Con acciones en todo el país, los docentes y nodocentes universitarios realizaron este martes una nueva jornada de lucha, en el marco del largo conflicto para forzar al gobierno nacional a que cumpla la Ley de Financiamiento del sector, que cumplió un año de su aprobación, y sigue teniendo más sombras que luces. La puja en la educación superior subió rápidamente la temperatura en septiembre, a partir de una oferta salarial el primer día del mes que los gremios consideraron “irrisoria e insignificante”. Además, pese a los plazos establecidos por la justicia, el oficialismo sigue evadiendo el cumplimiento de la norma aprobada por el Congreso, por la cual debería dar un nuevo aumento salarial extraordinario y garantizar fondos para el funcionamiento de las casas de estudios y sus hospitales, entre varias cuestiones. Este jueves, habrá un nuevo round en la discusión de los salarios, cuando vuelva a reunirse la mesa de negociación. Allí, la pretensión es recuperar lo perdido, que según el último informe de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) es suprior a los 30 puntos. Además, esta semana comenzará la discusión por el Presupuesto 2027, y hay alarma por un nuevo incumplimiento por el gobierno de Javier Milei.
En el marco de la nueva jornada de lucha del Frente Sindical de Universidades Nacionales se conocieron nuevos datos de la pérdida salarial del sector. Luego que en la última reunión paritaria el gobierno ofreciera un 3 por ciento mensual de incremento, lejos del pedido de los gremios, se intensificaron las protestas, que incluyen una marcha para este jueves al Palacio Pizurno, cuando se reabra la mesa de negociaciones. A la espera de esta nueva ronde de discusión, se hicieron clases abiertas, acciones de visibilización y de protesta en todo el país, para insistir con el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
Es que sin esta norma, los salarios quedan rezagados más de 30 puntos, más allá del aumento que se le arrancó al gobierno libertario en junio pasado. Los datos fueron relevados por la FEDUN y el Centro Iberoamericano de Investigación en CTI (CIICTI), que estableció en su último Informe de Situación del Sistema Universitario que “los salarios perdieron un 25 por ciento de poder adquisitivo desde noviembre de 2023 y necesitan una recomposición del 33,4 por ciento”. El informe, al que tuvo acceso Data Gremial, advierte además que el financiamiento de las universidades nacionales “acumula una caída real del 21,9 por ciento desde 2023 y estima que el Gobierno debería ampliar en 1,6 billones de pesos el crédito presupuestario vigente para cumplir durante 2026 con lo establecido por la Ley de Financiamiento Universitario”.
Con estos datos, FEDUN y el resto de los gremios preparan la cumbre del próximo jueves. Según le dijo a Data Gremial Daniel Ricci, titular de la entidad docente, hasta ahora “no tenemos ninguna pista de lo que vaya a ofrecer o llevar a la mesa de negociación el gobierno”. Con los antecedentes de la última reunión paritaria no hay mucho optimismo. Además, los gremios recordaron que el gobierno se presentó a la justicia para explicar qué hace para cumplir la ley de Financiamiento Universitario, y según confirmó en sus redes sociales Alejandro Álvarez se dio “cumplimiento a la medida cautelar”. Pero los gremios desconocen los dichos del funcionario.
Al respecto, Ricci prometió que continuarán las medidas de fuerza en la educación superior sino ven un cambio de actitud. En relación a las protestas, este martes los sindicatos junto con la comunidad educativa armó una jornada nacional bajo el nombre de "La Universidad en la Calle". Dicha acción incluyó clases públicas y actividades en universidades, plazas y espacios públicos de todo el país, junto al conjunto del Frente Sindical de las Universidades Nacionales.
Presupuesto 2027
Además de la paritaria, el tema que centra atención en el sector universitario la presentación del presupuesto para el año que viene. Es que a partir de los números que presente el gobierno se sabrá qué piensa hacer con la educación superior. Lo cierto que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentará este miércoles 16 de septiembre a las 14.30 en el Anexo A del Congreso de la Nación su propuesta para los recursos para las universidades públicas de todo el país. El proyecto será expuesto por el presidente del CIN, Franco Bartolacci; su vicepresidente, Anselmo Torres; y los titulares de la Comisión de Asuntos Económicos, Mónica Biasone y Carlos Greco. Además, estarán presentes representantes de las entidades gremiales docentes y nodocentes y organizaciones de estudiantes. A la convocatoria recibieron la invitación diputados y senadores de todo el país.
En la previa, corrieron versiones que generaron alarma. Como sucedió en 2026, hay chances que el Poder Ejecutivo incluya en el proyecto de Presupuesto 2027 un “mecanismo alternativo de financiamiento” que termine desplazando, en los hechos, las disposiciones de la Ley de Financiamiento Universitario. “Hasta ahora no hay nada confirmado, es parte de los rumores, pero hasta ahora no hay datos concretos de los números que tiene para las universidades el gobierno”, le dijo a Data Gremial una fuente del Frente Sindical, que adelantó que habrá más precisiones luego del plenario de este miércoles en el Congreso.
La suma que solicitan las universidades para el próximo año asciende a 11 billones de pesos y la planilla fue enviada previamente a la Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Nación, según los requerimientos y los plazos previstos. Pero no hay certeza de lo que pueda llevar al proyecto el oficialismo. “Los primeros datos que se conocieron, como inflación y crecimiento, nos parecen un dibujo, así que no esperamos buenas noticias para la educación superior”, recalcó la misma firma.
Más ajuste
Para tener en cuenta el ajuste que generó el gobierno, un reporte pone el foco en los recursos que dejaron de llegar a las casa de estudio. Así, las transferencias a las provincias y la inversión en bienes de uso, que incluye la obra pública, registraron las mayores reducciones durante los primeros ocho meses de 2026. El informe del IARAF también muestra fuertes bajas en subsidios, fondos fiduciarios y recursos destinados a universidades. El gasto primario devengado de la Administración Pública Nacional (APN) acumuló hasta agosto una caída real del 32 por ciento respecto del mismo período de 2023, en el marco de la política de reducción del gasto implementada por el gobierno nacional para sostener el superávit fiscal. El ajuste no tuvo el mismo impacto en todas las partidas. De acuerdo con un informe elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), algunos componentes registraron reducciones muy superiores al promedio.
La mayor baja correspondió a las transferencias corrientes a las provincias, que se redujeron un 86,6 por ciento en términos reales. En segundo lugar quedó la inversión en bienes de uso, rubro que incluye la obra pública, con una contracción del 83,6 por ciento. También registraron fuertes descensos las transferencias destinadas a empresas públicas y fondos fiduciarios, con una reducción del 62,1 por ciento, y las otras transferencias al sector privado, que incluyen subsidios económicos vinculados, entre otros sectores, con la energía y el transporte. En este caso, la caída fue del 59,3 por ciento.