para mejoras las escuelas de gestión estatal. Un informe conocido esta misma semana marca que los colegios públicos perdieron 33 mil horas de clases por problemas edilicios.
En una conferencia de prensa, el jefe de Gobierno Jorge Macri anunció esta ayuda por tres meses. Si bien lo denominó “ayuda cuota escolar”, tiene la lógica de los vouchers que paga el gobierno nacional. El mandatario porteño sintetizó que su tarea “no es describir el momento, es tomar decisiones en función de lo que va ocurriendo. Y sabemos que hoy hay muchas familias que no pueden pagar la escuela que eligieron para sus hijos. Nuestra mirada es que nos importan todos los chicos que estudian en la Ciudad de Buenos Aires. Aquellos que van al sistema de gestión público-público, pero también aquellos que asisten al sistema de educación público de gestión privada”. En la conferencia estuvo acompañado por su vice Clara Muzzio; el Jefe de Gabinete, Néstor Grindetti; y la ministra de Educación, Mercedes Miguel, entre otros referentes y funcionarios políticos.
La ayuda tiene un valor máximo de 30 mil pesos y se dará por tres meses. Desde el Ejecutivo, aseguran que esta iniciativa es para “garantizar que todos los chicos tengan las mismas oportunidades de aprender y evitar que cierren escuelas”, cubrirá parte de la cuota de los alumnos que van a establecimientos de gestión privada subvencionado.
“Por supuesto que estamos en contra”, sostuvo Jorge Adaro, referente del gremio docente porteño Ademys. En diálogo con Data Gremial, el dirigente recalcó que “tanto la iniciativa de Milei como la réplica que hizo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es la replicación del plan motosierra de ajuste, que reivindica en CABA en el plano educativo”.
Para Adaro, “se trata de 11 mil millones de pesos que se destinan a garantizar los ingresos de los empresarios de la educación privada, que hoy en la Argentina y en la Ciudad tiene dos canales de ingresos: el subsidio histórico que reciben hace décadas de los Estados y este subsidio indirecto con esta especie de voucher, que tiene a las familias de vehículo”.
Se estima que tanto a nivel nacional como en territorio porteño esta ayuda ira destinada a familias de colegios parroquiales, cooperativas y empresas pequeñas, que tienen cuotas bajas (hasta 60 mil pesos) por tener el primer subsidio estatal. Ese dinero, dijo Adaro, “debe estar destinado al presupuesto educativo porteño, ya que es la escuela pública la única donde tiene total responsabilidad el gobierno”.
Misma política
No es la primera vez que una política del gobierno nacional se replica en la Ciudad de Buenos Aires, alertan los gremios, ya que en este tiempo hubo despidos en el marco de una juste silencioso que lleva adelante Jorge Macri. “Con Milei y Macri hay plata para las escuelas privadas, mientras le saca a las públicas”, expresó Ademys mediante un documento, donde compararon la actitud de ambos mandatarios.
“Toman esta medida mientras las escuelas estatales se caen a pedazos, los comedores concesionados dan alimentos escasos y de dudosa calidad, los salarios docentes están bajo la línea de pobreza y el gobierno no hizo nada para garantizarles a las familias más pobres la compra de útiles e indumentaria escolares para el inicio de clases, con la canasta escolar que aumentó un 270 por ciento con respecto al año anterior”, agregó el gremio docente.
“Seguimos luchando por la escuela pública estatal, gratuita, que garantice vacantes para todas y todos los niños y salarios dignos. Plata si hay. Que vaya a salarios, educación y salud pública, no para el FMI ni a subsidiar la educación privada”, dijo Ademys. En este sentido, Adaro denunció “el estado más precario de las escuelas públicas, la comida en cuanto a calidad y cantidad, y los salarios docentes por debajo de la línea de pobreza. Mientras tanto se toman estos gastos para garantizar las ganancias de los empresarios educativos, y es un paso más para fortalecer la educación privada en detrimento de la pública”.
A nivel nacional, cuando el gobierno de Mieli anunció el plan de vouchers, la CTERA emitió un duro documento donde rechazó esta política. “El voucher educativo es la estrategia elegida por Milei para avanzar en la privatización de la educación pública. El estado nacional, una vez más, se propone transferir recursos públicos al sector privado; en esta oportunidad a instituciones de educación privada. Mientras tanto, en simultáneo, desfinancia a la educación pública al recortar el presupuesto educativo, suspender el envío de los fondos salariales y de los programas educativos”, afirmaron.
Horas perdidas
En paralelo a este anuncio, se conoció un informe de la Secretaria de Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo (CyMAT) del gremio UTE “se perdieron 350 horas diarias por problemas de infraestructura escolar”. Los datos surgen de “la suma de horas sin clases que sufrieron grados, cursos y diferentes modalidades de todos los niveles educativos. Entre las problemáticas: falta de gas, carencia de ventilación, falta de agua, e invasión de cucarachas, ratas y alacranes”.
“Esta situación afecta a más de 50 mil estudiantes de la ciudad que, en total, se han perdido por problemas de infraestructura más de 33.000 horas cátedra. Esto equivale a alrededor de 350 horas por día. La mayoría de las suspensiones se dan en la zona sur de la ciudad, concretamente: de cada 100 horas perdidas de clase por problemas de infraestructura, más de 60 fueron en el sur de la ciudad”, recalcó el informe.