Según todas las estimaciones, la semana que viene se tratará en la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Gobierno nacional. En medio de las negociaciones, el oficialismo ofrece distintas concesiones a sus aliados para intentar sostener los principales lineamientos de la proyección de gastos para el año que viene. Ante este escenario, distintos sectores presionan para evitar lo que a todas luces representa una “continuidad del ajuste”, con algunos ejemplos claros. Uno de ellos es el universitario, donde los rectores alertaron que las partidas destinadas a la educación superior están “un 30 por ciento por debajo” de las proyecciones realizadas por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), presentadas en septiembre pasado en la ciudad de Bariloche.
“Sepan los legisladores que si avalan este proyecto de presupuesto, que no contempla los recursos proyectados en una ley aprobada por el mismo Congreso (en referencia a la Ley de Financiamiento Universitario) ni modifica nada de lo propuesto para universidades, estarán dando el golpe de gracia a la universidad pública argentina”, publicó esta semana Franco Bartolacci, presidente del CIN, en redes sociales. A esto se suma la proyección del ajuste, que, según un reciente informe, se profundizará durante los tres primeros años de gestión libertaria y le habrá quitado al sector 5,3 billones de pesos.
El dato surge del último reporte conjunto de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) y el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIICTI), que en su informe número 17 analiza el retraso presupuestario y la caída de los salarios de docentes y nodocentes. Según el reporte, la proyección de la ejecución presupuestaria a octubre de 2026 “mantiene el ajuste en el sector universitario, con una leve mejora real del 2,6 por ciento en la ejecución anual del presupuesto, pero una caída del 22,1 por ciento desde 2023 y del 33 por ciento desde 2015”.
Así, el financiamiento universitario representará “el 0,536 por ciento del PBI en 2026 (0,712 por ciento en 2023)”. Con estos datos, el reporte al que tuvo acceso Data Gremial ratificó que el Gobierno “debería ampliar en 1,58 billones de pesos el Crédito Vigente 2026 para cumplir con la Ley de Financiamiento este año”. Además, en tres años el Gobierno de Milei “le quitó al sector 5,3 billones de pesos”.
La cuestión presupuestaria no suele ocupar el primer plano de los reclamos universitarios, pero es clave para el normal funcionamiento del sector. El Frente Sindical de Universidades Nacionales mantiene vigente el reclamo, mientras que los rectores siguen en alerta porque ese 30 por ciento representa una importante cantidad de recursos y anticipa un año muy complejo y conflictivo.
Según los datos de la FEDUN y el CIICTI, la Secretaría de Educación proyecta “un deterioro de su financiamiento de un 5,6 por ciento real en 2026, tras caer un 41,3 por ciento en 2024 y un 5 por ciento en 2025. En el acumulado de los tres años, el presupuesto del ex Ministerio de Educación declina un 47,4 por ciento desde 2023”.
Además, el presupuesto de la Administración Pública Nacional destinado al sector científico y tecnológico también profundiza su “brutal caída”. Se trata de un dato relevante porque muchos científicos realizan sus investigaciones en las universidades. Así, el presupuesto del área se deterioró un 42,6 por ciento en términos reales en 2026 respecto de 2023. Tras caer un 29,7 por ciento en 2024 y un 14,9 por ciento en 2025, se proyecta una nueva caída del 4 por ciento en 2026.
Jornada de protesta
En el proyecto elaborado a mediados de septiembre por los rectores del CIN, se estima que los fondos que necesitarán las universidades en 2027 para funcionar ascienden, según los cálculos de inflación, a 11 billones de pesos. Esos recursos se distribuirían de manera desigual, de acuerdo con el tamaño de cada institución, entre las 61 casas de estudios superiores.
Sin embargo, en el proyecto del Gobierno el ajuste es del 34 por ciento, ya que pretende otorgar apenas 7,2 billones de pesos. Por eso, si no se modifican esas cifras, 2027 será posiblemente el peor año de la gestión libertaria para las universidades.
Frente a este escenario, los gremios convocaron a una jornada nacional de protesta para el próximo 25 de noviembre, con actividades en todas las universidades nacionales y en el Congreso, ante la posibilidad de que ese día se trate el proyecto del oficialismo. La medida apunta a reclamar “un presupuesto que garantice el funcionamiento de las casas de estudio, la recuperación salarial y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario”.
Desde la FEDUN le confirmaron a Data Gremial que ese día “habrá una vigilia y muchas actividades, porque el tema del presupuesto es clave para lo que pueda pasar el año que viene”.
En este sentido, el gremio que conduce Daniel Ricci sostuvo que “no alcanza con discutir partidas presupuestarias, es necesario garantizar los recursos para el funcionamiento de las instituciones, la investigación científica y, fundamentalmente, salarios dignos para quienes sostienen la educación pública”.
La FEDUN también volvió a exigir el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, en medio de un conflicto que continúa abierto por la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y el desfinanciamiento de las universidades.
Los salarios siguen cayendo
En cuanto a los ingresos, el informe conjunto de la FEDUN y el CIICTI analizó los salarios de las universidades nacionales, que continúan “en estado crítico”. Según los datos oficiales, los haberes cayeron “un 23,6 por ciento desde noviembre de 2023 y un 1,9 por ciento desde junio de 2026”.
Por este motivo, los sueldos deberían aumentar un 31 por ciento para recuperar el poder adquisitivo que tenían en noviembre de 2023, tanto para docentes como para nodocentes. “El ajuste total equivale a haber dejado de cobrar 9,4 sueldos de 2023 en el período 2024-2026”, denunciaron.
Esto ocurre pese a que en octubre los salarios universitarios tuvieron un incremento nominal del 3 por ciento, en un mes en el que la inflación alcanzó el 2,2 por ciento. De esta manera, registraron una mejora del 0,8 por ciento en términos reales.
El dato más alarmante que surge del informe de la FEDUN es que los salarios del sector cayeron en 21 de los últimos 24 meses y acumulan un deterioro real del 23,6 por ciento desde noviembre de 2023. En el promedio anual, registran una caída del 0,2 por ciento en 2026.
El nivel salarial del sector “se encuentra por debajo de los valores de 2002, habiendo declinado 40,5 puntos desde el pico de 2011”.
Hasta octubre de 2026, en dos años y once meses de Gobierno, la inflación acumuló un alza del 354 por ciento. En el mismo período, los salarios de las universidades nacionales aumentaron un 246,7 por ciento. De esta manera, desde noviembre de 2023 acumulan “un deterioro de 107 puntos porcentuales”. Para recuperar el nivel inicial, deberían incrementarse un 31 por ciento.
Por último, de acuerdo con la proyección de ejecución presupuestaria y la inflación esperada para 2026, “en tres años el Gobierno le habrá quitado a los trabajadores universitarios 4,47 billones de pesos (constantes de 2026), cuando se compara la masa salarial del 2023 con la de los años 2024, 2025 y 2026”.
El deterioro fue de 1,47 billones de pesos durante 2024, de 1,61 billones en 2025 y se proyecta una quita de 1,39 billones de pesos durante el año en curso. En consecuencia, la masa salarial universitaria se contraerá un 20,2 por ciento en tres años.