Con una actividad inédita junto al gremio del sector, pymes de la industria del calzado se nuclearon en Plaza de Mayo para expresar su alarma por la situación que atraviesan. El “zapatazo solidario” fue un pedido de cambios en la política industrial del país y un llamado de atención frente a la Casa Rosada por los efectos de la apertura indiscriminada de las importaciones y la falta de incentivos a la producción nacional. El modelo libertario, suelen decir los empresarios de las pequeñas y medianas empresas, no discrimina por tamaño: afecta tanto a las grandes firmas —Bunge cerró su planta de fertilizantes esta semana— como a las más chicas. Aunque estas últimas enfrentan una perspectiva mucho peor. Según su propia evaluación, la mitad de las pymes podría desaparecer antes de que Javier Milei deje la presidencia. La contundencia del diagnóstico se suma a otros del mismo tenor, como los que surgen de un informe elaborado en forma conjunta por la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) y la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ), que analiza la realidad de este sector, fuertemente golpeado por la falta de incentivos. En este sentido, el trabajo reveló que el 75,6 por ciento de las firmas consultadas rechaza el rumbo económico nacional. Además, más de la mitad de las empresas encuestadas informó una caída en sus ventas, una proporción similar reconoció resultados económicos negativos y un tercio admitió haber reducido personal.
La realidad de las pymes en la Argentina fue el eje de este trabajo, que expone los problemas que atraviesa el sector, afectado por un modelo que abrió las importaciones y no genera políticas de protección para la industria y el comercio nacional. Por eso, el 43,5 por ciento de los consultados considera que “su empresa corre riesgo de desaparecer si persisten las actuales condiciones”. Es decir, casi la mitad de los empresarios pyme cree que podría tener que cerrar sus puertas en el futuro inmediato. Los resultados corresponden al tercer trimestre de 2026 y muestran “un deterioro que alcanza tanto a la actividad comercial como a la producción, el empleo y el financiamiento”. La entidad empresaria describió un escenario de “debilidad persistente”, especialmente entre las unidades productivas de menor tamaño, y vinculó las dificultades con la retracción del mercado interno, el encarecimiento de la energía y los combustibles y la competencia de productos importados. El reporte fue realizado en articulación con la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC-PBA).
Uno de los aspectos más significativos del informe es el deterioro simultáneo de las ventas y los resultados económicos. “El 52,2 por ciento de las empresas encuestadas aseguró que su situación general empeoró durante el tercer trimestre, mientras que el 51,2 por ciento registró una disminución de las ventas”, expresó el trabajo, al que tuvo acceso Data Gremial. Además, el 50,2 por ciento informó “resultados económicos negativos”, lo que refleja las dificultades de numerosas firmas para cubrir sus costos de funcionamiento y sostener márgenes de rentabilidad. Desde APYME atribuyeron este escenario principalmente a la “contracción del consumo interno”. Para las pequeñas empresas, cuya actividad depende en gran medida de la demanda de los hogares y del mercado nacional, la caída de las compras se traduce en menores ingresos y mayores dificultades para afrontar compromisos corrientes. La entidad también señaló que los costos operativos “continúan representando una presión importante, especialmente cuando los incrementos de tarifas, combustibles y otros insumos no pueden trasladarse completamente a los precios de venta”. De esta manera, numerosas firmas enfrentan una combinación de menor facturación y gastos elevados, que reduce sus posibilidades de sostener la actividad. El relevamiento advierte, además, que las empresas más pequeñas son particularmente vulnerables porque disponen de menor respaldo financiero para atravesar períodos prolongados de ventas bajas.
Sin producción
Dentro del panorama negro de las pequeñas y medianas empresas, las industriales se llevan un capítulo de especial importancia y urgencia. De acuerdo con la encuesta, “el 48,8 por ciento de las pymes utiliza la mitad de su capacidad instalada o menos, un indicador que muestra el nivel de recursos productivos que permanecen sin aprovechar”. Esto significa que “casi cinco de cada diez firmas relevadas trabajan con una parte importante de sus instalaciones, equipos o posibilidades de producción sin utilizar”. El deterioro económico también comenzó a reflejarse en las decisiones laborales. El informe reveló que el 34 por ciento de las empresas consultadas redujo su personal durante el tercer trimestre, una proporción que muestra el impacto de la caída de la actividad sobre los puestos de trabajo.
Esto puede verse a diario en los conflictos que se multiplican. La fábrica de caramelos Lipo, ubicada en Lanús, despidió a 30 trabajadores en junio pasado, sobre un total de 90 operarios. Esta semana hubo una manifestación frente a la planta, porque la firma se niega a pagar indemnizaciones. Fuentes del sector le confirmaron a Data Gremial que la empresa familiar “tiene un nuevo socio”, que se hizo cargo del negocio. Pero quiere “dejar sin pagarles a los cesanteados”. “Los despidieron de un día para el otro, están hace cuatro meses sin cobrar ni un peso, sin obra social, y encima ni los atienden”, agregaron las mismas fuentes. El tema de Lipo, marca tradicional del mercado nacional, sintetiza lo que pasa en buena parte de la industria pyme, que según APYME seguirá con esta tónica. En su trabajo, se marcó que “el 25,8 por ciento de las firmas analiza implementar nuevas medidas de ajuste laboral durante el último trimestre del año”. Entre las alternativas mencionadas aparecen las suspensiones, la reducción de jornadas, los despidos y la decisión de no renovar contratos. Esto es una nueva amenaza para el futuro de millones de trabajadores, ya que las pymes son la principal fuente de empleo en el país.
Preocupaciones
En tanto, el informe de APYME avanzó sobre las alertas que se encienden en el futuro inmediato de esas empresas que temen desaparecer. La presión de los costos aparece entre los problemas más mencionados por las empresas. Así, “el 56,9 por ciento de las pymes señaló que los gastos fijos tienen un impacto importante sobre su funcionamiento”. Dentro de ese grupo de preocupaciones, la energía ocupa un lugar destacado. Según los resultados, “el 63,2 por ciento mencionó el costo energético como uno de los principales problemas, mientras que el 42,6 por ciento identificó a los combustibles entre los factores que complican la actividad”. A esas dificultades se suma la competencia externa. El 38,3 por ciento de las firmas encuestadas manifestó que la apertura de importaciones perjudica su competitividad, en un contexto de mayor ingreso de productos extranjeros.
Desde APYME cuestionan que las empresas locales “deban competir con bienes importados mientras afrontan costos internos elevados, dificultades de financiamiento y una demanda doméstica debilitada”. El planteo refleja una de las principales diferencias entre la visión de la entidad y la política económica del Ejecutivo, que promueve una mayor apertura comercial y una reducción de las restricciones a las importaciones como mecanismos para favorecer la competencia. El gobierno sostiene que esas medidas pueden contribuir a reducir precios y ampliar las alternativas para los consumidores. Sin embargo, el relevamiento muestra que una parte de las firmas consultadas considera que las actuales condiciones “afectan su capacidad para competir”. La combinación de esos factores explica “las dificultades que describen numerosos empresarios para sostener su funcionamiento”, y así este riesgo palpable de desaparecer.