Con una manifestación realizada en la sede porteña, estatales protestaron esta semana contra la decisión del gobierno nacional de sacar a la venta el 51 por ciento de Fabricaciones Militares, la empresa pública vinculada a la producción de elementos de defensa y seguridad. Como sucede con el desmantelamiento del sector nuclear, esta medida es para ATE un “ataque a la soberanía”, y es parte de un ambicioso plan de privatizar muchos organismos del Estado. Al comienzo de la gestión libertaria, se buscó sacar a la venta una enorme cantidad de empresas estatales, alguna superavitarias y de vital importancia, como AySA o el Banco Nación. Muchas de estas empresas fueron retiradas del paquete a pasar a manos privadas, a partir de medidas sobre todo legislativas.
Pero la Casa Rosada sigue trabajando en su plan. Esta semana, se conocieron algunas maniobras para acelerar este proceso, sin informar al Congreso, que en agosto le había dado un mes para informar cómo avanza la venta de entidades como Ferrocarriles de Carga y Pasajeros, Corredores Viales, Aysa, Enarsa, Intercargo, Nucleoeléctrica y Yacimientos Carboníferos Río Turbio. La sospecha de diputados de la oposición es que el gobierno quiere sub-valuar las empresas y venderlas a “precio de remate”.
En este contexto, los empleados y sus gremios se mantienen en alerta, ya sea por este tipo de medida o por si se intenta alguna “venta expres” o para amigos, como sucedió en el caso de Transener, que generó una ácida crítica de la Asociación de Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE).
El proceso de privatizaciones de empresas estatales se hace a partir de la Ley Bases, que habilita estos procesos. Esta semana se venció el plazo dado por la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones para que se informe sobre los procesos para la venta de un conjunto de empresas estatales.
El pedido de informes, motorizado por el bloque de Unión por la Patria (UP) pero firmado por todos los integrantes de la comisión, apunta a determinar, entre otras cosas, si “ya se realizó la valuación de los activos en poder del Estado en cada una de esas empresas y a conocer cómo se hicieron esas valuaciones”, por temor a que se bajen los valores para favorecer a los privados. A esta maniobra se le suma el desfinanciamiento previo, para que lleguen a la venta improductiva.
Ese es el caso de Fabricaciones Militares, que desde hace tiempo vienen denunciando este ataque. Esta semana, ATE realizó acciones en todas las ubicaciones de la firma, incluyendo el acto en Ciudad de Buenos Aires. “Estuvimos un conjunto de trabajadores del Estado y la conducción nacional de nuestro gremio protestando contra la propuesta de extranjerización, privatización y enajenación de nuestro patrimonio”, Rodolfo Kempf, integrante de la conducción nacional de ATE y referente del gremio en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).
En diálogo con Data Gremial, Kempf dijo que Fabricaciones Militares son “patrimonio de la defensa nacional”, y la protesta busca “no sólo solidarizarnos con los trabajadores de las plantas de la entidad en todo el país sino además para hermanar la lucha en defensa de nuestras áreas estratégicas para el desarrollo”.
Por esto, ATE rechaza cualquier intento de pasar a manos privadas empresas como ARSAT o las que componen en rubro nuclear, que viene sufriendo la motosierra libertaria. “Con ARSAT tenemos la posibilidad de crear un ‘big data’ para sostener la soberanía de datos, lo mismo que por ejemplo con el Astillero Río Santiago, por eso debemos enfrentar la entrega que pretende Mialei”, agregó Kempf. En el sector nuclear, el dirigente denunció que el gobierno intenta que una empresa privada pueda “llevarse el uranio del país”, asociada al proyecto CAREM. “Se desarticuló un área de la CNEA, en especial la planta de enriquecimiento de uranio, poniendo patrimonio acumulado público y estatal al servicio de Estados Unidos, eso estamos enfrentando”, resaltó Kemkf, que vinculó todo el proceso de privatización de estas áreas a la pérdida de soberanía.
Obstáculos
Lo cierto que pese a la resistencia, el gobierno avanza en su plan. Trenes de cargas, rutas y la empresa AySA están entre las primeras cuestiones a vender por parte de la Casa Rosada. Además, hay otras entidades que ya están con “bandera de remate”, pero las acciones judiciales, legislativas o de los trabajadores ponen obstáculos a las ventas. Uno de estos casos es el de Intercargo, al firma que ofrece servicios de pista en los aeropuertos del país. su privatización fue anunciada hace un tiempo, junto con la reducción de servicios en varias zonas, como la patagónica, pero por ahora no aparecen los compradores. “La privatización está totalmente paralizada”, le dijo a Data Gremial una fuente del sector aerocomercial, que agregó que desde un primer momento la venta de la firma “era un error, porque entre otras cuestiones encarece el servicio”.
Esto fue advertido en el sur del país, en especial en Río Gallegos y Comodoro Rivadavia, donde la desregulación del servicio de rampa y el cierre de las bases que Intercargo podrían incrementarse “de manera significativa” costo del denominado servicio de handling. “Con los privados dando el servicio, en lugares del país donde no hay rentabilidad se va a encarecer el servicio, porque van a cobrar tarifas excesivas”, agregaron las fuentes consultadas. Por ahora, la falta de ofertas deja el tema en suspenso.
Otro freno a las privatizaciones se dio en el Banco Nación, en ese caso mediante la vía judicial, que evitó cualquier avance de privatización. Es que pese a ser sacada de la lista de empresas a vendar, la banca pública intentó ser transformada en una sociedad anónima, una alternativa que encontró el gobierno a su ofensiva. Pero el gremio bancario lo frenó por un falló. En agosto pasado, la Sala III de la Cámara Federal de La Plata confirmó la prórroga de la medida cautelar que mantiene suspendido el proceso de transformación del Banco de la Nación Argentina en sociedad anónima. El fallo, que ratifica la resolución del juez federal Alejo Ramos Padilla, rechazó los planteos presentados por el Estado Nacional y la entidad bancaria.
Esta semana hubo versiones que los abogados del Ministerio de Economía ya analizan las alternativas procesales para elevar la discusión a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero las fuentes consultadas por Data Gremial no pudieron confirmarlo.
Plan futuro
El mapa diseñado por la administración de Milei refleja la intención de profundizar el proceso de transferencia de activos y servicios estatales al sector privado. AySA concentra, por ahora, la mayor expectativa oficial, mientras que el resto de las operaciones tienen cronogramas que se extenderán durante los próximos meses. El desafío para el Ejecutivo será concretar las licitaciones en los plazos previstos y conseguir inversores dispuestos a asumir las condiciones planteadas, especialmente en aquellos casos que requieren desembolsos millonarios y concesiones de largo plazo.
La apertura de ofertas por la venta del 90 por ciento de las acciones AySA está prevista para el 15 de septiembre. La licitación no tendrá un precio base establecido públicamente, aunque existe una valuación elaborada por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) que funcionará como referencia para determinar el valor de la compañía. Las propuestas deberán superar ese monto.
Entre los empresarios que habrían mostrado interés aparece Mauricio Filiberti, propietario de Transclor y socio de Daniel Vila y José Luis Manzano en Edenor. Su eventual oferta sería presentada junto con Rowing, la constructora de Walter Román. Otro de los grupos que analiza participar es el Grupo Roggio, que ya opera Aguas Cordobesas, la empresa concesionaria del servicio de agua potable en la ciudad de Córdoba.
Además, el esquema también contempla al sistema ferroviario de cargas. El Gobierno ya lanzó la licitación para concesionar las vías del Belgrano Cargas, con un plazo previsto de 50 años. La propuesta oficial busca atraer inversiones por alrededor de mil millones de dólares y contempla la posibilidad de acceder a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Uno de los requisitos establecidos es que las empresas extranjeras controladas por Estados no puedan participar del proceso.
La licitación incluye las vías y los inmuebles ferroviarios asociados a las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza. Las compañías interesadas podrán realizar consultas hasta el 28 de octubre y deberán presentar sus ofertas hasta el 11 de noviembre a las 9.59.