Afuera, una violenta represión que dejó como saldo varios heridos y detenidos. Adentro, una maniobra del Gobierno nacional que evitó la sesión que podría terminar con el DNU 70, alma de su gestión. En el medio, una multitud que volvió a marchar para apoyar la universidad pública y repudiar el desfinanciamiento crónico libertario. Las distintas caras que mostró la jornada del jueves se completan con una lluvia que atentó contra la masividad de la movilización, pero que no pudo impedir que, una vez más, el tema de la Ley de Financiamiento Universitario quedara en el centro de la escena. Además, las postales vistas en CABA forman parte de un entramado federal de reclamos que llenó las plazas de las grandes ciudades y que, según el Frente Sindical de Universidades Nacionales, movilizó nada menos que a un millón de personas en todo el país. Todas bajo una misma consigna: defender la educación superior.
Parte de ese espíritu se vio en el cierre abrupto del acto central, cuando los gases lacrimógenos terminaron por afectar a oradores y manifestantes, lo que llevó a decidir el levantamiento de la actividad. “Vamos a dejar la vida por la universidad pública, el presidente se va a ir de la Casa Rosada y nosotros vamos a seguir acá, porque somos la democracia”, arengó el representante de la FUA bajo una intensa lluvia y en medio de los gases que hacían irrespirable el aire. Fue el cierre de la jornada, pero también una parte más de esta pelea que lleva años y que sigue en un escenario de indefinición.
La esquina de la avenida Rivadavia y Callao fue el sector donde se produjeron los primeros enfrentamientos, que incluyeron el lanzamiento de piedras hacia los efectivos, quienes respondieron con gases y el uso de camiones hidrantes, mientras se desarrollaba el acto central de las universidades. La falta de quórum anticipada en la sesión de Diputados diluyó las consignas contra el DNU 70, y todo se centró en la pelea por la Ley de Financiamiento Universitario.
Las organizaciones convocantes aseguraron que las casas de altos estudios “están en serio riesgo de no poder sostener sus funciones el año que viene”, por lo que también reclamaron por el presupuesto 2027. La quinta marcha contó con el apoyo de la CGT, las dos fracciones de la CTA, la UTEP, agrupaciones de izquierda, la UCR y la militancia peronista, que estuvo dividida entre las filas de La Cámpora y el Movimiento Derecho al Futuro, que encabeza el gobernador Axel Kicillof.
En este contexto, y pese a los problemas climáticos y la violenta represión, Daniel Ricci, titular de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), dijo que el balance general de la marcha “fue muy positivo, hubo un millón de personas en todas las plazas de la Argentina”. En diálogo con Data Gremial, el dirigente destacó que “hubo mucha gente que no pudo llegar al Congreso, incluso las columnas llegaron a la 9 de Julio”.
En este sentido, Ricci resaltó que “volvimos a llenar las calles de la Argentina en defensa de la universidad pública y para exigir que el Gobierno cumpla la Ley de Financiamiento Universitario”. Sobre la represión policial, el dirigente la calificó de “lamentable” y la vinculó con “un intento de que no se haga el acto, pero se logró hacerlo igual”. “No van a detenernos”, agregó.
Por eso, Ricci adelantó que “seguiremos adelante con el plan de lucha, porque además vamos a garantizar que en el presupuesto 2027 se incorpore el financiamiento a la educación superior”. En este sentido, desde FEDUN remarcaron que “haremos todas las marchas que sean necesarias hasta que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario y se garantice el futuro de nuestras universidades”.
En tanto, desde el sector nodocente también destacaron la importancia de la marcha, que congregó a “vastos sectores de la comunidad, muchos de ellos organizados, muchos inorgánicos, pero que siempre acompañan esta lucha y templan el espíritu para lo que viene”. Así lo expresó Julián Di Silvestro, titular de la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de Lanús (ATUNLA) y miembro de la conducción nacional de FATUN, en diálogo con Data Gremial.
Muestra de apoyo
Los organizadores coincidieron en dos cuestiones centrales: la masividad del evento, pese a las condiciones climáticas que no permitieron el normal desarrollo de las actividades, y el respaldo a la causa universitaria, que quedó en evidencia a pesar de la lluvia.
Al respecto, Di Silvestro destacó el carácter federal de la jornada, “sobre todo en ciudades donde las universidades son eje central de la vida comunitaria y tienen un rol central, por eso fue una marcha muy federal”.
Pese a esto, el dirigente nodocente no tiene mayores esperanzas de que el Gobierno cumpla con la ley o con las órdenes judiciales, que son numerosas y contundentes respecto de la norma. “Esperamos el cumplimiento de la ley, que se haga efectivo, porque vivimos en un sistema republicano y la norma está avalada por el Congreso con el gran apoyo de la ciudadanía”, recalcó el también integrante de la FATUN.
En este sentido, sorprendió que la Justicia diera lugar a la nueva apelación del Gobierno y dejara sin efecto las sanciones económicas impuestas por cada día de incumplimiento de la normativa.
Si la comunidad volvió a marcar su irrestricto respaldo al sistema universitario, la respuesta del Gobierno fue una represión que, simbólicamente, se produjo a espaldas de esa marcha, detrás del escenario central. Los incidentes comenzaron con la presencia de algunos encapuchados y dieron paso a un feroz operativo que duró muchas horas, incluso después de la desconcentración de la multitud.
“La represión es la manifestación de impotencia ante la expresión popular en democracia, la libertad de salir y manifestar nuestras posiciones”, subrayó Di Silvestro, quien calificó de “Estado policial” el modelo que intenta imponer el Gobierno de Javier Milei, que busca “fortalecer el núcleo duro que festeja que se le pegue a discapacitados y jubilados”.
Sin embargo, desde FATUN aseguran que, si bien “no naturalizamos ni aceptamos” esta situación, no le dan centralidad en una jornada tan importante. “Qué se puede esperar de un burro más que una patada”, sintetizó con ironía el dirigente nodocente.
Documento
Durante el acto, que finalizó antes de lo previsto por los efectos de los gases lacrimógenos, se leyó un documento “firmado en defensa de la educación, la soberanía y la democracia” por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y los gremios del sector, entre otros. El texto sostuvo que “sin educación pública, sin profesionales de excelencia y sin desarrollo científico soberano, no existen posibilidades reales de consolidar un país con equidad, autonomía y desarrollo social”.
En el documento remarcaron la importancia de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y exigieron su cumplimiento. Al mismo tiempo, destacaron que tanto el Poder Judicial como el Congreso avalaron su vigencia mediante medidas cautelares y leyes que, a su vez, obligan al Ejecutivo a aplicarla de manera inmediata.
Asimismo, criticaron al Gobierno nacional por el decreto DNU 70/23, al que rechazaron abiertamente, y cuestionaron la negativa oficial a cumplir las leyes y los fallos judiciales. También advirtieron sobre el “riesgo institucional” que atraviesan las universidades y la intención manifiesta del presidente Javier Milei de gobernar mediante “Decretos de Urgencia”.
“Convergemos con el gran reclamo ciudadano que ha adquirido un carácter de urgencia y que es la derogación del DNU”, agregaron.
Por otra parte, reivindicaron “los pilares históricos del modelo universitario argentino”, como la gratuidad, la autonomía, el cogobierno, el ingreso irrestricto, la territorialidad inclusiva y el rol que las universidades tienen dentro de nuestra Nación como espacios de movilidad social ascendente y justicia social.
En otro orden, denunciaron que el proyecto de Presupuesto 2027, presentado por el Ejecutivo nacional, es el más bajo de la historia, con menos del 1 por ciento del PBI, y no contempla las partidas previstas en la Ley de Financiamiento Universitario. En contraposición, respaldaron la propuesta del CIN, que plantea un incremento del 33,4 por ciento respecto del proyecto oficial.
También manifestaron su preocupación por el desfinanciamiento del sector científico, el éxodo de investigadores, la caída en la adjudicación de becas estudiantiles y la paralización de proyectos que ponen en riesgo la soberanía del conocimiento.
Salarios a la baja
La nueva marcha universitaria se produjo en el marco de la pulseada para lograr que se cumpla la Ley de Financiamiento, que debe actualizar los salarios de docentes y nodocentes, una cuestión que quedó pendiente tras el acta acuerdo de junio, hoy virtualmente incumplida.
Pese a las numerosas órdenes judiciales, sigue faltando que se compense lo perdido entre 2024 y 2025. Esa pérdida supera el 30 por ciento, según el último informe conjunto de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) y el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIICTI), que registró “un nuevo derrumbe de universidades” en la antesala de la jornada de movilización.
“Desde noviembre de 2023, los precios medidos por el IPC-INDEC se incrementaron un 344,4 por ciento, mientras tanto los salarios de los trabajadores docentes, investigadores y nodocentes de las universidades nacionales de todo el país acumulan un incremento nominal del 236,6 por ciento en todo el período, lo que supone un retraso del 24,3 por ciento en términos reales”, destacó el trabajo, al que tuvo acceso Data Gremial.
Con esos números, los salarios en las universidades nacionales y en todo el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación “consolidan sus pérdidas, manteniendo los ingresos del sector en niveles históricamente bajos”.
En este punto, el reporte asegura que “para volver a tener el poder adquisitivo de noviembre de 2023, los salarios en universidades nacionales deberían incrementarse un 32 por ciento”.
A su vez, el retraso de los salarios y estipendios del CONICET “alcanza tal grado que para volver a tener el mismo poder adquisitivo que tenían antes del inicio del gobierno de Javier Milei deberían tener un incremento nominal del 67,6 por ciento”. Se trata del sector científico más golpeado en el período.
Por último, los trabajadores de ciencia que desarrollan tareas en el marco del convenio de organismos del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) se encuentran también un 32 por ciento por debajo de su nivel al inicio de la gestión del actual Gobierno. Entre ellos, se destacan quienes desarrollan tareas en el INTA, el INTI, la CONAE y el Servicio Meteorológico Nacional, entre otros.