Pese a adherir al reciente plan de lucha iniciado por las tres centrales obreras, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) mantiene una agenda propia de reclamos, tanto a nivel nacional como en las provincias. Es que este espacio integrado por entidades que reportan tanto a la CGT como a las dos CTA nació para canalizar la decisión de confrontar de forma directa con el modelo libertario, sin negociaciones y en la calle. Por eso, más allá de la estrategia consensuada por todo el movimiento obrero, su intención es amplificar los reclamos. Así lo harán en las provincias, a donde irán a reclamarles a los gobernadores que siguen el camino del ajuste de la Casa Rosada. Además, realizan otras acciones para denunciar a la política laboral de Javier Milei, a quien denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una continuidad de las presentaciones realizadas por diversos sectores en la última asamblea anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La presentación dio sus primeros frutos, y la entidad llamó a una audiencia para conocer los argumentos de la denuncia y la respuesta del gobierno. La misma será la próxima semana, y la expectativa sindical es lograr establecer “la gravedad del caso argentino”, y lograr una condena de la comisión, en varios puntos vinculados al mundo del trabajo.
Según confirmaron desde le FreSU, la CIDH convocó a representantes del gobierno nacional a una audiencia por la denuncia realizada contra “la política oficial de retroceso en derecho laboral”. La audiencia será el próximo el martes en la sede de la entidad en Washington, Estados Unidos, donde las partes se verán las caras. Junto al FreSu, se presentarán referentes de la Asociación de Jueces del Trabajo (ANJUT), la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
En la presentación, las entidades sostuvieron que la legislación promovida por el oficialismo “desplaza al Estado de su rol como árbitro entre el capital y el trabajo, en perjuicio de la parte más débil de la relación laboral”. Además, advirtieron que la reglamentación elaborada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, “profundizó las restricciones previstas en el texto original de la norma”.
El documento también cuestiona el impacto de la reforma sobre sectores vulnerables. Según señalaron las organizaciones, la normativa “deja aún más desprotegidas a las mujeres y los trabajadores informales” y desmantela los mecanismos estatales de control sobre las conductas ‘anti sindicales’ y los incumplimientos laborales y fiscales de las empresas. Asimismo, denunciaron que el gobierno desplegó las fuerzas de seguridad para “evitar la manifestación popular e intimidar a quienes disienten”.
“La presentación en la CIDH se centra en el embate que estamos teniendo los trabajadores y sus organizaciones desde que asumió Milei, que empezó con un ‘bombardeo legislativo’, con reformas que van en desmedro de los derechos adquiridos de quienes vivimos de trabajar y de nuestros colectivos”, adelantó Clara Clevalier, titular de CONADU y una de las encargadas de representar al FreSu en la audiencia de la semana próxima. En diálogo con Data Gremial, remarcó que “uno de los puntos que expresamos es que estas reformas incrementan la desigualdad y le empeorar la vida a las personas, en particular de las mujeres y las diversidades, ese es un punto importante en la presentación”.
Además de Chevalier, la delegación estará integrada por Rodolfo Aguiar (ATE), Pablo Biró, del gremio de pilotos (APLA), y Francisco Rabini (SIPREBA). También estará Mariana Amartino y Matías Cremonte, de AAL, y Diego Morales por el CELS. “El objetivo es hacer esta presentación para que el gobierno tenga que compadecer, esperando que tenga hacer una presentación y que haya una respuesta de la CIDH”, agregó la dirigente universitaria. Sobre las expectativas, Chevalier subrayó que se busca “ir tejiendo a nivel internacional, continuando el trabajo que hicieron las centrales en la asamblea anual de la OIT, para armar mojones en la normativa mundial sobre la gravedad que tiene este proceso argentino, que tantos derechos está vulnerando y tanto está afectando nuestras vidas”.
Antecedentes
Como marcaron del espacio combativo, la presentación en la CIDH es una “continuidad” de lo realizado en la cumbre de la OIT. En la asamblea anual, la normativa laboral del gobierno argentino queda bajo la lupa luego de la presentación realizada por las centrales obreras, que coincidió con un fallo clave de la Corte Internacional de las Naciones Unidas (ONU), que consagró la protección del derecho de huelga, que choca con varios punto claves de la reforma laboral libertaria. Además, en la OIT se aprobó un convenio sobre trabajo decente en aplicaciones digitales a contramano del sentido de un capítulo relacionado en la nueva ley.
La CIDH es un órgano jurisdiccional de la Organización de Estados Americanos y en la Argentina tuvo una actuación destacada cuando una delegación visitó la Argentina el 6 de septiembre de 1979 y se reunió con familiares de detenidos-desaparecidos y referentes de los organismos de derechos humanos en plena dictadura.
Al momento, el Ejecutivo no confirmó cuál será el funcionario que representará al país ante la CIDH, aunque según fuentes oficiales, podría asistir Carlos Foradori, representante argentino ante organismos internacionales, quien ya defendió la posición oficial durante la última conferencia anual de la OIT. Como dato anecdótico, el funcionario saltó a la fama luego de que el servicio exterior británico revelara que en 2016 firmó un acuerdo por las Islas Malvinas con ese funcionario en aparente estado de ebriedad.
Por último, destacó que toda la política laboral del gobierno libertario “combina el shock con la represión” y denuncia que “las fuerzas de seguridad fueron volcadas a las calles con el único objetivo de “evitar la manifestación popular e intimidar a quienes disienten”. También señaló que las represiones a la protesta social registraron “un ensañamiento especial respecto de las y los trabajadores de prensa y las personas mayores”.
Intervenciones
Otro de los temas que viene cuestionando el FreSu tanto a nivel local como en el ámbito internacional es el ataque a los gremios, en especial en el plano judicial.
El ejemplo máximo de esto es la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), integrante del espacio, que ya reúne a más de 140 organizaciones. A través de un comunicado consensuado en la última reunión del frente, se calificó la medida judicial como un “grave ataque” contra las organizaciones obreras y sostuvo que la resolución forma parte de una “persecución política, grosera y direccionada” contra la conducción de la UOM encabezada por Abel Furlán. Según el FreSU, el conflicto no puede analizarse de manera aislada, sino como parte de una avanzada contra los sindicatos que enfrentaron las políticas impulsadas por el gobierno de Javier Milei desde el inicio de su gestión.
En el documento, el frente recordó que la UOM fue uno de los espacios sindicales que promovió la articulación de gremios para resistir el DNU 70/23, la reforma laboral y el protocolo antipiquetes implementado por el Ejecutivo nacional.
“El ataque comenzó poco después de que la UOM fuera la casa donde nos encontramos las organizaciones sindicales que decidimos enfrentar los embates del gobierno nacional contra la clase trabajadora”, señalaron. El FreSU también apuntó directamente contra los jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Víctor Pesino y María Dora González, quienes firmaron el fallo de intervención. La coalición gremial destacó que ambos magistrados habían restablecido semanas atrás la vigencia de la reforma laboral impulsada por el oficialismo y cuestionó especialmente la continuidad de Pesino en el cargo luego de superar el límite de edad establecido para los jueces. Para el frente sindical, esa secuencia refleja una articulación entre sectores del Poder Judicial y el Gobierno nacional para disciplinar a las organizaciones gremiales.