Con la presentación del proyecto de Presupuesto 2027, comenzó la ardua discusión sobre el país que proyecta el gobierno de Javier Milei para el año que viene. Las primeras miradas marcan que el oficialismo plantea las mismas directrices de este año, manteniendo la motosierra como emblema del ajuste fiscal. En general, la iniciativa libertaria prevé una expansión del PBI del 4 por ciento, una tasa de inflación con una tendencia a la baja, con una estimación anual del 18 por ciento y una inflación promedio del 21,1 por ciento a lo largo del año. Además, entre los muchos indicadores económicos se destaca uno de especial interés para los trabajadores: el índice salarial.
Según los números proyectados por el ministro Luis “Toto” Caputo, el aumento nominal de los salarios superaría el índice de precios anual, toda una novedad para este año. Luego de tres años donde los ingresos se deterioraron notablemente –siendo el inicio del proceso de endeudamiento que se sufre en buena parte de los hogares del país –el presupuesto cree que habrá una recuperación superior a los cuatro puntos, tanto en el sector privado registrado como en el público. Los gremios miran con mucha desconfianza esta posibilidad, y aseguran que “los números son un dibujo” que no tendrán correlato con la realidad.
En el marco del ingreso a la cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto 2027 que determina las partidas de gastos en base a estimaciones de las principales variables económicas, se conoció que el gobierno nacional proyecta que los salarios recuperen terreno respecto a la inflación. Según las versiones periodísticas, la iniciativa libertaria prevé un incremento nominal del salario medio del 25,4 por ciento. Es decir, según las estimaciones oficiales, nominalmente los salarios superarían la inflación promedio por una diferencia de alrededor de 4 puntos porcentuales lo que podría marcar el inicio de una “recuperación real” de los ingresos.
Esto marca que se mantendrá el techo salarial impuesto este año con Economía, que puso como límite no escrito incrementos del 1-2 por ciento por mes, bajo amenaza de no homologar los convenios. La clave del dato es, según se desprende de los primeros análisis, que siga bajando el IPC, algo que a esta altura perece difícil.
Los antecedentes no favorecen el optimismo del gobierno nacional. La inflación proyectada por el presupuesta 2026 era del 10 por ciento anual, y en la actualidad ya está por encima del 30 por ciento, lo que hace pensar que la cifra para el año que viene está sub-valuada, una maniobra que suele usarse para disponer de recursos vía la recaudación sin asignar. “No esperamos que pase tal recuperación”, fue la respuesta más escuchada de la dirigencia sindical consultada por Data Gremial respecto de estos datos. También la mayoría habló de “dibujo” y desconfía que en un año electoral se vaya a lograr tal “prolijidad en los números”.
Además, en los gremios entienden que salvo algunas actividades o sectores que están siendo beneficiados por el modelo libertario, la mayoría de los rubros están en crisis por el ajuste y la baja del consumo, y no podrán recomponer los ingresos. “Pueden ganar los sueldos mineros, como este año, o los vinculados con hidrocarburos, pero si la actividad metalúrgica sigue cayendo, como hasta ahora, no se puede recuperar los ingresos como corresponde”, analizó uno de los dirigentes consultados. Incluso si esta suba nominal ocurriera, agregaron, todavía quedan los puntos perdidos en los años anteriores.
Sector estatal
Si la suba en materia de salarios parece lejana en el contexto actual, si se piensa en el sector público ya parece ciencia ficción. Es que el ajuste y el techo salarial es cada vez más grande en el Estado nacional, donde el gobierno despliega una estrategia de congelamiento, como denuncian dirigentes estatales. En un contexto donde el retroceso de los ingresos y su poder de compra seguirá aumentando, la base en la que partes los trabajadores públicos es muy baja, e incluso si se cumple la proyección oficial la pérdida serpa muy grande. Sólo basta mirar el último reporte de la junta Interna de ATE en el INDEC, que establece que “el salario estatal testigo perdió alrededor del 30 por ciento de su poder de compra desde la asunción de La Libertad Avanza y necesita un aumento del 42 por ciento para recuperar el poder adquisitivo de noviembre de 2023”. Muy lejos de esos 4 puntos que mejoraría si se cumplen las estimaciones del gobierno nacional.
Para Raúl Llaneza, referente de ATE-INDEC, “es muy difícil que se cumpla lo proyectado por el presupuesto, creo que no va a pasar”. Ante la consulta de Data Gremial, recalcó que hasta ahora el gobierno de Milei “está dando aumentos mensuales por debajo de la inflación”. El último acuerdo de la paritaria estatal nacional lo confirma. El incremento, que el gremio rechazó, fue de “apenas 1,9 por ciento en septiembre, 1,8 por ciento en octubre, 1,6 por ciento en noviembre y 1,5 por ciento en diciembre, que representa menos del 7 por ciento acumulado para los últimos cuatro meses, más un bono de 80 mil pesos”. “Desde ATE-INDEC venimos denunciando que estas pautas salariales consolidan la pérdida del poder adquisitivo y profundizan el empobrecimiento de los trabajadores estatales”, dijo Llaneza.
En este punto, criticó que el presupuesto 2027 “no tenga ninguna referencia a lo perdido este tiempo”. “Cuando los salarios no alcanzan para alimentos, alquiler, transporte, medicamentos y servicios, las familias se endeudan para poder llegar a fin de mes”, insistió.
Otros indicadores
El Poder Ejecutivo remitió al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027 apoyado en “un escenario de fuerte crecimiento económico, continuidad del proceso de desinflación y recuperación del poder adquisitivo de los ingresos”, según los argumentos expuestos. Esta propuesta sobre gastos y recursos proyecta tener un equilibrio fiscal ya que contempla un superávit primario de 1,3 por ciento del PBI, por debajo de la estimación para este año. En cuanto al tipo de cambio, el escenario oficial contempla un dólar promedio de 1.731,5 pesos durante 2027. Asimismo, se prevé que el tipo de cambio nominal alcance los 1.847,6 pesos en diciembre, lo que implicaría un incremento del 15,5 por ciento respecto del cierre previsto para 2026.
El proyecto presupuestario sostiene además que la economía continuará apoyándose en el equilibrio fiscal como ancla principal del programa económico. El mensaje oficial señala que la estabilidad macroeconómica, la reducción de la inflación y la expansión de la inversión privada constituyen las bases para sostener el crecimiento durante los próximos años. En términos fiscales, el articulado del proyecto prevé para 2027 un resultado financiero superavitario de 3,3 billones de pesos. Asimismo, estima gastos totales de la Administración Nacional por 202,1 billones de pesos y recursos por 202,3 billones, manteniendo la estrategia oficial de equilibrio de las cuentas públicas como eje de la política económica.
El texto incluye además modificaciones de fondo en materia previsional y de discapacidad. Entre otras medidas, propone derogar artículos de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad y modificar el régimen de prestaciones básicas para personas con discapacidad, aspectos que ya comenzaron a generar cuestionamientos de sectores de la oposición y organizaciones vinculadas al área.