Con una masiva movilización, los trabajadores del subte se concentraron el viernes pasado frente a la Unidad Fiscal Norte para acompañar a Facundo Heredia y Claudio Dellecarbonara, quienes debieron declarar en el marco de la causa iniciada esta misma semana, que derivó en su violenta detención. Acompañados por distintos sectores sindicales y sociales, los metrodelegados rechazaron el accionar policial y judicial y apuntaron al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el avance sobre la actividad sindical. “Es un claro intento de criminalización de la protesta y del derecho a huelga”, sintetizaron en el acto improvisado frente a la sede judicial.
El caso tuvo amplia visibilidad por la suspensión total del servicio durante varias horas y se convirtió en un símbolo del avance que distintos gobiernos ejercen sobre la actividad gremial. En este sentido, los datos muestran que, desde que asumió Javier Milei, hubo más de 5.000 detenciones arbitrarias durante actos y protestas y más de 700 heridos, muchos de ellos de gravedad. La dirigencia denuncia, en general, este avance y el uso de la Justicia como brazo armado de la represión, y alerta que el deterioro económico y el creciente malestar social harán aumentar las protestas y, con ellas, la represión.
La detención de Heredia y Dellecarbonara —y, posteriormente, la de Néstor Segovia— expuso la política represiva de esta época, que tiene a la Justicia como “brazo armado”. Así lo denuncian distintos sectores gremiales, que vienen sufriendo el avance de esta política. Apenas se conoció el hecho, se activó un paro en todas las líneas del subte y todos los sectores del movimiento obrero expresaron su solidaridad con los trabajadores y referentes sindicales.
Las tres centrales obreras alertaron al unísono sobre esta peligrosa tendencia, mientras que la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) anunció el “estado de alerta y movilización” y amenazó con sumar a todos los rubros del sector si no se liberaba a los dirigentes. El intento de imponer condiciones de esencialidad al transporte es uno de los ejes centrales de la disputa y, pese a que las normas internacionales no respaldan esta idea, la reforma laboral del Gobierno avanza en esa dirección.
“Esta actitud del Gobierno no asombra, lo quiso hacer desde el primer momento con el protocolo ‘antipiquetes’ para reprimir el derecho a huelga y el reclamo legítimo de los trabajadores”, sostuvo Mariano Vilar, titular del Sindicato Conductores Navales de la República Argentina (SICONARA), presente en la conferencia de prensa convocada por la CATT.
Ante la consulta de Data Gremial, Vilar sostuvo que la actitud represiva del Gobierno libertario “puede verse todos los miércoles cuando marchan los jubilados, por ejemplo, y todo aquel que quiera expresar su descontento ante las políticas que quiere imponer la gestión”.
Durante la conferencia, los representantes gremiales defendieron el derecho a huelga y a la protesta y advirtieron que no aceptarán medidas que, a su entender, vulneren los derechos de los trabajadores y los convenios colectivos. “El Gobierno desconoce y hace un relato sordo de lo que está viviendo la gente, y después, cuando hay una protesta, la reprime. Esa es su forma”, recalcó Vilar, quien alertó que “lo que intenta el Gobierno nacional es el disciplinamiento de los gremios”.
En este sentido, el dirigente marítimo equiparó al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, con Milei y recordó que “parece que compiten a ver quién les pega más a los trabajadores”. “En la conferencia de prensa quedó claro que no vamos a aceptar estas condiciones”, agregó.
Datos
En el marco de los mil días de gestión de Javier Milei, la CTA Autónoma realizó un balance de las medidas y acciones contra la protesta sindical y social. El Monitor de Respuestas Represivas Estatales y Paraestatales de la Protesta Social, a cargo de este relevamiento, presentó esta semana un informe que resume el accionar de la gestión libertaria respecto de la actividad sindical y la protesta social.
El reporte, al que tuvo acceso Data Gremial, recorre los primeros mil días de la gestión libertaria y contabiliza “147 represiones en la protesta, con al menos 5.141 personas heridas y 762 detenidas”. Esto arroja un saldo de casi cinco heridos por día por reclamar ante las autoridades.
El balance represivo incluye “seis personas que perdieron un ojo por el uso de balas de goma, cinco de esos casos en la ciudad de Buenos Aires”. El primero fue Matías Saufieri, durante el tratamiento de la ley ómnibus, poco después de la asunción de Milei. Luego se registró el caso de un manifestante durante una protesta del 9 de Julio de abril de 2024; después, otro caso en el marco de la reforma laboral; y, el 12 de marzo, el de Pablo Grillo.
Los datos sobre el avance represivo del Gobierno nacional y la constante criminalización de la protesta fueron presentados en un encuentro en el que se alertó sobre la posibilidad de que esta situación se profundice.
En ese marco, Mariana Campos, integrante del Instituto de Estudios y Formación (IEF) de la CTA Autónoma, leyó el documento titulado El nuevo régimen en disputa y las estrategias de acción política y jurídica, que reúne las principales conclusiones y líneas de acción acordadas. Entre ellas, se destacan: “Impulsar una solicitud de opinión consultiva ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para delimitar conceptualmente el uso del término ‘narcoterrorista’ en el marco normativo local; fortalecer la sistematización de estadísticas para sustentar planteos jurídicos y denuncias internacionales con solidez técnica; redefinición de la seguridad: repensar las políticas de seguridad para desmilitarizar los conflictos de origen estrictamente social; y defensa de la calle: reconocer la protesta en la vía pública como un espacio clave que los sectores populares deben sostener para discutir la distribución de la riqueza y poner límites a los avances represivos”.
“No basta solo con un cambio de gobierno; es imprescindible reconstruir la fuerza de los sectores populares para edificar un nuevo proyecto de poder”, concluyeron desde el monitor.
Antecedentes
Antecedentes
Desde el inicio de su gobierno, Milei apuntaló la represión como respuesta a los reclamos mediante el protocolo “antipiquetes”, impulsado por la entonces ministra de Seguridad de la Nación, la actual senadora Patricia Bullrich. Esta política dejó un saldo alarmante.
En 2025, cuatro de cada diez movilizaciones públicas fueron reprimidas, según denunció la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, a partir del monitoreo del despliegue de las fuerzas de seguridad durante las movilizaciones.
Sobre un total de 79 marchas monitoreadas, en 34 se produjeron hechos de represión, frente a 17 sobre un total de 60 movilizaciones monitoreadas en 2024. Al menos 1.369 personas resultaron heridas, algunas con lesiones de enorme gravedad, como en el caso de Pablo Grillo y el de las dos personas que perdieron la visión de uno de sus ojos. La cifra superó las 1.216 personas heridas registradas durante 2024.
Además, se afirmó que “se duplicó la cantidad de trabajadores de prensa heridos entre un año y otro y se cuadruplicó la cantidad de heridos entre los adultos mayores”. También se produjeron “165 detenciones arbitrarias en el contexto de la protesta social contra 93 en 2024”.
Todo esto lleva a que distintos sectores sostengan que la actual gestión ha “judicializado la actividad sindical”. Víctor de Gennaro, ex titular de la CTA y dirigente de larga trayectoria, asegura que esta situación “se vive hace rato”.
“Hay persecución a la actividad gremial desde hace mucho en el país, no se permite defender los derechos laborales, hoy hay muchas organizaciones sindicales que no son reconocidas, es muy difícil elegir delegados en los lugares de trabajo”, analizó De Gennaro, actual concejal en el distrito de Lanús, en diálogo con Data Gremial.
Uno de los factores que atentan contra la actividad de los dirigentes es el aumento del trabajo en negro, junto con otras medidas proempresariales que trajo la reforma laboral. “Hoy los patrones te dicen ‘si no te gustan las condiciones, andate’ y nadie puede hacer nada”, insistió.
El tema, subrayó el dirigente, “no es nuevo”, y recordó lo ocurrido en los años 90: “Tuvimos 20 compañeros fusilados en marcha”. Ante esta situación, De Gennaro sostuvo que “la organización gremial debe ponerse a la cabeza de la lucha, pero no somos todos iguales, hay dirigentes que son de los trabajadores, están peleando desde siempre, y otros no están en ese lugar. Ese es un problema”.