Con respaldo de la CGT, los trabajadores judiciales resisten el traspaso del Fuero Laboral a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, un proceso iniciado hace unos días por el gobierno nacional y que es parte de la reforma laboral, que esta semana se encamina a su aprobación. Este martes, está llamada una movilización al Palacio de Tribunales, donde la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) y otros sectores rechazará el cambio de la Justicia Nacional del Trabajo a CABA, que comenzó incluso antes que se apruebe el proyecto de modernización laboral. Por su parte, la Federación Judicial Argentina (FJA) expresó su “solidaridad” con los trabajadores que desde ayer lunes ocuparon la sede judicial de Diagonal Roque Sáenz Peña 760 y decretaron un paro total por la medida.
La concentración de hoy martes está prevista para este martes a las 11:30, “en apoyo y solidaridad con el gremio de Judiciales y en defensa de todos los trabajadores de la Argentina”, según anunció la central obrera. En tanto, la medida de fuerza de la UEJN, que incluye un paro total en todo el fuero laboral durante la jornada, tiene continuidad con las acciones iniciadas el lunes 23 de febrero. Ese día, cientos de trabajadores judiciales tomaron el edificio de la Justicia Nacional del Trabajo, y decretaron el cese inmediato de actividades en todo el país.
Desde la UEJN, conducida por Julio Piumato, denuncian un “ataque histórico” y un “desguace” de la Justicia del Trabajo, creado históricamente para equilibrar la relación entre capital y trabajo. Piumato calificó la reforma como una “punta de lanza para seguir con el desguace de la justicia nacional” y advirtió que no cruzarán los brazos ante esta medida, que pone en riesgo la tutela efectiva de los derechos laborales y transforma el país en uno “absolutamente unitario dirigido desde la capital federal”.
Solidaridad
En tanto, la FJA se solidarizó con los empleados afectados, y sostuvo que “los conflictos de esta magnitud no pueden abordarse de manera unilateral, en este caso por parte del Estado Nacional, ni mediante decisiones apresuradas que afecten la estabilidad de las y los trabajadores, el funcionamiento del Poder Judicial y la tutela efectiva de los derechos laborales”. La entidad que lidera Matías Fachal remarcó que cualquier salida al conflicto “debe construirse a través del diálogo democrático, con participación de las representaciones sindicales y garantías de transparencia institucional”, y exhortó a las autoridades nacionales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a abrir de manera inmediata instancias formales de negociación que permitan canalizar las demandas y evitar una mayor conflictividad.
Asimismo, la FJA rechazó “de forma categórica cualquier intento de resolver la situación mediante acciones represivas o intimidatorias”, al tiempo que advirtió que la criminalización de la protesta o el uso de la fuerza “vulneraría derechos constitucionales y sindicales básicos”. Finalmente, la Federación Judicial Argentina ratificó su compromiso con la defensa del Derecho Protectorio del Trabajo y exigió la continuidad laboral incondicional de quienes hoy se desempeñan en el Fuero Nacional del Trabajo, así como la convocatoria a las organizaciones sindicales para discutir de manera colectiva e institucional las soluciones a este conflicto.
Fuentes de trabajo en peligro
Según las estimaciones, la transferencia progresiva de competencias —con un plazo de 180 días para implementar cambios en jueces e infraestructura— amenaza con poner en peligro más de 1.700 puestos de trabajo en el fuero laboral, sin garantías de continuidad. La protesta del lunes derivó en la ocupación del edificio y el paro de 48 horas (23 y 24 de febrero), con movilización nacional convocada para hoy. La UEJN respalda estas acciones en asamblea y advierte sobre consecuencias “irreparables” si avanza el desmantelamiento, al que califican de vulneración a la Constitución Nacional y tratados internacionales con jerarquía constitucional.
La adhesión de la CGT refuerza el reclamo sectorial en el marco del conflicto abierto por la reforma laboral, cuya sanción definitiva se espera en el Senado. La central obrera anticipó que, de aprobarse la norma, impulsará su judicialización por conculcar principios constitucionales como el artículo 14 bis y la no regresividad de los derechos sociales. “Frente a un nuevo atropello del Gobierno Nacional, que avanza sobre la Justicia por medio de la reforma laboral, marchamos al Palacio de Tribunales en defensa de los trabajadores y trabajadoras", señaló la central obrera en un comunicado.
El Capítulo V de la reforma laboral, denominado "Acuerdo de Transferencia de la función judicial en materia laboral", aprueba el convenio firmado semanas atrás entre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Justicia de CABA, Gabino Tapia, y ordena al Poder Ejecutivo a enviar al gobierno de Jorge Macri "los recursos necesarios para el funcionamiento del fuero del trabajo" para garantizar "su adecuado funcionamiento".