El desguace del sistema nuclear argentino, en el marco del brutal ajuste que ejecuta el presidente Javier Milei desde que llegó a la Casa Rosada, llegó a la agenda internacional. Luego del despido de personal altamente calificado de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la paralización de los principales proyectos del rubro, un grupo de científicos, entre ellos 24 premios Nobel, emitieron un documento donde rechazaron el “colapso” del científico-tecnológico en general y del área atómica en particular, que no sólo incluye “el vaciamiento” de la CNEA sino además la privatización de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), la principal empresa pública del rubro. La carta tiene firmas de miembros de Royal Society de Londres, por ejemplo, y le pide al mandatario argentino que revierta el proceso de “ajuste y desmantelamiento que sufre el sistema de Ciencia y Técnica argentino”, advirtiendo que el país se encamina a la “destrucción de capacidades estratégicas que demandaron décadas de inversión pública”. Lejos de tomar nota, la gestión libertaria avanza en su plan de ataque al sistema atómico, y esta semana confirmó una rebaja salarial de hecho para los miembros del proyecto CAREM, el último ataque contra un rubro estratégico que el gobierno “está dispuesto a regalar”, según sus trabajadores.
El nuevo ataque al sistema nuclear se conoció esta semana, y apunta a una rebaja de hecho de los salarios de los científicos e integrantes del proyecto CAREM, una de las iniciativas más grandes de la CNEA en estos momentos, con un avance que alcanza el 70 por ciento de su desarrollo, tras la inversión de 690 millones de dólares. En el mismo desarrollan un denominado Small Modular Reactor (SMR), un reactor modular pequeño de baja potencia, diseñado y construido íntegramente en Argentina que está ubicado en Lima, provincia de Buenos Aires.
Su objetivo es “proveer energía limpia y segura”. La iniciativa está en peligro, por los ajustes constantes del gobierno, y su intento de privatizar todo el sector. La mayoría de los integrantes de este estratégico proyecto se enteraron esta semana que le reducirán un 30 por ciento de sus salarios, al concretarse la eliminación del adicional “Proyecto Estratégico” del CAREM, una medida que casualmente cayó sobre quienes participaron de una manifestación pacífica contra la gerencia actual de sector. “Nos quietaron este plus, por la actividad que estamos desarrollando y que se suponía era estratégica”, le confirmó a Data Gremial el referente de ATE en el sector, Rodolfo Kempf, investigador del CONICET y uno de los afectados por el nuevo ajuste.
Según explicó, “este es un nuevo ataque al sector nuclear y a quienes lo defendemos, además de una confirmación de que la intención final del gobierno libertario es intentar cerrar directamente el proyecto CAREM y la producción nacional de reactores”. Kempf aseguró que la medida afecta a unos 50 trabajadores e investigadores del lugar, altamente calificados y con larga trayectoria en sus tareas.
Las sospechas de ATE y del sector en general apuntan a beneficiar a Meitner Energy, una empresa de capitales extranjeros que también viene a vender reactores como los que busca desarrollar el proyecto. “El reactor ACR-300 que se está desarrollando no va a existir, porque varios compañeros estamos trabajando en el combustible que va a utilizar, y somos parte del ajuste. No va a haber lugar donde se haga ese combustible”, aseguró Kempf.
El ataque a los salarios, creen en ATE, apunta a la participación de las protestas luego de los despidos en la CNEA y el intento de privatizar los principales proyectos, a que carecen de “legalidad y razonabilidad”. Por eso, el gremio denuncia que se trata de una “sanción disciplinaria encubierta, adoptada al margen de los procedimientos y las garantías previstas por la normativa vigente”. Por eso, se realizará una denuncia judicial contra el recorte salarial, bajo la figura de “maltrato laboral”. La eliminación de este incentivo forma parte, recalcaron desde ATE, de una serie de medidas “que el gobierno de Javier Milei realiza en pos de vaciar la CNEA, dejándola sin profesionales y sin recursos”.
Cuestión de fondo
En la carta enviada al presidente y su jefe de Gabinete Diego Santillo, los científicos internacionales cuestionaron la política sobre el sector nuclear del gobierno argentino, que apunta a desmantelar la CNEA, privatizar NASA y paralización el proyecto CAREM. Estos tres ejes son el telón de fondo de la avanzada libertaria, que esta semana sumó la baja salarial denunciada por Kempf. El documento, impulsado por el biólogo molecular Alberto Kornblihtt y la física y diputada nacional Adriana Serquis, profundiza la advertencia que ya en marzo de 2024 habían formulado 68 laureados con el Nobel. Sin embargo, el diagnóstico actual “es considerablemente más sombrío”, alertan.
“Se avizora la destrucción de un sistema que tardó muchos años en construirse, del cual se benefició la humanidad en su conjunto, y que requeriría muchos más años para ser reconstruido”, describieron en su carta abierta. Los datos avalan esta mirada: la inversión pública en ciencia cayó al 0,14 por ciento del PBI, la más baja en décadas. Mauricio Macri en 2015 ganó la presidencia prometiendo llevar la inversión de ciencia de medio punto del PBI –cifra dejada por Cristina Fernández de Kirchner –al punto y medio. Nunca estuvo cerca.
A fines de julio, en un nuevo paso por destruir el sector nuclear, decidió achicar la estructura de la CNEA a partir de un recorte de casi el 58 por ciento del organigrama que estaba vigente, en línea con el ajuste que ejecuta en todo el sector y el aparato científico. Previo al nuevo recorte, producto del Decreto 655/2026, la CNEA contaba con un total de 645 unidades organizativas que incluían dos autoridades políticas, once gerencias de área, 240 departamentos y 283 divisiones.
Ahora, el máximo de unidades pasará a ser de 272, lo que implica un recorte cercano al 58 por ciento. El decreto indica un plazo máximo de 60 días para que las autoridades del organismo apliquen los cambios. El último eslabón de la cadena de justes es la reducción salarial, por la cual se vieron afectados trabajadores y científicos de las sedes de Bariloche, Ezeiza y Constituyentes.
Despidos sostenidos
L ataque al sector nuclear es una muestra del avance que está realizando el gobierno nacional sobre el complejo científico-tecnológico, como se viene denunciando desde entidades sindicales y de investigadores. De hecho, según los datos desde el comienzo de la gestión libertaria se destruyeron 6.400 empleos en el sector, un número que equivale a “siete científicos por día que quedaron sin trabajo desde diciembre de 2023”, según la última radiografía laboral del sector que elaboró el Grupo EPC. Según el último informe de esta entidad, al que tuvo acceso Data Gremial, del total de despidos “5.680 fueron pérdidas en el ámbito de los organismos de ciencia y tecnología que dependen de forma directa de la Administración Pública Nacional”.
Entre ellos, se destacan el CONICET, que perdió 2051 profesionales; el INTA, con 884 menos y la acelerada reducción de las plantas de científicos en el INTI (-861) y la CNEA (-592). Además, el Servicio Meteorológico Nacional perdió a 319 trabajadores y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología sufrió “una importante reorganización que incluyó 265 puestos eliminados”.
Vista en profundidad, aseguró el reporte, la situación del CONICET muestra “la caída sistemática en la nómina de personal hasta alcanzar actualmente 2.650 cargos menos desde junio de 2023”.
En ese sentido, el Grupo EPC informó que el organismo cuenta a junio de 2026 con 2.027 becarios menos, a los que se suman la pérdida de 623 investigadores y personal de apoyo respecto de tres años atrás. Por otra parte, la propia CNEA también fue “seriamente afectada” y sufrió hasta junio de 2026 “una caída equivalente al 14,4 por ciento de su planta, en un sector de importancia estratégica y en el que la formación de recursos altamente calificados demanda décadas”. Sobre este punto, el director del Grupo EPC, Nicolás Lavagnino, resaltó: “Puede observarse la aceleración del recorte de nómina desde fines del año pasado, con una política muy agresiva de desarticulación y reorganización institucional en el primer semestre de este año”.