“Publicidad engañosa”. Con esa frase, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires salió al cruce del suministro de vacunas del Calendario Oficial por parte de Nación. Nicolás Kreplak viene alertando que las dosis que debe entregar la cartera sanitaria que comanda Mario Lugones no están llegando en las cantidades necesarias para que las provincias cumplan con los esquemas obligatorios.
Esto se da en medio de la baja de los porcentajes de inmunización en vacunas claves como la que previene el sarampión o la tos convulsa, que el año pasado tuvieron brotes de importancia. “Javier Milei te invita a vacunarte pero no tiene vacunas, por eso no las distribuyó. Todas las provincias estamos en la misma situación”, denunció el funcionario bonaerense, que finalizó su mensaje con una ironía: “Muy buena la difusión. Solo ahora faltan las vacunas. Estamos más cerca. Sé que pueden”.
El ajuste de los programas nacionales vinculados a la salud pública se viene denunciando desde hace tiempo, a la cuestión vacunas se suma problemas en la entrega de medicamentos por el Plan Remediar, la iniciativa creada luego de la crisis del 2001 que hoy está entregando menos botiquines, según afirman varios funcionarios locales. Esta situación se suma a los problemas salariales que hay en varias jurisdicciones, que generaron conflictos en los últimos días.
La denuncia por falta de vacunas oficiales en los envíos nacionales es la punta del ovillo de un ajuste que se viene profundizando en la intervención nacional en el sistema de salud. Si bien el manejo de la sanidad está en manos de las provincias, Nación interviene con planes llamados verticales, como el de vacunación, que hace que compre y entregue las jurisdicciones, que las almacenan, distribuyen y aplican. Por eso la polémica despertada por el ministro Kreplak, que denunció que están llegando menos dosis de distintas formulaciones. “Nación hizo un recorte brutal de todo lo que envía a las provincias en materia de insumos médicos”, sostuvo la presidenta de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA), María Fernanda Boriotti.
Ante la consulta de Data Gremial, recordó que en este tiempo “se dio de baja casi la totalidad de los programas de salud reproductiva, por ejemplo, y no se está enviando ni un preservativo o anticonceptivos”.
Otro de los programas que está bajo la lupa de las provincias es el que entrega tratamientos de alto costo, en especial oncológicos, que llegan a los hospitales provinciales por medio del Banco de Drogas o planes similares. Según Boriotti, “de los pedidos que se hacen a Nación para que provea estos tratamientos hay un rechazo del 63 por ciento de los casos, lo que lleva a la necesidad de comprar con fondos propios estos insumos”. La titular de FESPROSA denunció “un corrimiento brutal del Ministerio de Salud nacional con respecto a su rol rector del sistema sanitario, evitando estas diferencias que ahora se pueden producir”.
A esto se llega, agregó, por “el vaciamiento de la estructura del ministerio, dejando que se encarguen totalmente las provincias con sus propios fondos, a lo que hay que sumarle la baja de los fondos de coparticipación”. “En política sanitaria se está profundizando las dificultades en el acceso de toda la población”, resaltó Boriotti.
Sin remedio
Esta semana, en el marco de una reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA), que reúne a los responsables sanitarios de todo el país, se anunció una reforma del Plan Remediar, programa de entrega de medicamentos gratuitos puesto en marcha en 2001 para paliar la grave crisis de acceso. El anuncio, que se hizo bajo el argumento de “afianzar el acceso” a esos tratamientos, incluye una baja en la cantidad de botiquines, que se centrarán en la atención de las enfermedades “que generan más mortalidad en estos tiempos”. Si bien el comunicado luego se bajó de la página web del Ministerio de Salud nacional, Data Gremial pudo saber que entre las ideas planteadas por las autoridades sanitarias el nuevo Plan Remediar comenzará a implementarse a partir del primero de junio de este año.
Para la actualización del programa, se evaluó su funcionamiento previo, y se concluyó que el sistema anterior implicaba “un uso ineficiente de los recursos y limitó el impacto sanitario del programa”. Hasta ahora, el plan enviaba medicamentos a centros de atención primaria de la salud, CAPS. Sin embargo, en el comunicado oficial se detalla que menos del 10 por ciento de estos establecimientos reportaba “el uso de los insumos recibidos, lo que dificultaba asegurar que llegaran efectivamente a las personas que los necesitaban”.
Frente a este escenario, el nuevo Plan Remediar orienta “la inversión hacia el tratamiento de las enfermedades que representan la mayor causa de mortalidad en Argentina, en centros que aseguren condiciones de seguimiento y control”. Pero lo cierto es que en la práctica esto genera una entrega menor de tratamientos. Así lo denunció el gobierno de Santa Fe, que anunció una inversión de 85 mil millones de pesos en la compra de medicamentos entre 2024 y 2026, en el marco de una estrategia para garantizar el acceso a tratamientos esenciales ante la reducción de envíos desde el Estado nacional.
“En general las provincias salieron a comprar medicamentos que antes llegaban por el Remediar, que está reducido a la mínima expresión”, confirmó Boriotti, quien es referente del gremio médico de Santa Fe SIPRUS. Según recordó, este cambio “aumenta la inequidad del sistema, porque hay ciudadanos que pueden acceder a determinados medicamentos porque los gobierno pueden comprarlos, y otros no”.
En esta línea, el nuevo esquema de implementación prevé una primera etapa de distribución dirigida a 800 centros de atención primaria de la salud que cumplen con criterios técnicos específicos, entre ellos la implementación de guías clínicas nacionales, el uso de receta electrónica, el monitoreo de indicadores y la trazabilidad de los tratamientos entregados.
Además, la iniciativa se implementará mediante un esquema de corresponsabilidad entre Nación y las jurisdicciones orientado a consolidar un sistema más ordenado, “con reglas claras y basado en resultados”. Así, sumado a la entrega de medicamentos, la cartera sanitaria nacional “brindará asistencia técnica y capacitación a las jurisdicciones que lo requieran para la continuidad y sostenibilidad del proyecto”. Pero los gobernadores se quejan de la baja en la entrega. Como hizo Santa Fe, la gestión de Tierra del Fuego unos 50 mil pacientes sin cobertura médica corren peligro de no poder acceder a sus tratamientos.
Conflictos provinciales
Los ajustes que sufren los sistemas provinciales hacen que haya menos recursos para mayores necesidades, y disparan los conflictos. Según informó esta semana FESPROSA, “las renuncias masivas de directores de hospitales en Río Negro, la intención de poner fin al régimen de dedicación exclusiva en Tierra del Fuego; la crisis de salud mental en Santa Fe, y las cesantías de médicos de guardia en Escobar son solo muestras de la situación crítica que atraviesa la salud pública en Argentina”. “La política sanitaria del gobierno nacional y la complicidad de varios gobernadores está generando una crisis sin precedentes en la salud pública del país”, recordó la entidad mediante un comunicado.
En el caso de Río Negro, hace unos días renunció el vice ministro de Salud, el corolario de una serie de dimisiones en la provincia que genera preocupación. En tan solo cuatro meses presentaron su renuncia los directores de hospitales de las localidades de Viedma, Cipolletti, Bariloche y Fernández Oro.
En Tierra del Fuego, se conoció hace unos días que el gobierno de la provincia evalúa poner fin al régimen de dedicación exclusiva. Este sistema laboral, vigente desde hace décadas, impide que los trabajadores puedan ejercer su profesión fuera del ámbito público. SIPROSA, gremio base de la FESPROSA en Tierra del Fuego, explicó en una misiva dirigida a la ministra de Trabajo que esta decisión “enfrenta a nuestros representados a la precarización laboral y al pueblo usuario del sistema público de salud a una atención médica insuficiente y de menor calidad”. Por tal motivo, el sindicato decidió declararse en estado de alerta y movilización permanente.
“Pese al oscuro panorama que se vislumbra en las líneas anteriores, los gremios adheridos a la FESPROSA continúan en pie de lucha”, afirmaron. En Santa Cruz, APROSA convocó a un paro provincial para mañana, luego de la exitosa medida de fuerza por 48 horas los días 18 y 19 de este mes. Reclaman la apertura de la paritaria sectorial de salud y una recomposición salarial urgente, además de expresar su rechazo a la resolución 30/2026.
Por último, APTS-San Luis definió movilizarse a la legislatura provincial el día de la apertura de las sesiones ordinarias, este miércoles a las 9 y media de la mañana. Llevarán los reclamos que resuenan en buena parte del país: paritarias libres, recomposición salarial y jubilaciones dignas.