“El plan motosierra no se negocia”. En una entrevista televisiva, el presidente Javier Milei ratificó el ajuste de las cuentas públicas como su principal política para combatir la inflación y la crisis económica. Esta medida abarca cada vez más sectores, y puso en “guerra” a la Nación con las provincias.
En los últimos días, el gobierno nacional confirmó que no enviará los recursos para completar el salario de los docentes, lo que pone en peligro el inicio del ciclo lectivo 2024. A esto se le suma el efecto de la falta de recursos coparticipables en los sistemas de salud, como explicaron gremios médicos. Esta semana, la tijera presidencial llegó al transporte público.
La decisión de dejar de enviar fondos a las comunas del interior del país para subsidiar la tarifa de colectivos paree el primer paso de una nueva configuración del sector, que teme que haya un colapso en el sistema.
Esto, alertó el principal gremio de colectiveros, pone en peligro “miles de puestos de trabajo”, ya que muchas empresas no llegarán a cubrir los gastos, y podrían quebrar. Además, se teme un “efecto dominó”, que aumente otras tarifas, como pasa en la Ciudad de Buenos Aires con el subte, que confirma un importante aumento de la tarifa para usar las líneas porteñas.
El recorte de fondos para el transporte público es la nueva alarma que existe en las provincias, desde que la semana pasada se confirmó que se dejará de subsidiar el pasaje de colectivos en distintas ciudades del interior. A esto se le suma la situación que se vive en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, donde no hay acuerdo sobre el sostenimiento de los recursos para sostener el servicio.
Ante esto, las cinco cámaras de empresas de colectivos del Área Metropolitana Buenos Aires enviaron una carta documento al ministro de Economía, Luis Caputo, en reclamo por el incumplimiento del “marco normativo que determina el ingreso que necesitan los operadores de colectivos de la región para operar los servicios del transporte y advirtieron que en caso de no lograr una pronta solución los servicios se paralizarán en pocos días”.
“De no publicarse una nueva estructura de costos durante esta semana, el sistema de transporte de la región metropolitana se encamina a una paralización no deseada por los operadores, pero a la que no pueden evitar”, advirtieron en uno de los párrafos.
La carta documento advirtió que “de no adoptarte estas medidas en forma perentoria, los servicios se paralizarán en pocos días al haber agotado los recursos ordinarios para operar el último mes y haber agotado lodo tipo de créditos y reservas financieras”. También reiteraron que “el costo reconocido mediante una estructura de costos con parámetros auditables al 1° de diciembre de 2023, ya tenía un déficit por haber sido calculados con precios de setiembre de 2023”.
La nota fue suscripta por la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA); Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA); Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), Cámara de Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA) y Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (CEUTUPBA).
En el documento, al que tuvo acceso Data Gremial, las entidades señalaron que “el reciente aumento del boleto mínimo a 270 en la zona del AMBA implica una tarifa promedio de 200 pesos por usuario luego de todos los descuentos que hay por boleto integrado y atributo social. El estado aporta 400 por viaje en una cuenta que no se actualiza desde noviembre cuando se calculó con precios de la economía de agosto y setiembre”.
En ese sentido, agregaron que hoy se reciben “600 pesos por viaje cuando el costo es de 1000" y que "no se cumplió el compromiso de actualizar las cuentas y la determinación de subsidios luego del ajuste de tarifa y la paritaria firmada con UTA con lo cual los operadores no tienen forma ni medios materiales para cumplir lo acordado con UTA ni siquiera garantizar la continuidad de los servicios en los próximos días”.
Advertencia de la UTA
En tanto, en el gremio de los choferes de colectivos saben que si se llega al temido colapso, se perderán muchos puestos de trabajo. Por eso, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) expresó su “preocupación” por el precio de las tarifas de transporte en el AMBA y las provincias del interior, luego de la quita de subsidios llevada adelante por el gobierno de Milei.
A través de un comunicado de prensa, el gremio conducido por Roberto Fernández, remarcó que “es responsabilidad exclusiva de las autoridades la determinación de las políticas públicas en materia de transporte de pasajeros ya que la actividad, en nuestro país, se encuentra regulada como un servicio público”, señaló el gremio.
UTA manifestó su preocupación “por las posibles consecuencias que generará la medida sobre el desenvolvimiento de la actividad y su repercusión sobre la fuente de empleo de los más de 80 mil compañeros trabajadores”, alertó la entidad sindical.
El gremio instó a las autoridades nacionales y provinciales a “asegurar las condiciones que permitan la continuidad del servicio público en todo el país, advirtiendo que la suba de las tarifas debe encontrar equidad y proporcionalidad con los ingresos de los trabajadores y sectores más vulnerables que son los principales usuarios del transporte urbano de pasajeros”, exhortó la organización.
Desde UTA manifestaron que “de no tenerse en cuenta esto, resultará insuficiente el sostenimiento del beneficio del Atributo Social, medida que compartimos y que confiamos no será alterada o distorsionada por decisiones políticas económicas”, enfatiza el comunicado. Finalmente, el gremio exigió que la solución a la crisis del transporte en ciernes, sea “con la participación de todos los actores, gobiernos, trabajadores y empresas” y que agregó que “decisiones unilaterales o apresuradas solo conducirán a una profundización de la crisis”, concluye el comunicado.
Aumento en el subte
En tanto, lo que pasa en los colectivos se extiende a otros medios de transporte, lo que puede generar una “cascada” de aumentos que complique la economía de los trabajadores.
En el caso del subte, por ejemplo, a través de una serie de decretos publicados ayer miércoles en el Boletín Oficial de la CABA el Poder Ejecutivo convocó a audiencias públicas para el 15 de marzo, con el fin de abordar el ajuste tarifario. Según la convocatoria oficial, en el caso del subte la actualización “responde a un incremento de los costos de explotación del 111,01 por ciento entre julio y diciembre de 2023”. Esto hará que la actual tarifa de 125 pesos pase en abril a 574 pesos, y llegue a los 505 pesos en junio próximo.
“Vamos a participar de las audiencias pública con nuestra postura histórica: el transporte no es una mercancía”, le dijo a Data Gremial la secretaria de Comunicación de la Asociación gremial de trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP), Andrea Salmini. Antes, la próxima semana, los metrodelegados se reunirán y discutirán en asamblea la postura, que se viene manteniendo desde hace años. “El transporte es un derecho, imprescindible para el desarrollo de nuestro país”, agregó Salmini.
El aumento planteado por la Ciudad de Buenos Aires es mayor para quienes no tengan la tarjeta SUBE registrada, boleto costará 859,07 pesos desde abril -que según el Gobierno porteño es el valor real de cada viaje- y el del premetro 300,67 pesos.