En la audiencia de diciembre del año pasada, la única donde estuvieron cara a cara con Carlos Rosales, los despedidos de Garbarino lograron acordar una serie de puntos para intentar cerrar su larga lucha en la que fue la principal vendedora de electrodomésticos del país. Una de las medidas fue el llamado “pronto pago”, que es un fondo que gira la empresa por ventas u otras actividades que todavía realiza, y que se distribuyen en cerca de los 3 mil cesanteados. Al comienzo se cobraron algunas sumas que permitieron descontar los sueldos, indemnizaciones y otros conceptos adeudados por la empresa, pero la falta de actividad y algunas maniobras fueron mermando ese recurso. Hoy, los pagos alcanzan cifras ridículas. Según denuncian desde el grupo de despedidos, la mayoría recibirá en la última liquidación 113 pesos.
“Ni para comprar un alfajor”, recalcaron desde el espacio, que viene alertando por la falta de una solución final. Por esto, el próximo 25 de septiembre, Día del Empleado de Comercio, se movilizarán del Obelisco a la sede del juzgado que entiende en la quiebra, para reclamar que haya medidas para evitar el vaciamiento.
Ya el mes pasado, el grupo Trabajadores de Garbarino en Lucha denunciaron que Rosales usó fondos del “pronto pago” para pagar su obra social. Ahora, vuelven a la carga por el pago de julio, que se liquidará en estos días. “Este mes, el trabajador que más va a cobrar es 113 pesos cada uno, los despedidos y los pocos activos”, sostuvo Gabriel Yapura, referente del espacio.
En diálogo con Data Gremial, recalcó que “lo que nosotros venimos denunciando desde la audiencia de diciembre del año pasado, cuando pudimos estar junto al juez y Carlos Rosales, es que no se cumple ninguno de los puntos comprometidos”. Incluso algunos empleados cesanteados no cobraran ni ese “alfajor”, ya que en muchos casos se distribuyeron cifras absolutamente absurdas, como 28 pesos. Los cálculos del grupo son que por los 44.799,26 pesos depositados este mes, Se pueden pagar 28 pesos a los despedidos. Ese fondo se incrementó en su momento cuando el juez Fernando D’alessandro autorizó la venta de cinco vehículos de la flota de la empresa, para engrosar los “pronto pago”. Pero nunca se repitió.
La postura de los trabajadores es respaldada por el síndico Martín Alejandro Stolkiner, que presentó un escrito ante el juez de la quiebra, y analizó cómo se hace el depósito del “pronto pago”. “Se reitera que las sumas depositadas y cuyo prorrateo se efectúa resultan sumamente limitadas”, explicó el funcionario judicial en su texto, al que tuvo acceso Data Gremial. “Es claro entonces que los presupuestos y objetivos indicados por las autoridades de la concursada en la audiencia del 13 de diciembre de 2022 no se cumplen ya que lejos de incrementarse la actividad abriéndose dos locales en forma mensual, lo ingresos lucen cada vez más magros”, insistió Stolkiner.
En este sentido, en el escrito se aclaró que se seguirá realizando este pago, “aun cuando la labor resulta absolutamente antieconómica en orden al esfuerzo (no remunerado aún) que irroga a los suscriptos, al Juzgado y al Banco de la Ciudad de Buenos Aires y el nulo beneficio para los acreedores laborales”. “A modo de dar cuenta de ello, se informa que el acreedor que más cobra en la presente distribución percibirá la suma de 111,91 pesos”; concluyó el documento.
Peligro de Vaciamiento
Desde que comenzaron a verse estos pagos irrisorios a los despedidos, el grupo que representa Yapura comenzó a pedirle al juez medidas para proteger el patrimonio de la empresa, a que el temor es que lo intenten sacar de la órbita de la empresa, y así dejar sin recursos a la justicia para liquidarlos y pagar la deuda, una vez que se decrete la quiebra. “La sucursal Uruguay, el local histórico de Garbarino, está por cerrar las puertas. El miedo que tenemos es que es uno de los pocos capitales que tiene la empresa, junto con el local en Belgrano y las dos fábricas de Tierra del Fuego”, alertó Yapura.
Ante esta situación, en su momento apuntaron a la sindicatura, y hubo cruces luego de la audiencia que se llevó a delante en diciembre pasado, cuando por primera vez pudieron estar cara a cara con Rosales. Además, en abril de este año el grupo presentó un escrito ante D’alessandro para que cite a Rosales y dé explicaciones del supuesto plan para pagar la deuda de salarios, aguinaldos y liquidaciones. “Como venimos diciendo nuestro temor es que van a seguir vaciando la empresa, seguir sacando el poco capital que tiene, lo único que nosotros podemos proteger para cobrar algo a futuro”, subrayó Yapura.
Protesta
En tanto, ante la falta de avances y los acuerdos que no se cumplen, los despedidos decidieron lanzar una nueva protesta, como la que realizaron de manera virtual el fin de semana largo de agosto, con una acción en redes sociales. Ahora, se buscará tener una marcha presencial, de mayor impacto, por lo que se movilizarán el próximo 25 de septiembre, cuando se conmemore el Día del Empleado de Comercio. La concentración está pensada en el Obelisco, para luego ir a la sede del juzgado que entiende en la quiebra.
Ese día, según adelantó Yapura, “vamos a entregar una carta al juez pidiendo que vea la manera de acelerar todos los tiempos, como venimos reclamando. Esto no tiene solución, no vemos futuro y nosotros seguimos cobrando miserias, ni un alfajor podemos comprar con lo que cobramos cada mes”.
El pedido es para que la justicia evite las maniobras para vaciar de capital la firma, y se respete lo acordado respecto de los pagos de los sueldos e indemnizaciones caídas. “Las y los trabajadores despedidos de Gabarino vamos a salir a pelear por lo que nos deben. Lucharemos por lo poco que queda de lo mucho que hemos perdido en esta empresa vaciada por los hermanos Garbarino y su actual dueño Carlos Rosales”, concluyeron desde el grupo de despedidos mediante un documento.