En una reciente entrevista, el presidente Javier Milei adelantó que la motosierra “sigue encendida”, por lo cual adelantó que el ajuste en el Estado nacional se mantendrá como política pública. En este sentido, circularon versiones sobre los objetivos del oficialismo, que generaron alarma. Por un lado, se habló de la intención del Ministerio de Economía que las dependencias reduzcan un 10 por ciento su personal, además de reducir los gastos como forma de paliar el desplome de la recaudación. Ambas medidas comenzaron a gestarse en el seno del Ministerio de Desregulación, como parte de su plan de transformación del sector público. En este sentido, una de las medidas incluye trasladar a la Gendarmería nacional varias funciones de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), lo que fue denunciado como “muy peligroso” por parte de la dirigencia de ATE, que lanzó un plan de lucha para evitar esta medida.
Ya el año pasado se había intentado desmantelar la entidad, encargada del control de los vehículos que circulan en las rutas del país. Ahora, el avance sobre la entidad es uno de los hechos más graves del plan libertario, ya que afecta a muchos sectores sensibles, como los viajes de egresados estudiantiles. Ante esto, se realizan acciones para visibilizar los peligros a los que se expone con esa medida, y desde el gremio estatales apunta directamente a Federico Sturzenegger. Sobre el nuevo plan de ajuste, la dirigencia alerta que “no podrá llevarse a cabo”, porque “no sobra personal, falta”.
Desde la Junta Interna de ATE en la CNRT denunciaron que nuevamente el gobierno apunta contra la entidad, al evaluar transferir algunas “funciones esenciales” a la Gendarmería Nacional y las más significativas se perderían. “Esta decisión no solo implica un cambio administrativo”, aclararon mediante un documento. Significa, en los hechos, “el desmantelamiento del control de los servicios de transporte de pasajeros y cargas en todo el país, ya que la Gendarmería podría fiscalizar únicamente en rutas nacionales, autopistas y semi autopistas”.
Además, la eventual transferencia de funciones implicaría el cierre de las 45 sedes de la CNRT, poniendo “en peligro la seguridad en las rutas y dejando sin atención a miles de usuarios en todo el país”. “Es fundamental aclarar que la Gendarmería Nacional y la CNRT cumplen funciones completamente distintas”, resaltaron desde ATE.
Mientras la Gendarmería “es una fuerza de seguridad, la CNRT es un organismo técnico, de control y regulador. No son reemplazables, son complementarios”. Desde ATE-CNRT marcaron que esta medida “representa un retroceso grave que pone en riesgo la vida de millones de argentinos y argentinas. La seguridad en el transporte no puede reducirse ni improvisarse”.
“El Ministerio de Desregulación está avanzando en el proyecto de traspaso de funciones con la Secretaría de Transporte”, confirmó la secretaria Adjunta de ATE-CNRT, Mariana Isaurralde.
Ante la consultada de Data Gremial, la referente aseguró que de concretarse “muchas funciones directamente no las haría nadie”. Desde ATE elaboraron una especie de manual donde explican las consecuencias más importantes de la decisión que avanza desde el gobierno, retomando una iniciativa que se intentó llevar adelante en el 2025. Una de las principales medidas de la transformación es que se dejarán de realizar controles en los servicios de pasajeros y de carga en las rutas provinciales, ya que Gendarmería sólo tiene presencia en caminos nacionales.
También se dejarán de hacer controles en servicios de pasajeros y carga que circulan entre la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA. Además, Insaurralde recalcó que otro de los temas centrales es que se dejan de controlar los viajes de egresados, de estudiantes en general, de jubilados y clubes. “Todos saldrán a las rutas sin ninguna seguridad o control”, agregó. También se perderán los controles psicofísicos, de alcoholemia y sustancias en conductores, según el gremio.
Polémica medida
La CNRT es un organismo especializado, con presencia en todo el territorio nacional a través de 45 sedes, cuya función principal es garantizar la seguridad, calidad y legalidad de los servicios de transporte automotor y ferroviario. Según ATE, su rol es “insustituible”.
De avanzar esta medida, las consecuencias “serán alarmantes”. “La CNRT previene tragedias y los funcionarios, con sus malas decisiones, buscan un descontrol en el transporte. Las consecuencias las van a sufrir las personas usuarias y las familias que transitan por las rutas; y ellos van a ser los responsables directos en caso de avanzar con esta locura inconstitucional porque vulnera los derechos de la ciudadanía. Está a la vista el incumplimiento de deberes de los funcionarios a cargo de esta locura: Sturzenegger, Tamer y compañía”, recalcaron desde el gremio estatal.
En el trabajo elaborado por el gremio, se pone sobre la mesa de discusión la cantidad de tareas que no se harán más si Gendarmería asume las funciones de la CNRT. “No existirá una instancia estatal para resolver reclamos de usuarios”, afirmaron, además de ponerse “en riesgo el traslado seguro de menores”. “Se interrumpirá la asistencia a personas con discapacidad, trasplantadas, en espera de trasplantes y pacientes onco pediátricos que hoy acceden a viajes gratuitos por ley, y se debilitarán herramientas clave para la búsqueda de personas perdidas, prófugas, víctimas de trata y menores, conocida como alerta Sofía”, agregó la dirigencia.
Para ATE esta decisión “no solo implica un cambio administrativo sino el desmantelamiento del control de los servicios de transporte de pasajeros y cargas en todo el país, lo que pone en riesgo a la ciudadanía”.
Más ajuste
En tanto, esta semana circuló una nueva versión sobre los planes de ajuste que intenta llevar adelante el gobierno libertario, vinculado a las cuentas públicas, que están “en rojo” por la baja en la recaudación. Según distintas notas, por orden del jefe de Gabinete Manuel Adorni se les ordenó a todos los ministros “una reducción equivalente al 2,5 por ciento del gasto corriente”. La información fue ratificada por el propio gobierno luego de que el posteo del periodista Luis Majul, que fuera retuiteado por el propio Adorni. Además, el mismo presidente Milei citó el tuit del periodista con la frase “excelente actitud”.
El ajuste en el gasto público de los ministerios se dio luego de que la recaudación tributaria registrara una caída del 4,7 por ciento en marzo, acumulando ocho meses consecutivos en retroceso, tras una fuerte caída del consumo interno y un atraso de salario real que comprometió los aportes en seguridad social. De este modo, queda comprometido el superávit primario a nivel nacional, lo que lleva al Gobierno a optar por profundizar el ajuste para evitar caer en el déficit fiscal.
“No lo van a poder hacer, en el Estado nacional no tiene capacidad de reducir más su gasto, está al límite”, le dijo a Data Gremial una fuente cercana a las entidades sindicales que representan a los estatales. En este sentido, la misma fuente consultada remarcó que en muchas dependencias “por la falta de personal y el ajuste de los recursos están paralizadas las tareas”, como sucede por ejemplo en el SENASA, que está perdiendo su capacidad de control por esta realidad.
Lo mismo pasa en la ANAC, otro sector clave que no pierde capacidad operativa. Incluso, desde ATE denunciaron en su momento que por el ajuste se podían perder certificaciones internacionales que deben cumplirse en el transporte aéreo. Todo esto por la situación de baja de la recaudación. En concreto, los recursos tributarios de marzo totalizaron 16 billones de pesos, con un aumento interanual del 26,2 por ciento, por debajo de una inflación estimada en 32,2 por ciento, lo que implica una caída real del 4,7 por ciento, aunque el dato definitivo se confirmará con la publicación de la inflación oficial del mes, hoy martes 14 de abril.
Además, en el primer trimestre, la recaudación acumuló 50 billones de pesos, con una suba interanual del 22,7 por ciento, lo que se traduce en una caída real del 18 por ciento frente a la inflación acumulada en esos últimos 12 meses. La recaudación había caído 12 por ciento en enero y 13 por ciento en febrero, por lo que en marzo la contracción se moderó, aunque al tratarse del octavo mes consecutivo en baja comienza a evidenciarse la necesidad de un recorte del gasto más alto, lo que genera el peligro de profundizar el progresivo estancamiento de la actividad.