A fines de agosto, se cumplió un año del cierre intempestivo de Cerámicas ILVA, la empresa ubicada en el Parque Industrial de Pilar que aquel día del 2025 les anunció a sus operarios por WhatsApp que la planta estaría cerrada por el fin de semana, pero que nunca más levantó sus persianas.
En el medio, le envió telegrama de despido a los 300 trabajadores, a quienes les adeudaba dos meses de salarios, además de las indemnizaciones, en un plantel con empleados con 10, 20 y hasta 30 años de antigüedad. Para reclamar esos pagos, se montó un acampe frente a la firma, que hoy día se mantiene, con un esfuerzo titánico de los cesanteados, que en este tiempo tuvieron que compartir su tiempo entre sostener la lucha y sostener a sus familias. La gran mayoría, admiten, terminaron en changas o trabajos de aplicación, en condiciones de casi explotación, sin ningún beneficio. Este salto de la formalidad a la informalidad es algo común desde que Javier Milei es presidente.
La mayoría de los trabajadores expulsados del empleo registrado no pudo volver a esa condición, ya que el mercado de trabajo casi no produce esos puestos, y debió ocuparse en la economía popular. Un reciente informe confirma esta tendencia con números, ya que son 350 mil las personas que dieron ese salto.
La destrucción del empleo formal y su casi inmediata paso a la economía popular es una tendencia que crece desde que asumió la gestión libertaria. Desde 2024, más de 350 mil personas se incorporaron a trabajos precarios, mientras retrocedieron el empleo público y los puestos privados registrados.
Así lo determinó un análisis en base a datos oficiales del Instituto Argentina Grande (IAG), elaborado a partir de la Encuesta Permanente de Hogares correspondientes al primer trimestre de 2026. El relevamiento determinó que “el 45,2 por ciento de las personas ocupadas se encuentra en condiciones de desprotección laboral”. La categoría incluye a quienes trabajan “sin aportes jubilatorios, continuidad, capital propio o una estructura laboral estable”. “Muchos de los trabajadores que salieron del sector formal recurrieron a changas, actividades informales o tareas por cuenta propia para sostener sus ingresos”, reconoció la entidad.
Aunque estas personas continúan apareciendo en las estadísticas como ocupadas, explicó el informe al que tuvo acceso Data Gremial, “sus nuevas actividades no necesariamente garantizan un salario regular, vacaciones, cobertura de salud, indemnización, licencias ni aportes para la jubilación”. El fenómeno revela que la pérdida de puestos registrados “no está siendo compensada por empleos con derechos y remuneraciones equivalentes”. En su lugar, crecen “modalidades laborales más inestables y con menores niveles de protección”.
Según advierte el IAG, la precarización también está acompañada por “una fuerte brecha de ingresos”. Durante el primer trimestre de 2026, el ingreso promedio de los trabajadores se ubicó en 1.076.056 pesos mensuales. Los cuentapropistas percibieron alrededor de 524 mil pesos, un 51 por ciento menos que el promedio general. Entre los asalariados informales, el ingreso mensual rondó los 700 mil y quedó un 35 por ciento por debajo de la media.
La diferencia económica se suma a la falta de aportes y cobertura social. De esta manera, dice el reporte, “quienes se incorporan al mercado laboral mediante actividades informales enfrentan menores ingresos presentes y también una mayor vulnerabilidad futura”. La expansión del trabajo no registrado repercute, además, sobre el sistema previsional, las obras sociales y la representación sindical. Cada vez más personas quedan fuera de los convenios colectivos y de las herramientas tradicionales de protección laboral.
En primera persona
Con los datos en la mano, queda claro que en la era libertaria perder el empleo formal es una condena a la informalidad, lo que no sólo complica la vida diaria, sino al mismo sistema laboral, ya que estos trabajadores no aportan a la seguridad social –especialmente obras sociales sindicales –ni a la caja jubilatoria.
El tránsito además deja a las familias sin muchos beneficios. “Se hace muy complicado, vivir en este país está complicado, imagínense sin trabajo”, dijo Marcelo Barrionuevo, uno de los despedidos de ILVA, que se mantiene firme en el acampe frente a la planta. En diálogo con Data Gremial, recordó que la mayoría de los trabajadores de ILVA “teníamos más de 10, 15 años adentro de la empresa, incluso algunos a punto de jubilarse, con 30 años de antigüedad”. Por eso, fue más difícil reincorporarse a la actividad formal. “Muchos compañeros tomaron trabajos informales, se hicieron choferes de aplicación, además de las famosas changas, y hacen trabajos de albañilería, de pintura, pero está difícil porque la situación económica del país es muy grave”, describió Barrionuevo.
Al cumplirse el año del cierre hubo un acto, donde ratificaron su voluntad de mantener la lucha, pese a las enormes dificultades. Como explica Barrionuevo “seguimos en el acampe, resistiendo, es muy duro, pero estamos. Pasó más de un año, pero estamos gracias a la Agrupación Obrera Ceramista Filial Nº 2, que nos sigue respaldando”. En cuanto a la pelea diaria, el despedido admitió que “lo que más te cambia es que pasás de una economía estable, con un sueldo mensual, por decisión de estos señores feudales nos dejaron sin nada, a no sabés cuánta plata vas a tener”.
Por eso, asegura que “la decisión de ILVA es cruel, descarada, porque dejar a 300 personas en la calle sin nada, nos tiraron a la calle y nos dejaron sin nada”. Por ahora, el acampe se mantiene, porque los trabajadores no resignan sus derechos. “Esperamos que el juzgado habilite alguno de los pagos, nosotros nos quedamos cuidando el material, lo que pedimos al juez que tenga un poco de empatía y consideración y libere los fondos, para nosotros es una necesidad”, marcó Barrionuevo.
Respecto a este pedido, el caso continúa bajo análisis judicial. Desde octubre de 2025 tramita ante el Juzgado Comercial N° 12 de la Capital Federal un pedido de concurso preventivo de la empresa. En marzo de este año, la Justicia ratificó la intimación a ILVA para que deposite obligatoriamente el 3 por ciento de sus ingresos brutos con el objetivo de atender el régimen de “pronto pago” destinado a los créditos laborales. Sin embargo, pese a esa medida, hasta el momento los trabajadores no recibieron sus indemnizaciones, ni siquiera de manera parcial.
En mayo, además, la cámara rechazó una medida cautelar presentada por ILVA para evitar que Edenor suspendiera o interrumpiera el suministro eléctrico en su sede debido a las deudas acumuladas. La Justicia también le negó a la empresa autorización para vender activos. Según se consideró, no se habían presentado ofertas concretas ni información actualizada que permitiera conocer el estado real de cumplimiento del acuerdo o de las operaciones de la firma.
Jóvenes en la ruta
El pase al mercado informal de los trabajadores despedidos como los de ILVA se hace fundamentalmente por dos vacías: la de las changas o las plataformas. La primera parecería estar más vinculada a los mayores, mientras que la segunda a los jóvenes, que según el trabajo del IAG tiene niveles de precarización muy altos, y aparecen entre los sectores más afectados por el deterioro de la calidad del empleo. “La tasa de desprotección laboral en este grupo pasó del 53 por ciento en 2024 al 62 por ciento en 2026, un incremento de nueve puntos porcentuales en dos años”, confirmaron los datos.
Entre los varones jóvenes se perdieron 30 mil puestos en el sector público y otros 96 mil empleos privados protegidos. En total, “desaparecieron 126 mil trabajos considerados de calidad para ese segmento”. Parte de quienes quedaron fuera del sistema formal se volcó a actividades precarias. Como resultado, el número de varones jóvenes dentro del universo de trabajadores desprotegidos aumentó en 65 mil.
Este desplazamiento muestra que el principal problema no se limita a la posibilidad de conseguir una ocupación. También alcanza las condiciones de contratación, la estabilidad y los ingresos disponibles para quienes ingresan o intentan permanecer en el mercado de trabajo. Y en eso las apps son la principal forma de ocupación.
“Nosotros venos ese traspaso del trabajo formal a la informalidad y el trabajo de plataforma”, sostuvo Leandro Hidalgo Robles, referente de la zona sur del conurbano del Sindicato de Trabajadores de Reparto por Aplicación (SITRAREPA). Según le dijo a Data gremial, “un sector de los nuevos trabajadores de reparto por aplicación y de plataformas en general es gente que perdió el trabajo por los cierres de empresas”. Otro, agregó, es gente “con empleo formal que no le alcanza el salario y complementa con esta ocupación, eso pasa mucho también”. “Cuando el presidente Milei dice que creció el empleo, cuenta este tipo de ocupaciones informales, lo que debería decir es que aumenta el empleo precarizado”, concluyó Hidalgo Robles.