A medidas de abril de este año, la comunidad educativa de la Escuela 7 del Distrito Escolar 8 se encontró que, de un día para el otro, había varias cámaras de seguridad instaladas. Bajo el argumento de detener actos vandálicos, el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires comenzó a implementar este recurso, que fue rechazado por docentes y padres. Lo curioso fue que en el caso del colegio mencionado, las cámaras estaban dentro del aula, como registraron varias fotos publicadas en redes sociales por el gremio Ademys.
A partir de esto comenzó una fuerte campaña para que se retiren estor artefactos, que según explicaron “violan el derecho a la intimidad” de niños y adolescentes. Lejos de cumplir esto, la cartera que conduce Soledad Acuña siguió con la instalación, lo que hizo que la semana pasada la entidad denunciara ante la justicia a la funcionaria. Esto es parte de los cuestionamientos a la política educativa porteña, que incluyen nuevas quejas por las pasantías de alumnos de quinto año.
La denuncia de Ademys contra la ministra Acuña apunta a la nueva ola de instalaciones de cámaras de seguridad en escuelas porteñas, que se considera “irregular y unilateral”, ya que “atenta contra la intimidad de los trabajadores y vulnera la dignidad de los alumnos”, según el escrito presentado.
“Venimos a rechazar la irregular y unilateral actitud del Gobierno de la Ciudad de colocar cámaras en diferentes escuelas bajo su órbita. Su intención es registrar todos los movimientos de los docentes dentro del aula y constituye un atentado desproporcionado a la intimidad de los trabajadores y vulnera la dignidad e intimidad de los alumnos”, afirmó la denuncia.
“La intención de colocar las cámaras incumple fallos judiciales que han determinado la ilegalidad de que los menores queden registrados en videocámaras”, agregó el escrito. Si bien ante las primeras quejas la cartera educativa retiró algunos aparatos, en estos días volvieron a ponerse, como sucedió en el Colegio Mitre o el Jardín N°13 del distrito 5.
“Lo que informó el gobierno de la Ciudad en una reunión es que pensaban poner cámaras de seguridad en 150 establecimientos”, confirmó el secretario Adjunto de Ademys, Jorge Adaro.
Según le contó a Data Gremial, “todos los días en el gremio tenemos novedades de una nueva instalada, como este viernes nos contaron desde la Escuela 6 DE 2 de Palermo, que están haciendo todos los trabajos previos para la instalación”.
Sobre el argumento de la seguridad, Adaro dijo “es muy endeble, porque ante todo las están instalando en las aulas, donde están los alumnos y los docentes”.
En este sentido, en la denuncia de Ademys se señaló que las imágenes y sonidos de los trabajadores son “grabados, registrados y archivados de forma unilateral por la escuela, sin que ello haya sido materia de debate, aprobación, ni negociación colectiva”. “Solicitamos deje sin efecto la colocación de las mismas, bajo apercibimiento de acciones gremiales y legales correspondientes”, recalcaron.
Problema de fondo
Desde que comenzaron a instalarse las cámaras, los gremios marcaron la ilegalidad de la decisión, y rechazaron el argumento de la seguridad. En este sentido, a comienzos de abril la Multisectorial en Defensa de la Educación Pública hizo un llamado a dejar sin efecto esta medida.
En este sentido, se recalcó que uno de los problemas es la falta de casero o sereno en los colegios, algo que se fue eliminando en la actual gestión. “La figura del casero o casera, es decir el auxiliar que pernoctaba en la escuela y garantizaba el cuidado del patrimonio. Lo que viene pasando es que cuando estos trabajadores se jubilan, no se ocupa ese cargo, lo que hace que un progresivo número de escuelas queden sin ese servicio y personal”, describió Adaro. Por eso se pide “reponer ese cargo en las escuelas”.
De fondo, para Ademys el tema de la seguridad es una excusa de la ministra Acuña. “La instalación de cámaras responde a maniobras de panoptismo y a alentar el plan sistemático de persecución y estigmatización contra la docencia ejecutado por parte de la cartera”, afirmaron. Además, insistieron que las cámaras fueron colocadas en las aulas dónde concurren menores y adolescentes menores de edad, lo cual es “a todas luces inadecuado”.
“No sólo vulnera la intimidad de los alumnos, sino que además hay una violación de la libertad de cátedra. No hay ningún motivo razonable para hacer lo que está haciendo el gobierno de CABA”, resaltó Adaro.
Pasantías
En tanto, en esta misma semana, se viralizó un posteo del periodista Mariano Martín, donde se mostraba a un alumno de quinto año realizando tareas en un conocido hipermercado, como parte del plan de pasantías laborales lanzado por el gobierno porteño.
“Seis alumnos del colegio Gabriela Mistral de Caballito trabajan en el Carrefour de Córdoba y Montevideo de 13 a 17. Es parte de las prácticas obligatorias impuestas por el gobierno porteño. Si no concurren les computan falta”, informó el posteo, cuya fuente citada fue UTE, el gremio docente que viene rechazando la medida, y que luego de conocerse la imagen del joven trabajando.
Desde UTE vienen rechazando este programa, porque afirman “viola los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), viola la ley de convenio colectivo de trabajo, viola la ley de contrato de trabajo y es la forma en que el gobierno de la Ciudad entiende a los trabajadores: como piezas descartables en la maquinaria económica”, según un documento.
Fuentes del gremio le recordaron a Data Gremial que el año pasado “se detectaron muchas irregularidades”. Una de ellas fue que alumnos de algunos colegios fueron a realizar tareas a la Cámara Argentina de Concesionarios de Servicios de Comedores y Refrigerio, denunciada por los beneficios recibidos por los contratos con el gobierno porteño.
Desde mayo del año pasado ya hay chicos realizando pasantías en diversas empresas que se sumaron al plan denominado Prácticas Educativas en Ámbitos Laborales, que forman parte del diseño curricular de la Secundaria del Futuro e incluye a alumnos de 5° año, sin contar con los 3 mil estudiantes de las 52 escuelas técnicas ubicadas en el territorio porteño. Las prácticas laborales obligatorias empezaron con fuertes críticas por parte de los gremios docentes y centros de estudiantes y se convirtieron en uno de los ejes que más tarde impulsaron las tomas en los establecimientos educativos.