Este lunes, sin previo aviso y de manera intempestiva, el Ministerio de Salud nacional decidió cerrar la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE). La dependencia, que ayuda a quienes carecen de cobertura de salud para conseguir medicamentos, inició la semana con sus puertas cerradas, y apenas un cartel informa lo sucedido.
“La DADSE permanecerá momentáneamente cerrada por readecuación en los sistemas y procedimientos”, fue el escueto mensaje, que sorprendió a trabajadores y pacientes. El caso generó revuelo porque las personas que allí concurren padecen enfermedades graves, como cáncer, o algún tipo de discapacidad, y ahora no saben si podrán acceder a sus tratamientos, y es parte de la disputa que crece entre el gobierno nacional y las provincias, que se intensifica desde que se cayó la aprobación de la Ley Ómnibus.
Esto generó que se crecieran los recortes en materia de fondos hacia los gobiernos provinciales, que tendrán consecuencias en los compromisos y las funciones de los Estados locales, en varios rubros. En materia sanitaria, la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (FESPROSA) estimó que el 80 por ciento de los recursos que Nación dejará de girar estaban destinados a los sistemas de salud, por lo que el ajuste se hará sentir en insumos, salarios y atención de la población.
El cierre de la DADSE es una de las caras visibles del ajuste, que se potenció esta semana en el marco de la pelea que el gobierno nacional tiene con las provincias por la aprobación de leyes en el congreso, en especial la Ley Base. Ya la gestión nacional había adelantado que el ajuste hacia las gobernaciones iba a ser muy importante, y ahora con este componente político se aceleró. Según el Ministerio de Capital Humano, esta dirección cerró para “revisar los circuitos administrativos”.
La medida, aclararon, incluye el sistema de compras y no el cierre final de la oficina, pero hasta mediados de esta semana no se atendió a las personas. Luego de una asamblea de ATE y de UPCN en el lugar, se volvió a abrir las puertas del DADSE, pero no hay certeza de si podrán entregar más tratamientos. Este es un ejemplo de cómo afecta el ajuste fiscal, que tendrá especial intensidad en el sector salud.
Así, un relevamiento de FESPROSA recalcó que el 80 por ciento de esos recursos que se achicaron “pertenecen a los distintos sistemas sanitarios”, tanto nacional como provinciales y municipales. “Mientras se efectúa un ajuste brutal en los salarios y en la coparticipación no obligatoria a las provincias, hay sectores empresariales que siempre incrementan sus ganancias, como los bancos, las cerealeras o la industria farmacéutica (que aplicó aumentos absolutamente desmesurados en los medicamentos)”, destacó el reporte de FESPROSA, al que tuvo acceso Data Gremial.
Para Jorge Yabkowski, vicepresidente de FESPROSA, el ajuste “lo estamos viviendo en las dependencias nacionales, en los salarios de los trabajadores, en los ingresos de los jubilados, en las transferencias a las provincias y en otras medidas”.
En diálogo con Data Gremial, el referente sindical sostuvo que la profundización de este ajuste es “las carencias que ya estamos teniendo dentro del sistema sanitario y que se van a potenciar con estas decisiones”. Si bien a Yabkowski no le consta que el DADSE esté trabajando como anunció el gobierno, el episodio es grave y marca el rumbo que quiere tomar el gobierno nacional. “Cuál será la próxima víctima, la vacunación obligatoria, el tratamiento para el HIV, los programas de salud reproductiva, el tratamiento para las enfermedades especiales, como la lepra y la tuberculosis”, se preguntó.
Efectos concretos
El caso de DADSE desnuda la peor cara del ajuste, que tiene víctimas reales, de carne y hueso. En este sentido, desde FESPROSA insisten que la decisión de recortar el envío de fondos “tendrá un impacto inmediato en el sector salud”, que debe ser garantizada por las provincias. La pelea ya generó que gremios sanitarios se declararan en alerta, porque no se están llamando a paritarias por las limitaciones presupuestarias. Incluso en Santa Fe, por ejemplo, el gobierno decidió no cumplir el acuerdo paritario ya firmado.
Para Yabkowski, esto no es “un enfrentamiento entre el gobierno y los gobernadores, es el gobierno nacional con el conjunto de los sectores dominantes de la Argentina y el Fondo Monetario Internacional representando al gran capital transnacional contra el pueblo argentino, los jubilados, cuentapropistas, trabajadores formales, informales, estatales, privados, sectores medios, pequeños y medianos empresarios, todos y cada uno son atacados por las medidas del gobierno”. “El enfrentamiento con los gobernadores es una parte de ese escenario”, agregó.
En otros sectores, la situación es similar. Ante la falta de llamado a la Paritaria Nacional Docente, las provincias no saben si contarán los fondos adicionales que conforman el salario de los trabajadores de la educación, como el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y los ítems por conectividad y material didáctico. Esto, se estima, es el 10 por ciento del salario, y ya no fue girado este mes. Por eso, el gobernador Axel Kicillof decidió pagar los ingresos a sus docentes con fondos propios, pero alertó que el próximo mes no podrá hacer lo mismo.
Transporte público
Otra área que sentirá el ajuste nacional es el transporte público. Esta semana se confirmó que se decidió la eliminación del Fondo Compensador del Interior, a partir del cual se subsidia a las empresas del rubro. La medida se suma al reciente aumento en los boletos de colectivos y trenes en el AMBA, debido al objetivo del Ejecutivo de reducir considerablemente los subsidios al transporte.
La medida se suma al reciente aumento en los boletos de colectivos y trenes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) debido al objetivo del Poder Ejecutivo de reducir considerablemente los subsidios al transporte.
El Gobierno a partir de ahora concentrará la ayuda a los usuarios que más lo necesitan de forma directa a través de la tarjeta SUBE, con un descuento que alcanzará el 55 por ciento de la tarifa del boleto.
Un comunicado del Ministerio de Economía sostuvo que la medida tomada este jueves “guarda coherencia con el Pacto Fiscal que gobernadores y Gobierno Nacional firmaron en 2017 y 2018” que, entre otras cosas, “establecía que las provincias definirían compensaciones tarifarias y/o subsidios al transporte público de pasajeros por automotor desarrollado en el ámbito de sus jurisdicciones”. Dicho pacto también se comprometía a eliminar progresivamente los subsidios diferenciales en materia de transporte para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
El vocero presidencial, Manuel Adorni, señaló durante su conferencia de prensa diaria que “el objetivo es la equidad a lo largo y a lo ancho del país y dejar de beneficiar a algunos en detrimento de otros, sin demasiadas razones para hacerlo”. Adorni dijo que la decisión “por supuesto va a repercutir en las tarifas” y reiteró que el Gobierno busca avanzar en un esquema “justo que permita que todos puedan usar el transporte público”. En ese sentido, el vocero reiteró el propósito de focalizar las asistencias en los sectores socialmente más vulnerables al paso que nos permiten los procesos, la burocracia y la coyuntura”, para que finalmente “le lleguen a quienes lo necesitan”.