Con una jornada de lucha que confluirá con científicos e investigadores en el obelisco, este miércoles los docentes y nodocentes universitarios volverán al paro para reclamarme al gobierno nacional que cumpla la ley de financiamiento del sector, y recomponga la pérdida salarial que tuvieron en el 2024, cercana al 30 por ciento. La reactivación del conflicto en la educación superior se dio pese al acta acuerdo firmada en junio, que mejoró los ingresos pero mantiene sin resolver lo sucedido en el primer año de la gestión libertaria. Como respuesta el Ministerio de Capital Humano informó que llamará a una reunión paritaria el próximo 1° de septiembre, dos semanas antes de la ya programa de acuerdo al convenio vigente. Ante esto, se generaron dudas respecto de su la reunión es un adelantamiento de la cumbre programa o un nuevo encuentro.
Desde el Frente Sindical de universidades Nacionales aseguran que se trata de lo segundo, lo que genera expectativas respecto a tratar ese porcentaje sin resolver de la pérdida salarial, el nudo de la conflictividad. Los científicos se pliegan a la jornada con campaña de difusión contra la expulsión de becarios.
El paro de los gremios universitarios será este miércoles, en todo el país. La acción principal será en el Obelisco, a las 16 horas, cuando la comunidad educativa confluya con los científicos para reclamar por la grave situación que sufren ambos sectores, ampliamente vinculados entre sí. “Por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y el acta firmada el 10 de junio”, explicitó la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) en la convocatoria. Es que ambas cuestiones están sobre la mesa.
Por eso, generó expectativas cuando el Ministerio de Capital Humano confirmó el llamado a un encuentro paritario el 1° de septiembre, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias. La cartera dijo que “continúa dando cumplimiento a las obligaciones correspondientes al sistema universitario nacional, tanto en materia de hospitales universitarios como en lo referido a la paritaria salarial y a los gastos de funcionamiento de las universidad nacionales”. En el comunicado, el gobierno sostuvo que “continúa dando cumplimiento al acta paritaria firmada el pasado 10 de junio con los gremios docentes y nodocentes universitarios”. “Los aumentos salariales acordados se están abonando de acuerdo con los montos, plazos y el cronograma establecidos oportunamente”, agregó la cartera que lidera Sandra Pettovello.
Estos dichos generaron versiones encontradas sobre la reunión de septiembre, y bajo qué paraguas se va a realizar, si con el acta acuerdo de junio o la Ley de Financiamiento Universitario, que un reciente fallo judicial ratificó nuevamente. Daniel Ricci, titular de FEDUN, confirmó que se trata de “un nuevo llamamiento a paritarias”.
“Nosotros entendemos que el encuentro programado para el 15 de septiembre sigue vigente, y el del 1° es el que venimos reclamando, para tratar la ley”, le dijo a Data Gremial. Esto quiere decir que los gremios esperan que en la reunión se trate la pérdida salarial del 2024, y luego e analice el comportamiento de los ingresos en el trimestre junio-julio-agosto, y se otorgue un nuevo aumento. “Es reclamo es claro, que se pague esos 30 puntos que quedan pendientes”, insistió Ricci, que llamó a sumarse a la movilización de esta semana.
El dirigente confirmó tienen acordado con FATUN “en caso de no obtener respuestas favorables del Poder Ejecutivo Nacional en las próximas semanas, un paro de actividades de 48 horas para el 27 y 28 de agosto”, en la previa a la reunión adelantada por el gobierno. “Este aumento se viene negando hace 300 días”, destacó el diferente, que llamó a marchar y “rechazar las políticas universitarias de este gobierno”.
Plan de lucha
En medio del llamado a movilizarse, el gobierno insistió con sus críticas a la medida de fuerza, y afirmó que “se trata de un paro ilegítimo, que responde a motivaciones políticas y no tiene como prioridad la educación”.
Para reforzar esta idea, publicó en la página web de Capital Humano el desagregado de las asignaciones presupuestarias giradas a las universidades. Pero los gremios insisten que el nudo del conflicto es el no cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, pese a la medida cautelar que obliga a actualizar salarios y becas, entre otras obligaciones. En su reciente plenario de secretarios generales, la CONADU no sólo se sumó al paro de hoy miércoles, sino que adelantó nuevas acciones, como la realización de las denominadas “carpas por la universidad y la soberanía” entre el 18 y el 21 de agosto, frente al Palacio Pizzurno y en diferentes ciudades, mientras que el 27 y 28 de agosto habrá un paro nacional de 48 horas. Todo antes del llamado a paritarias, que la titular del gremio Clara Chevalier recordó se hizo en unidad a mediados de julio. “Este requerimiento de paritaria se enmarca en la normativa que regula la negociación colectiva”, le dijo a Data Gremial.
Chevalier explicó que “para cumplir la Ley de Financiamiento Universitario en general y la cautelar en particular el gobierno debe proceder a ejecutarla tal como se lo ha indicado el Poder Judicial en sus más altas esferas”. Es decir, pagar esos 30 puntos de retracción salarial, entre otras cuestiones. “Los cierto es que desde el fallo de la Corte Suprema de Justicia el gobierno ha tenido un comportamiento caprichoso, tratando de incumplir todo lo posible el acta acuerdo de junio”, recalcó la titular de CONADU.
En ese punto aclaró, “se restringió a ejecutar los fondos relativos a salarios porque las universidades ya habían pagado aguinaldos con el instructivo de liquidación enviado por el ministerio”. Además, Chevalier recalcó que los fondos para gastos de funcionamiento “no fueron enviados, generándose situaciones de mucha gravedad sobre todo en universidades de reciente creación”. De esta forma, se contradice con lo dicho por Capital Humano.
Los reiterados fallos judiciales no hacen más que darle la razón a los gremios de docentes y nodocentes. La semana pasada, la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal removió el último obstáculo procesal y el expediente regresó al juzgado de primera instancia. Allí ya se encuentra presentada una solicitud del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para que se ejecute de manera inmediata la medida judicial. La respuesta es el llamado del 1° de septiembre, del cual, admite Chevalier, “no hay ninguna expectativas en lo que vaya a plantear el gobierno”. “Pero tenemos la certeza de que es gracias a la pelea de quienes sostenemos la universidad pública y la sociedad en su conjunto que el gobierno no logro arancelar ni eliminar nuestro sistema universitario nacional que tanto orgullo nos produce”, concluyó. El plenario de CONADU resolvió que si para el próximo encuentro paritario persiste el incumplimiento de las demandas, “las medidas de fuerza serán profundizadas”.
“Ponete la camiseta”
En tanto, la jornada de este miércoles cuando los docentes y nodocentes universitarios reclame por sus salarios los investigadores y científicos se sumarán a la medida de fuerza, para apoyar el reclamo, ya que el 80 por ciento del sector cumple tareas en las universidades nacionales. Además, llevarán sus reclamos sectoriales, a partir de una campaña propia para denunciar el desguace del sector científico-tecnológico, que incluye los 400 becarios posdoctorales recientemente expulsados del CONICET.
“Ponete la camiseta en defensa de nuestra ciencia, nuestra educación y nuestra soberanía”, resalta la convocatoria a la marcha de este miércoles a las 16 horas en el Obelisco y varias plazas de todo el país. Los organizadores invitaron a asistir “con camisetas o banderas argentinas como símbolo de respaldo al sector”. Como parte de la convocatoria, se presentó un nuevo informe del Grupo Economía, Política y Ciencia del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIICTI), que registró el “derrumbe acumulado de la inversión en ciencia y tecnología, que ya llega al 46 por ciento desde que asumió Javier Milei”.
Mediante un comunicado con la firma del director del Grupo EPC, Nicolás Lavagnino, se señaló que “estas cifras suponen un deterioro masivo de la inversión pública, que es la principal fuente de financiamiento de la ciencia en nuestro país, y expresan un condicionamiento estructural al futuro del sector en nuestro país”.
Como se puede observar en el reporte, al que tuvo acceso Data Gremial, el ajuste en ciencia “es transversal y afecta a todos los organismos: el área celeste representa el presupuesto en 2023 y el área violeta al de 2026”. La desarticulación de capacidades científicas alcanza a todo el sistema. En su último informe que contiene el análisis pormenorizado del presupuesto en ciencia, tecnología y universidades, el Grupo EPC señaló que “la Agencia I+D+I es el organismo del sector más perjudicado ya que perdió el 87,8 por ciento de su presupuesto en los últimos tres años”. Por último, la degradación del ex Ministerio de Ciencia y Tecnología a una subsecretaría, hoy acéfala, en la órbita de la Secretaría de ICT se plasmó presupuestariamente en “una caída del 85,3 por ciento de la ejecución de su presupuesto, medida en términos reales entre 2023 y 2026”. Para el año en curso, “la proyección del presupuesto genuino de la Secretaría cae un 2,4 por ciento interanual”. Así, explica el informe, se ubicará a 90,5 puntos reales por debajo del máximo de 2014 y a 82,9 puntos del nivel que tenía en 2007.