La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció una jornada de protesta para el próximo viernes 6 de noviembre en más de 27 aeropuertos del país, en rechazo al desfinanciamiento del sistema aerocomercial y los incumplimientos del Gobierno nacional en materia de seguridad operacional. La medida de fuerza podría provocar demoras y cancelaciones de vuelos, ya que durante su desarrollo solamente se garantizarán los servicios sanitarios, humanitarios, los traslados de órganos y los vuelos oficiales.
El sindicato denunció graves deficiencias en las condiciones de seguridad de las terminales aeroportuarias, con falta de equipamiento para combatir incendios, ambulancias fuera de servicio, escasez de insumos sanitarios y problemas de mantenimiento. También cuestionó el destino de los recursos que se recaudan a través de la tasa aeroportuaria y reclamó la convocatoria urgente a la paritaria sectorial de los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).
“¿El Gobierno espera que ocurra una catástrofe para empezar a escuchar los reclamos y las advertencias de los trabajadores? El desfinanciamiento del sistema aerocomercial ha llegado al punto de poner en riesgo la vida de los trabajadores, las tripulaciones y los pasajeros. Sin presupuesto, no hay vuelos seguros”, advirtió Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
El dirigente responsabilizó al Ejecutivo por las consecuencias de la protesta y remarcó que la organización sindical está comunicando la medida con la anticipación que establece la legislación. “Cada vuelo suspendido o demorado será responsabilidad del Gobierno. Estamos comunicando la medida de fuerza con la antelación que exige la ley. En varias provincias ya los aeropuertos no funcionan. Van a dejar aislado a todo el interior del país”, sostuvo.
En ese sentido, aclaró que el reclamo no está dirigido contra los usuarios del servicio, sino contra las autoridades nacionales. “Tiene que quedar claro que el reclamo no es contra los pasajeros. Por el contrario, es contra el Gobierno para que puedan viajar seguros”, señaló.
Un paro a la japonesa en Ezeiza y Aeroparque
Además de la retención de tareas en las estaciones aeroportuarias, ATE realizará un “paro a la japonesa” en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y en el Aeroparque Jorge Newbery. La modalidad consistirá en un esquema de trabajo basado en el control y la fiscalización integral de aeronaves, equipos de rampa, obras, pistas, calles de rodaje y cualquier actividad que pueda afectar la seguridad operacional.
En la denuncia presentada ante la Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero, el sindicato fundamentó las medidas en la necesidad de resguardar “la vida física del personal, de las tripulaciones y de los usuarios del sistema aerocomercial”, así como garantizar el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino.
La presentación también busca deslindar responsabilidades operativas, civiles o penales de los trabajadores por las demoras, cancelaciones o eventuales cierres operacionales que puedan producirse como consecuencia de la falta de condiciones adecuadas para desarrollar las tareas.
Aguiar también apuntó contra los funcionarios responsables de la política económica y de desregulación del Gobierno. “Caputo y Sturzenegger nunca se subieron a un avión de línea. ¿Qué pueden saber ellos de seguridad aérea?”, cuestionó.
El titular de ATE denunció, además, que no se conoce el destino del 90% de los recursos recaudados mediante la tasa aeroportuaria. “Son miles de millones de pesos que pagan los pasajeros y que debieran estar destinados a fortalecer las operaciones aéreas y garantizar salarios dignos para los trabajadores”, afirmó.
“Faltan ambulancias, la mayoría están rotas, tampoco hay insumos para atender emergencias, faltan extintores. Lo que está ocurriendo es una desidia total. La verdad es que son unos improvisados que están jugando con la vida de la gente”, concluyó.
Más de $220.000 millones recaudados y menos del 10% destinado al organismo
Entre los principales cuestionamientos, ATE señaló que la tasa aeroportuaria que abona cada pasajero genera una recaudación estimada de $220.000 millones anuales, pero menos del 10% de esos recursos regresa al organismo para fortalecer su funcionamiento y atender las necesidades salariales del personal.
El sindicato advirtió que esta situación contradice las recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), que establecen estándares para garantizar condiciones adecuadas de seguridad en las operaciones aéreas.
La organización gremial denunció que el deterioro de los aeropuertos nacionales e internacionales constituye una violación sistemática de las obligaciones de garantizar condiciones de higiene, seguridad técnica y ambientes de trabajo dignos.
Entre los casos más graves mencionó el del Aeropuerto Brigadier Mayor César Raúl Ojeda, de San Luis, que quedó fuera de servicio por fallas mecánicas en sus dos autobombas, una situación similar a la que atraviesa el aeropuerto El Pucú, en Formosa.
También alertó sobre la falta de agentes extintores, elementos de protección personal y equipamiento sanitario para responder ante emergencias en la mayoría de las terminales.
Frente a este panorama, ATE reclama inspecciones integrales de higiene y seguridad en los aeródromos denunciados, además de documentación sobre riesgos laborales, cobertura de ART, mantenimiento de equipos y entrega de elementos de protección personal.
ATE-ANAC denunció nuevas irregularidades en San Luis
En paralelo, la Coordinación Nacional de ATE-ANAC difundió un comunicado este lunes 2 de noviembre en el que denunció nuevas irregularidades que comprometen la operatividad aeroportuaria en San Luis y Santa Rosa de Conlara.
La organización cuestionó decisiones del Gobierno provincial que, según advirtió, ponen en riesgo la seguridad y el funcionamiento de ambas terminales. Entre las situaciones señaladas mencionó la utilización en la vía pública de un vehículo destinado exclusivamente a tareas aeroportuarias, que no estaría habilitado ni equipado para circular por calles o rutas.
También denunció que, ante la falta de planificación, Aerolíneas Argentinas debe recurrir al traslado terrestre de pasajeros que llegan al aeropuerto de San Luis para llevarlos hasta la terminal de Conlara, desvirtuando la conectividad aérea que los usuarios contrataron.
ATE-ANAC vinculó estos problemas con el desfinanciamiento de los organismos y la falta de recursos para garantizar el mantenimiento de la infraestructura y el cumplimiento de las obligaciones salariales. En ese sentido, reclamó el cese del uso irregular del equipamiento aeroportuario y la restitución de los fondos correspondientes.
Salarios deteriorados y paritaria sectorial sin convocatoria
El conflicto también tiene un fuerte componente salarial. ATE denunció que, durante casi tres años de gestión de Javier Milei, el Gobierno nacional nunca convocó a la paritaria sectorial de los trabajadores de ANAC.
Como consecuencia del deterioro salarial, los empleados del organismo perciben aproximadamente la mitad de lo que cobra el promedio de los trabajadores de la industria aérea, según los datos difundidos por el sindicato.
Por eso, además de las inversiones necesarias para recuperar las condiciones de seguridad operacional, la organización exige la convocatoria inmediata de la comisión negociadora para discutir una recomposición de los ingresos.
Con la protesta del 6 de noviembre, ATE busca poner en primer plano una crisis que, según advierte, excede los reclamos salariales y compromete el funcionamiento cotidiano del sistema aerocomercial. “La seguridad no se negocia. El trabajo no se precariza. El salario se defiende”, sintetizó la Coordinación Nacional de ATE-ANAC en su último comunicado.